ESCUCHARSe trata del gobierno del partido “de la libertad avanza”; sin embargo, ataca la libertad de expresión
Ataque a medios públicos y periodistas
Javier Milei cerró ilegalmente la agencia Telam de noticias, que le daba presencia soberana al país y personalidad informativa propia. El Presidente fundó su decisión en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que es nulo de nulidad absoluta e insanable, tal como lo ha declarado el Senado de la Nación. Aún más, por el decreto 548, del pasado 28 de junio, transformó la agencia de noticias en un órgano de “Publicidad y Propaganda del gobierno nacional”.
También, sigue buscando cerrar o precarizar a la Televisión Pública y a Radio Nacional y se está ensañando con los y las periodistas, a quienes agrede, y constantemente, rebaja al noble oficio, indicando que los y las periodistas están comprados (“ensobrados”) cuando no coinciden con el Gobierno actual, generándoles de esta forma, también graves riesgos a su seguridad personal. Aún más, se pretendió exigir matrícula profesional para trabajar, lo que está prohibido por pactos internacionales. Ahora, el propio vocero presidencial Manuel Adorni, sostuvo que era “un privilegio estar en la sala de conferencias y ser periodista acreditado en la Casa de Gobierno” y agregó: “Vamos a hacer un nuevo esquema para que efectivamente sean periodistas de fuste, con experiencia y de medios altamente reconocidos”. Es gravísimo que sea el Gobierno el que determine el periodismo que puede acceder a la información pública y, a su vez, que pertenezca a determinados medios. Con base en ese criterio gravemente inconstitucional, a la reconocida periodista Silvia Mercado, unilateralmente, le rechazaron su acreditación en la Casa Rosada.
Mancha venenosa
La lógica referida se ha ido extendiendo como una mancha venenosa: para dolor de la historia de Córdoba, las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidieron encarar la tarea por la cual se busca hacer desaparecer o volver insignificante al valioso multimedio universitario (SRT), que cuenta con la señal de televisión abierta Canal 10, también incluido en la Televisión Digital Abierta (TDA), junto al Canal “U”; Radio Universidad (AM 580); Nuestra Radio (FM 102.3), más su página web de noticias Cba24N y sus redes sociales en Internet.
La universidad está llevando adelante un verdadero “filicidio moral”. Es la madre que mata al hijo que fue parte de ella durante 66 años, un “bien social” esencial en la construcción de la agenda informativa y cultural de Córdoba.
Grupo Clarín contra Cba24n
Durante los rectorados de Carolina Scotto y de Francisco Tamarit se rescató a los SRT de las cenizas e incluso, se buscó ampliar su presencia y, en junio de 2011, se presentó el proyecto de instalar el primer canal de noticias del interior del país, Cba24n.
Según la Ley 26522 de Servicios de Radiodifusión y normativa concordante, Cablevisión, la empresa proveedora de televisión por cable, perteneciente al grupo Clarín, debía subir la señal de Cba24n a la grilla en la ciudad de Córdoba, pero se negó a hacerlo.
Resultaba evidente que dicho canal no convenía a los intereses del grupo.
Ello motivó la necesidad de encarar un amparo ante la justicia federal y, en dicho juicio, tuve el privilegio de representar como abogado a los SRT.
La empresa demandada puso todo tipo de trabas en la causa e incluso el abogado de la empresa Gerardo Viramonte me amenazó con una causa penal por defender a los SRT. Al punto tal que, el 29 de septiembre de 2014, el Foro del Periodismo Argentino (Fopea) declaró: “Este foro afirma que la actuación profesional que le cabe en el caso de Córdoba al Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, socio de Fopea, no admite reparo alguno y la amenaza directa de que se iniciarían acciones penales en su contra carece de asidero y forma parte más de una práctica de amedrentamiento que del debate en una causa judicial”.
Lo cierto es que se ganó el amparo y se llegó a un acuerdo por el que se incorporaría a la grilla de Cablevisión las señales de LV 80 Canal 10 y de CBA24n (o como en el futuro se la denominare). Además de la ciudad de Córdoba se agregó Villa Allende, Río Ceballos, Mendiolaza, Unquillo, Salsipuedes, Saldán, La Calera, Carlos Paz, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Cosquín, La Falda, Jesús María y Colonia Caroya. La incorporación de las localidades aludidas implicaba la ampliación de la potencial audiencia de la señal CBA24n. Logramos mucho más y crecimos.
Aunque las moralejas posteriores no fueron buenas, el proyecto del canal de noticia no se pudo seguir y se lo transformó en canal “U” y a mí, periodista con cuatro premios de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), por los artículos publicados en el diario La Voz del Interior, se me comunicó desde el diario que, por decisión de la empresa de Clarín, atento a la defensa que hice de los SRT, no me publicarían ninguna nota más de mi autoría.
Métodos perversos
Sin embargo, las dificultades deben empujar aún más a la lucha por la libertad de expresión, pero el actual camino tomado por la Universidad, al revés, se encaró de la manera más degradante.
En el mundo, los medios públicos son asegurados y reciben importantes aportes del Estado, por la tarea que desempeñan, como base fundamental de la transparencia pública necesaria en democracia y para la defensa del derecho humano a la información. Tal es el caso de la BBC en Reino Unido; de la RAI, en Italia, de la Deutsche Welle. en Alemania, y de la TVE española, entre muchos otros.
Sin embargo, las autoridades del multimedio, para lograr el objetivo de achicarlo, aplicaron métodos extorsivos e indignos con las personas que le dan el contenido cultural y obligaron a irse a 96 personas con retiros (in)voluntarios y jubilaciones anticipadas; además, habría otras 40 más que están a punto de hacerlo.
Asimismo, aplicaron métodos perversos con sus empleados. No cabe aceptar que la Universidad, como ámbito de enseñanza en el respeto de los derechos de los trabajadores, opte por no pagar los sueldos, en tiempo y forma, que es un derecho humano de naturaleza alimentaria y, a su vez, abonara un 20% en ticket de un supermercado. El aguinaldo sigue impago. También amenazan pagar luego el 50% del salario, como empresa en crisis, a los empleados que se queden y a la fecha no hay garantía del pago del mes de julio de este año.
Asimismo, al personal de los SRT la problemática les ha generado depresiones, angustias e inseguridades inaceptables, como la de perder la obra social, incluso, han tenido que sacar préstamos para pagar cuentas.
Aportes de la universidad
La universidad debería afectar partidas del aumento de 270% presupuestario reconocido por el Gobierno nacional destinadas a los gastos de funcionamiento y tomar lo pertinente para solucionar el tema económico de los SRT. También tendría la posibilidad de obtener los fondos del presupuesto del año anterior no ejecutados.
Nadie puede ser indiferente ante esta situación y todos tenemos la responsabilidad de defender al multimedio y a su gente, para que no se apague esa voz.
(*) Abogado constitucionalista
