ESCUCHARUna de las causas fue elevada a juicio hace dos años; están acusados seis abogados y nueve médicos. Otra se encuentra en el Juzgado de Control Nº 7. Mientras tanto, la fiscalía de Enrique Gavier sigue investigando otras presuntas demandas fraudulentas
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
En el subsuelo del edificio de Tribunales II hay un espacio destinado exclusivamente a resguardar los expedientes vinculados con el megafraude que abogados, médicos y otros profesionales de la salud cometieron mediante la presentación de demandas laborales fraudulentas. En la causa ya no quedan detenidos. Es tanto el volumen de las causas que el fiscal del Distrito I Turno 1°, Enrique Gavier, las ordenó alfabéticamente para hacer más fácil el trabajo que viene realizando desde hace ya ocho años.
Todo comenzó en 2009, cuando el titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, Juan González Gaviola, vino a Córdoba y formuló una presentación ante Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la que le hacía conocer que curiosamente la Provincia de Córdoba encabezaba el ranking de los distritos judiciales con mayor cantidad de reclamos judiciales de esta índole, al concentrar más de 20% del total del país. La invetigación recayó en la fiscalía a cargo de Gavier y el fraude comenzó a ser dilucidado. Luego del análisis de más 5.500 procesos judiciales sustanciados en el fuero Laboral se comprobó que aproximadamente 4.500, de entre 2008 y 2009, eran simples presentaciones seguidas de acuerdos de partes, sin más prueba que la documental compuesta por dos certificados médicos que firmaban recurrentemente los mismos profesionales, por enfermedades que se repetían, sobre cuya base se acordaban indemnizaciones por supuestas incapacidades de alrededor de 10%.
A lo largo de la instrucción, la fiscalía de Gavier puso en evidencia que 80% de las enfermedades profesionales demandadas no existía, otro 15% era más propio de la edad de las personas y sólo 5% era por lo menos discutible. La metodología era sistemática y sistémica. Más adelante, la investigación puso sobre el tapete calidad y veracidad de los peritajes que daban por cierta la gran mayoría de las supuestas enfermedades demandadas. Sobre los casos analizados se comprobó que los peritos médicos validaban más de 75% de las enfermedades que demandaba el certificado falso de inicio. En algunos casos, los estudios se validaban con pruebas médicas que aportaba el actor y otras veces sin ninguna evidencia consistente.
A juicio oral
La primera línea investigativa de esta megacausa fue elevada a juicio hace aproximadamente dos años y tiene en el banquillo de los acusados a seis abogados del foro local: Fabián Mauricio Manrique, Ariel Osvaldo Merlini, Claudio Horacio Viale, Francisco José Rueda, Carlos Gustavo Dulce Villada y Agustín Gabriel Cornavaca; y nueve médicos: José Luis Barbero, Mario Ernesto Pacheco, Luciana Colavino, Jackeline Andrea Muñoz, Carlos Manuel Delera, Ilda Maris Gonella, Nelson Montoya Jaramillo y Jorge Eduardo y Gonzalo Sebastián Vieyra Ledesma.
La segunda línea investigativa fue concluida recientemente por el fiscal Alfredo Villegas, quien se hizo cargo de la megacausa luego de que Gavier debió apartarse porque fue designado abogado de uno de los imputados, primo hermano suyo. Esta causa se encuentra en el Juzgado de Control Nº 7 y están acusados los abogados Carlos Enrique Ardanaz, Luciano Adolfo Cafure y Sebastián Lanza Castelli, el gestor Diego Luis Flores Ahumada, Sergio Locícero, Emiliano José Pérez Elorrieta, María Torres Mariano y Osar Alberto Visconti.
La punta del ovillo
La Fiscalía de Gavier aclaró a Comercio y Justicia que aún quedan varias líneas investigativas, que pueden involucrar más de 4.000 expedientes laborales en los que están bajo sospecha alrededor de 100 personas, entre letrados y profesionales de la salud.
Gavier explicó que esta “fiesta de demandas laborales” fue posible por los sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Castillo”, “Aquino”, “Estrada”) que declararon la inconstitucionalidad de algunos contenidos de la Ley de Riesgos de Trabajo (24557) y pusieron al descubierto “una serie de grietas normativas”.
Consecuencias
La elevada litigiosidad que ocurrió entre 2008 y 2009 en Córdoba implicó que los seguros del Sistema de Riesgos de Trabajo fueran 30% mayores que la media del país, lo que elevó los costos empresariales y el precio de los productos.
En baja
Luego de la investigación se redujo el ingreso de demandas judiciales. En 2011, la caída fue de 30%, aunque es mayor si se toma la proyección de tendencia creciente de ese entonces, que era de 15.000 casos anuales.
En alza
En 2012 la decisión judicial de liberar a procesados por estos delitos, junto a la aparición de la nueva “Ley de reordenamiento de reparación del daño…”, hizo crecer nuevamente las demandas laborales .
80 % de las enfermedades dadas por ciertas y válidas no estaba acreditado o suficientemente acreditado en el expediente. El cálculo de la incapacidad era tan sólo “un dibujo que se burlaba de la legitimidad y de la Justicia”.
