ESCUCHAROrganizaciones de la economía social -incluidas las mutuales- reclaman formar parte del proyecto. Otras entidades avanzan con acuerdos marco con el Ministerio de Producción
Por Javier De Pascuale – [email protected]
El dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Emprendedores que se discutirá esta semana en el recinto de la Cámara de Diputados y que probablemente reciba media sanción por parte de ésta excluye las cooperativas que -si bien son entidades no lucrativas-, pueden realizar actividades productivas con la ventaja de estar dirigidas a satisfacer necesidades de sus asociados y estar democráticamente gestionadas.
En ese sentido, aunque constituyen una forma jurídica ideal cuando se procura generar incidencia social o ambiental en beneficio e interés colectivo, quedarán fuera del alcance de esta ley si se aprueba tal como está su artículo 2º, que define el emprendimiento como “una actividad productiva con fines de lucro”.
Así lo advirtió en un comunicado la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), al reclamar la modificación del proyecto, pedido que fue tomado por bloques minoritarios, hasta ayer sin resultados efectivos.
El diputado Luis Cigogna (FpV, provincia de Buenos Aires) presentó una disidencia -con apoyo de legisladores del Bloque Justicialista y el Frente Renovador, entre otros–, por la cual propuso incluir este tipo de empresas, “entendidas como una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. De cualquier manera, limitó esta observación a las cooperativas de trabajo, lo cual sigue dejando fuera las iniciativas de cooperación vinculadas con el consumo o la producción agropecuaria, por ejemplo.
En los fundamentos de su presentación, Cigogna advirtió de que el texto ingresado por el Poder Ejecutivo Nacional “no incluye a los trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas y/o cooperativas”, quienes enfrentan “un desafío de gestión y administración asimilable al que enfrenta quien comienza con una actividad productiva innovadora, porque se trata de un modelo de gestión innovador y desafiante”.
Asimismo, consideró que “en estos procesos de producción prevalecen los fines sociales por encima de los fines económicos pero sin descuidar estos últimos y con el objetivo último de contribuir a un desarrollo económico socialmente inclusivo y equitativo con impacto local y regional”.
El proyecto es una “ley ómnibus” que plantea la creación de sociedades por acciones simplificadas (SAS), figura jurídica que facilitará abrir una empresa en 24 horas, llevar la contabilidad online y acceder a fuentes de financiamiento colectivo, entre otras cosas.
El debate del proyecto en las comisiones de Diputados permitió incluir algunos cambios: la inclusión de los “informales como beneficiarios”, la creación de un fondo de capital semilla y de un Consejo Federal de Asesores. No obstante y a pesar del reclamo llevado al debate por el ex ministro de Economía Axel Kicillof, no se incluyó el sector de la economía social en la iniciativa.
De esta manera, las inversiones que se encuadren bajo esta ley, según dijo el letrado, deberán consistir en “dinero o activos financieros líquidos” y deberán ser informadas a la Institución de Capital Emprendedor, que emitirá un certificado de declaración jurada e informará al registro sobre las sumas aportadas.
Las cooperativas aportan, junto a otras entidades de la economía social, cerca de 10% del producto interno bruto (PIB). Generan un millón de puestos de trabajo y tienen representación en casi todas las actividades económicas. Son responsables del suministro de 20% de la energía eléctrica y uno de cada dos argentinos recibe o consume un producto que es provisto por cooperativas.
Sin embargo, en el momento de definir políticas públicas, sancionar leyes o conformar mesas de diálogo, suelen ser ignoradas. Es el caso del proyecto de Ley de Emprendedores, pero también sucede con otros regímenes normativos, como el de primer empleo o el de asociación público-privada.
Las mutuales sufren la misma discriminación. Para la Federación de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcréditos (Fedesam), el proyecto de Ley de Emprendedores “impulsa una visión restrictiva y sesgada de la cuestión social y productiva, contemplando únicamente a los emprendedores como personas individuales, físicas, y no contemplando a las asociaciones de productores, empresas recuperadas y autogestionadas, y colectivos de trabajadores organizados a través de cooperativas de comercialización y consumo, u otras figuras asociativas”.
La iniciativa “se complementa con la nueva Ley Pymes que establece incentivos económicos a las Pequeñas y Medianas Empresas, como así también al Proyecto de Ley de Primer Empleo que, de aprobarse, otorgará mayores oportunidades a los jóvenes, principalmente de las regiones más postergadas del país”, señaló el diputado Luis Pastori (Cambiemos).
De todos modos, a las cooperativas les queda la posibilidad de inscribirse en el “Registro de Organizaciones” que funciona en el Ministerio de Producción de la Nación, que puede funcionar como incubadora de empresas del sector.
Contactos directos recientes entre la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra) y responsables del Ministerio -como Malena Famá, coordinadora del Programa de Cadenas de Valor Inclusivas, y Natalia Ca, referente del Programa de Empresas e Incubadoras Sociales- permitió “abordar el trabajo en conjunto” para firmar “un Convenio Marco, atendiendo principalmente a fortalecer la producción, crear nuevos emprendimientos que permitan crear puestos de trabajo dentro de la economía social, acompañando los mismos como puede ser la ayuda brindada a través del PAC Emprendedor, el Fondo Semilla y otras líneas que existen en el Ministerio”, señaló Fecootra.
