El temario quedó expuesto en la reunión de los ministros, previo a la firma de la suspensión del Consenso Fiscal. Si bien hay reclamos comunes como el impacto de los cambios impositivos de la Ley de Emergencia, hay otros específicos que en el caso de Córdoba involucran particularmente el previsional y atraso por obras prometidas por Macri
El gobernador Juan Schiaretti y en rigor el resto de los mandatarios provinciales, acordaron la semana pasada un combo de planteos al Gobierno nacional que, en el caso de Córdoba, pone particular énfasis en la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones y la deuda por más de 10 mil millones de pesos por obras que oportunamente se había comprometido a financiar el ex presidente Mauricio Macri.
El documento interno -filtrado a Comercio y Justicia por fuentes del Ministerio del Interior de la Nación- no fue, sin embargo, ratificado por el Ejecutivo de Córdoba. No porque no obedezca a hechos reales sino porque la estrategia del gobernador Schiaretti es mantener por ahora un cerrado hermetismo en el marco de negociaciones que en todos los casos recién comienzan y que involucran montos claves para Córdoba, en el marco de la crisis.
En ese contexto y según pudo conocer este medio, los ministros de Economía de las diferentes provincias, entre ellos el de Córdoba, Osvaldo Giordano, avanzaron con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la semana pasada en un planteo conjunto que quedó resumido en nueve puntos. Fue previo a la reunión que luego mantuvieron el presidente, Alberto Fernández, con los gobernadores para firmar la suspensión del Acuerdo Fiscal, entre ellos el propio Schiaretti.
Ese texto se resume en un punteo que fue circularizado entre los ministros y por cierto quedó en manos de De Pedro y en particular de Silvina Batakis, secretaria de Relaciones con las Provincias de la cartera política.
El temario incluye la situación de las provincias con Anses, referida a las deudas por déficit y anticipos impagos de las cajas provinciales. Ese punto es clave para Córdoba. El viernes venció la cuota de diciembre y la deuda de Anses con la Caja de Córdoba ya superó los mil millones de pesos, producto de 473 millones de pesos de noviembre, ahora una suma similar de diciembre y el anticipo de 50 millones de pesos que Schiaretti acordó con Macri como parte de un pago de 1.665 millones de pesos del complemento de cobertura del rojo previsional de 2018.
En la Provincia temen con cierta lógica que, en el marco del ajuste previsional que ahora pretende encarar el Gobierno nacional, en el marco de la emergencia, también se exija a las provincias con cajas no transferidas avanzar con algún recorte o bien no girar todos los recursos comprometidos.
Córdoba espera en 2020 de Anses casi 15 mil millones de pesos para un rojo previsional superior a los 21 mil millones. Schiaretti necesita precisiones sobre ese punto de manera urgente. Si ese dinero no llega, no habrá forma que la Provincia cubra ese faltante sin hacer un ajuste previsional cuyo tenor por cierto no trascendió. Sin embargo, según pudo conocer este medio, ante la incertidumbre, Schiaretti ordenó avanzar en “múltiples” hipótesis de trabajo para distintos escenarios.
Otro punto que se planteó fue el vinculado a deudas de organismos nacionales con las provincias, entre ellas de Vialidad, viviendas y gastos en salud.
En el caso de Córdoba, la acreencia que reclama supera los 10 mil millones de pesos, incluidos intereses. La deuda generada durante la gestión de Mauricio Macri y que ahora debería atender Alberto Fernández, se originó, en el caso de Córdoba, básicamente por obras viales que la Nación se había comprometido a financiar en parte, entre ellas la Circunvalación, el cierre de Altas Cumbres y la Variante Costa Azul con el puente sobre el lago San Roque. Schiaretti quiere alguna precisión de cómo se pagará ese pasivo.
En la reunión, Batakis sólo atinó a señalar que derivará cada uno de los reclamos al área correspondiente.
Una medida que parecía ya superada pero que ahora volvió a tomar cuerpo fue la restitución del denominado Fondo Sojero. Efectivamente, el Fondo Federal Solidario que se creó durante la gestión de Cristina Fernández y que coparticipaba con las provincias parte de las retenciones a la soja, fue eliminado dos años atrás por Mauricio Macri en un contexto de retenciones a la baja y con la promesa de compensar ingresos por otra vía.
Sin embargo, ahora, con los impuestos a las exportaciones agropecuarias en niveles récord tras la sanción de la nueva Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, las provincias vuelven a presionar por obtener alguna tajada de los ingresos extras producto de la mayor presión fiscal al campo.
En forma paralela, las provincias también sumaron como reclamo restituir los subsidios al transporte y los vinculados a la tarifa social eléctrica.
Desde que Macri resolvió eliminarlos y transferir a los poderes concedentes, esto es municipios y provincias, la potestad de realizar aportes para evitar que todo el costo del servicio se traslade a tarifas, las quejas de las autoridades fueron permanentes, más aún en un contexto inflacionario.
De hecho, en Córdoba se fueron sucediendo los aumentos de tarifas en el transporte urbano e interurbano y en el caso de las tarifas sociales eléctricas, fue la Provincia la que debió asumir el costo de mantenerlas. Si bien Macri cedió en parte y mantuvo algún aporte al transporte, los gobernadores quieren saber qué decisión tomará Fernández sobre ese punto y cómo se traducirá la determinación ahora fijada por ley de congelar por 180 días los incrementos tarifarios, básicamente de gas y electricidad.
Otro de los ejes planteados es el impacto de la Ley votada el viernes por el Senado y cómo impacta en la coparticipación a las provincias. Ese tema fue derivado a la Comisión Federal de Impuestos (CFI). No obstante, según trascendió en las últimas horas y a partir de un análisis efectuado por el Gobierno nacional, las provincias obtendrían ingresos extra que, en el caso de Córdoba, sumaría más de 10 mil millones de pesos anuales, de los cuales más de la mitad llegaría por una mayor recaudación por suba de alícuotas de Bienes Personales y el resto por la decisión de suspender el Pacto Fiscal con el consiguiente freno de la baja de Ingresos Brutos y Sellos.
El resto de los puntos
Por lo demás, el resto de los puntos en algunos casos tocan a Córdoba y en otros no directamente. Así, también solicitaron que los vencimientos que operaron desde agosto pasado de los préstamos otorgados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, se puedan refinanciar.
Asimismo, las provincias pidieron acceder a financiamiento desde organismos del Estado a tasas razonables. Córdoba, por ejemplo, logró un crédito del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial por 2.777 millones de pesos que oportunamente utilizó para que EPEC cancelara sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Paralelamente, pidieron precisiones respecto a los cambios en los aportes patronales para el caso de provincias con cajas transferidas y para el resto.
Paritarias
Finalmente, un tema que surgió como inquietud de todas las provincias fue el tema de los aumentos salariales. Es que la nueva Ley votada el viernes último, faculta al Ejecutivo a disponer aumentos por decreto. Y en las reuniones que mantuvo el presidente Fernández y sus ministros con dirigentes sindicales, trascendió que los incrementos por decreto serían sumas fijas.
Las provincias -e incluso los municipios- quieren detalles para ver si fijan posiciones en común frente a un tema tan sensible como el salarial. En rigor, la situación aquí es muy disímil según se trate de uno y otro distrito con salarios muy dispares unos con otros.
La totalidad de los puntos planteados ahora están en manos del Gobierno nacional que por ahora no fijó plazos para una respuesta específica.