ESCUCHAR“Irma Rodríguez (51) murió el jueves a la noche tras ser atacada con un machete por su ex marido en la ciudad de Río Segundo, en otro brutal femicidio que conmueve a Córdoba”. (Corresponsalía y Redacción de La Voz).
Por Emiliano Luis Minassian * – Exclusivo para Comercio y Justicia
Casi a diario -noticias como éstas anuncian las agencias de comunicación-, las mujeres son asesinadas cada 31 horas (¡!). En Córdoba, entre el año pasado y el actual, fueron asesinadas 28 mujeres. Y en el país la cifra fue 277 víctimas sólo durante 2014. Las diferentes formas de violencia hacia las mujeres se repiten todos los días; entre ellas la más extrema: el femicidio.
Algunos antecedentes de Córdoba
Córdoba es la segunda provincia del país con más femicidios, luego de Buenos Aires. Mencionaremos algunos antecedentes. El caso de Silvana Córdoba, quien fue asesinada por su pareja, Carlos Alberto Molina, quien además había dado muerte a su anterior concubina, Elsa Cano, todo un antecedente si tenemos en cuenta que por el primer femicidio la Cámara del Crimen interviniente lo había condenado a tres años de prisión con ejecución condicional.
En ese entonces, el tribunal entendió que el femicida había actuado con emoción violenta, lo que atenuó la condena correspondiente.
El caso de Paola Acosta y su hija Martina, quienes desaparecieron luego de encontrarse con Gonzalo Lizarralde -padre de la niña-, quien se disponía a cumplir con la primera cuota alimentaria. Luego de varios días aparece en una alcantarilla de barrio Alto Alberdi el cuerpo sin vida de Paola con su hija viva en brazos, pero en un estado muy grave de salud.
Cuando la familia de Paola fue a hacer la denuncia a la unidad judicial, no obtuvo una respuesta acorde a la situación, e incluso -según declaraciones de los propios familiares de Paola- les dijeron “que suele pasar que las mujeres se van y después aparecen”; lo que demuestra el actuar influenciado por estereotipos de género y la poca preparación en este aspecto de muchos funcionarios judiciales y policiales. Esto derivó en un gran repudio por amplios sectores de la población, no sólo por el horror del femicidio sino también por la actuación de los funcionarios, lo que dio como resultado el apartamiento del fiscal que intervenía en la causa.
El pasado 15 de abril, María Eugenia Lanzetti fue asesinada por su ex pareja en un jardín de infantes de la ciudad de San Francisco, donde trabajaba como maestra. La mató a cuchillazos al frente de sus alumnos mientras daba clases. Testimonios de familiares y allegados indican que la mujer vivía un calvario, que era acosada constantemente por su ex pareja, que la Justicia no le dio protección en forma inmediata y que recién después de muchos reclamos consiguió que le otorgaran el botón antipánico, el que al momento de ser atacada no logró activar.
El Estado y la violencia de género
Muchos puntos sin resolver quedan en la palestra de este problema y uno de ellos es la posición que han tenido los diversos poderes del Estado ante este flagelo. Como señalamos, el Poder Judicial dejó libres a femicidas sin hacerlos efectivamente responsables por los hechos cometidos. Además, hay casos en los cuaes el agresor reincidió en la comisión del mismo delito, como sucedió con el femicida Carlos Alberto Molina, quien mató sucesivamente a sus parejas Elsa Cano y Silvana Córdoba. Todo esto, sin entrar en detalle respecto de los argumentos misóginos que utilizan algunos jueces para justificar sus fallos.
En cuanto a la creación de los juzgados que entienden en casos de violencia -de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar-, su competencia es muy limitada, ya que su intervención radica solamente en neutralizar una situación de violencia mediante medidas de restricción, exclusión y afines, pero sin tratar el conflicto concreto.
Según un informe de La Casa del Encuentro, en el año 2014 y en el país, 43 de las mujeres víctimas de femicidio habían denunciado a su agresor o sobre éste pesaba una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercamiento respecto a la víctima.
En cuanto al botón antipánico -dispositivo “Salva”-, si bien permite que las víctimas den la voz de alerta a la policía cuando están siendo violentadas por su agresor, no siempre implicó una protección eficaz.
Por último, es importante señalar que en el año 2009 se sancionó la ley 26485 de protección a las mujeres, que tiene por objeto sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra ellas en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres y la asistencia integral a aquellas que padecen violencia.
La legislación no está siendo aplicada. Según informes de organizaciones, como La Casa del Encuentro o Mumala, se le asignó un presupuesto absurdo, que no pasa de tres pesos anuales por mujer (¡!).
Agenda
Ante los gravísimos hechos de femicidios que han sucedido en los últimos años, esta problemática pasó de estar en la agenda de la vanguardia del movimiento de mujeres a adquirir masificación entre los sectores políticos, sindicales, académicos, universitarios, periodísticos y hasta faranduleros del país. Y se ha instalado en la agenda nacional como principal flagelo a debatir y combatir.
Por ello, amplios sectores de la población participaron en la movilización NiUnaMenos, que por su composición y cantidad de asistentes fue una verdadera movilización popular. Tanto en los ámbitos provincial como nacional existen diferentes normativas referente a la violencia contra la mujer; sin embargo, no podemos dejar de denunciar que esto no se ha traducido en acciones concretas de prevención y atención satisfactoria.
Por ello, además de haber adherido a la mencionada marcha, seguimos insistiendo en que el femicidio -como las otras formas de violencia hacia las mujeres- es un problema político. Inecip Córdoba reclama que el Estado haga efectiva la aplicación de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que garantice que las víctimas de violencia encuentren Justicia.
* Abogado. Miembro del Inecip.
