ESCUCHARDesde hace mucho tiempo, la sociedad argentina viene sufriendo en carne propia los errores y desaciertos de las políticas de Estado que se han sucedido a través de las distintas administraciones gubernamentales a partir del golpe de Estado del 76 hasta la fecha. Si analizamos objetivamente cuáles son las causas estructurales que han generado esta crisis recurrente que afecta el crecimiento económico y desarrollo social de la comunidad nacional, podremos afirmar que tienen como sujeto responsable de tales desatinos a los que gobernaron los intereses nacionales durante todos estos años.
De ello deducimos que la sociedad argentina no sólo no es la culpable sino que ha sido aprovechada en su bonhomía y más que eso, ya que ha tenido que -en la mayoría de los casos- contener su indignación y paliar con nuevos esfuerzos y sacrificios las causas de su deterioro económico y social.
Sin embargo, para ciertos sectores, la culpa la tiene el pueblo porque es el que elige lo que se merece, resultando ser una cínica expresión que oculta lo que realmente sucedió en cada una de las elecciones cuando los candidatos de los partidos fijan consignas que luego quedan desmentidas en los hechos.
La primera fue como epílogo al final del gobierno de facto, sentenciando que su legado era la proyección de una democracia fuerte y segura. Y la segunda fue la que inauguraba el ciclo democrático en 1983, que decía: “Con la democracia se come, se cura y se educa”.
Hoy, a 35 años de aquellas promesas, tenemos una realidad que nos duele a los argentinos, con más de 30% de la población por debajo de la línea de pobreza, 40 % de la economía de trabajo y producción “en negro”, una voracidad incontenible del Estado, deudas internas y externas que hipotecan el futuro, la ausencia de un perfil productivo y laboral que proyecte a la Argentina digna y convivimos bajo un régimen democrático que lo único que le permite al pueblo es optar cada cuatro años por una de las dos únicas propuestas que –aun con diferentes tonalidades ideológicas- se repartieron el desgobierno.
Hoy, ante la crítica realidad ocasionada por dichas causas estructurales se vuelve a castigar a la sociedad con un nuevo ajuste en plena crisis cambiaria y financiera derivada de irresponsabilidades gubernamentales, tanto de anteriores autoridades como de las actuales, frente a la displicencia con que se ha venido actuando frente a un mercado de capitales internacionales exclusivamente comprometido con la especulación financiera.
Después de las elecciones de segundo término en el 2017, el Presidente se pronunció a favor de establecer un acuerdo nacional que nos permitiera acordar entre todos el rumbo del país para empujar el carro para el mismo lado, pero lamentablemente esa propuesta fue paulatinamente dejada de lado para realizar los ajustes que pudiera consensuar con los gobernadores.
A partir de los primeros meses de 2018 se empezaron a complicar las finanzas del Estado y en una espiral financiera generada entre dólares, Lebac y tasas de interés que acorraló al Gobierno, llevó a éste a tomar la decisión de solicitar al FMI un stand by de 50.000 millones de dólares.
Para ello optó -como casi todos los gobiernos – de valerse de lo que cree sigue siendo su liderazgo infalible, asegurando que las exigencias del FMI eran coincidentes con las que él había establecido y que el apoyo de dicho organismo ratificaba el soporte de las potencias del mundo para asegurar el éxito de su modelo. Y aunque debemos afrontar muy duros y enormes sacrificios, ello trasuntará en un plan de fuerte expansión productiva y laboral con un crecimiento económico nunca visto en el país.
De todas estas circunstancias que han venido sucediendo sólo me queda la triste sensación de una nueva frustración de lo que desde hace años viene reclamando el pueblo argentino, que es construir la solidaridad y la integración social y sectorial detrás de un proyecto de Nación.
Y no porque la vuelvan a negar los que obstinadamente se creen líderes infalibles y descreen del protagonismo de la sociedad organizada, sino también debido a la decadencia institucional que se refleja en las divisiones por intereses personales de aquellas entidades que deberían asumir el compromiso de luchar -primero- por Argentina y el bienestar del pueblo en su conjunto; después, por el sector o partido que representan y, por último, por sus intereses como dirigente.
Mientras ello no suceda, el futuro trascendente de Argentina, de la comunidad nacional y las nuevas generaciones no sólo se postergará sino que las secuelas de tales despropósitos pueden desencadenar episodios de violencia y enfrentamientos entre los argentinos.
Sólo el pueblo consciente de su responsabilidad y poseedor de la autoestima que supieron legarnos los próceres de nuestra independencia puede producir el cambio eminente que necesitamos para ser la gran Nación que podemos ser.
