ESCUCHAREl Gobierno esbozó un proyecto que privilegia el crecimiento a la reducción del déficit fiscal.
Pero a mediano plazo vuelven los interrogantes sobre el dólar y la inflación, advierten dos consultoras – Javier De Pascuale – [email protected]
El proyecto de Presupuesto Nacional 2017 está siendo discutido en el Congreso Nacional y se estima que hacia fin de este mes o inicios del próximo será ley de la Nación. En ese camino, los primeros debates giraron en torno a si era factible o no cumplir la meta de inflación contenida en el proyecto, de entre 12% y 17%.
Pero desde la semana pasada, con el análisis “fino” de la iniciativa desde diversos think tanks económicos, comenzó a complejizarse el debate público en torno del Presupuesto a partir de cuestionamientos diversos sobre la consistencia fiscal del plan económico del Gobierno nacional.
En esa línea, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera y Política (ASAP) difundió hace pocos días un análisis en el que destaca la fuerte distancia entre la promesa de campaña de fuerte reducción del déficit fiscal, el discurso en la misma línea de comienzos de año y los fríos números sobre la cuestión contenidos en el Presupuesto 2017.
La ley propone una reducción del déficit fiscal primario de tan solo 0,3% del PIB y si se mira el déficit total “es una reducción del 0,1% del PBI, pero con más deuda exigible, antes había deuda pero no exigible porque estaba en default”, aclaró Guido Rangugni de la Comisión Directiva de ASAP.
“Es un presupuesto más keynesiano que neoclásico, sin duda, en lo que se refiere a la obra pública”, aseguró el presidente de la Asociación, Rafael Flores,quien calificó de positivo y razonable que el Gobierno haya optado “por reactivar la economía antes de retomar el sendero de baja del déficit, como reconoció el viceministro de Hacienda Pedro Lacoste en la Comisión de Presupuesto”. Recordemos que las variables principales para el año próximo prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5%, un tipo de cambio nominal de $17,92 y un déficit fiscal de 4,2% del PIB, además de la inflación máxima de 17%.
Por su parte, la consultora Econométrica, dirigida por el ex secretario de Hacienda Mario Brodersohn, señaló que “la formulación de las metas del presupuesto para el 2017 está explicitando el debate entre déficit fiscal e inflación”, un debate que no está saldado en la Argentina, donde dos enfoques extremos han formado parte del debate fiscal.
En un extremo del péndulo están los no keynesianos, para quienes frenar la inflación sólo será posible y sustentable si se termina con el déficit fiscal. Por el otro lado, están los keynesianos de los tiempos del ‘new deal’ histórico que recomiendan, como si fuese una economía cerrada, seguir ‘cebando la bomba’ expandiendo el gasto público sin que ello afecte la inflación.
“La propuesta del Gobierno es mantener el déficit fiscal en los mismos niveles que tenía en el 2015 y 2016. Su prioridad es salir de la recesión con un crecimiento de 3,5% del PIB al mismo tiempo que bajar la inflación”, señala el propio Brodersohn en un informe de fines de la semana pasada.
“¿Tiene el Gobierno margen para intentar una política fiscal anticíclica expansiva que reactive la economía al mismo tiempo que cae la inflación?”, se pregunta, para ensayar una respuesta: “El Gobierno descansa en la tesis de que su buena imagen internacional, el blanqueo y el rápido acuerdo con los fondos buitre favorecen inversiones directas extranjeras y un amplio acceso al mercado financiero internacional”.
Con los números en la mano, se observa que el comportamiento de los primeros nueve meses de este gobierno convalidan la hipótesis oficialista. En efecto, el Gobierno nacional colocó deuda por 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.500 se utilizaron para cancelar deuda con los fondos buitre y otros atrasos. Las provincias se endeudaron en otros 6.000 millones de dólares.
“La estrategia del Gobierno argentino es muy simple: financiar el déficit con endeudamiento externo aprovechando que partimos de un nivel muy bajo de deuda externa. En efecto, la deuda neta del Gobierno en dólares cayó de 55% del PIB en el 2001 a 19% del PIB tras el pago a los holdouts. Supongamos que sumando el 2016 y el 2017 la deuda externa neta aumente en 40.000 millones de dólares, ello aumentaría la deuda a 27% del PIB, que es un porcentaje aún bajo en las comparaciones internacionales”, subraya el economista.
Pero “el punto débil de esta estrategia es que se estima un importante desequilibrio externo en el 2017, que será más amplio cuanto más exitosa sea la reactivación económica. Este desequilibrio externo puede introducir ansiedad en los operadores económicos y predisponerlos a anticipar decisiones cambiarias”, advierte.
Para ponerlo negro sobre blanco, el esquema elegido por el Gobierno generará una presión alcista sobre el tipo de cambio que puede terminar en una efectiva alza en la cotización del dólar, frente a lo cual volvemos al interrogante sobre la inflación: ¿un nuevo escalonamiento del dólar no tendrá su correlativa expresión en los precios internos?
“El Gobierno confía en que la combinación reactivación de la economía y menor inflación contribuyan a su triunfo electoral en el 2017”, explica Econométrica. Por supuesto, esto le permitiría enfrentar con mayor fortaleza política los desafíos fiscales y cambiarios postergados para 2018. “Pero no podemos descartar que estimulado por ese buen resultado electoral decida postergar nuevamente esas decisiones para después de las elecciones presidenciales del 2019, financiándolas con un creciente endeudamiento externo. Si elige este camino se estaría acercando peligrosamente a una nueva frustración, tal como lo pone de manifiesto la historia económica de los últimos setenta años”, advierte el veterano economista.
