A la devaluación de algunas monedas y las dificultades financieras que se registran hace casi dos semanas, seguirá un impacto más profundo en algunas economías
Casos de corrupción, como el del grupo de construcción brasileño Odebrecht, representan un desafío para las perspectivas de crédito soberano de las naciones de América Latina y pueden afectar el crecimiento de algunas economías de la región, dijo la agencia de calificación de crédito Moody’s en su último informe regional sobre la coyuntura económica continental.
Según la firma, el escándalo surgido en torno a la constructora brasileña evidenció una diseminación de la corrupción por todos los países de la región pero también tuvo efectos negativos por la expansión a corto plazo del conflicto en algunos países a raíz de la postergación o cancelación de proyectos de infraestructura importantes que estaban en ejecución o en camino de ejecutarse en Perú, Colombia y Panamá.
Moody’s señaló que una mayoría de países latinoamericanos tiene puntuaciones relativamente débiles en indicadores ligados al control de la corrupción y a la fortaleza de las instituciones.
“Incorporamos indicadores de corrupción comparables a nivel global a nuestra evaluación de fortaleza institucional soberana”, dijo Renzo Merino, vicepresidente adjunto de la consultora, en un comunicado.
“Nuestra evaluación de fortaleza institucional es un componente importante de nuestro análisis general de perfiles crediticios soberanos”, aseveró.
Odebrecht firmó en diciembre de 2016 un acuerdo negociado con fiscales estadounidenses en el que develó una extensa trama de sobornos para conseguir contratos en unos 21 países, la mayoría de ellos de la región latinoamericana. Además de las repercusiones en Brasil, el esquema de pagos del grupo es investigado en Perú, Colombia, Chile, Ecuador, México y Venezuela, entre otros países. En Argentina, la situación comenzará a ser investigada esta semana cuando llegue a la Procuraduría General de la Nación (PGN) toda la base documental entregada por los ejecutivos de la constructura que fue recolectada por autoridades judiciales en Estados Unidos y en Brasil.
La intención de la oficina que encabeza en el país Alejandra Gils Carbó es montar una estructura de colaboración entre las fiscalías argentinas y brasileñas, con el fin de avanzar a paso seguro en la investigación sobre el pago de coimas por más de 560 millones de pesos en Argentina, a funcionarios de distintos distritos y niveles de Estado, con el fin de lograr la asignación de obras varias de infraestructura.
No obstante, un párrafo del informe de Moody’s deja una brisa de esperanza dentro del análisis que subraya el efecto negativo que tendrá el caso y todas sus implicancias en el menor crecimiento de las economías de la rgegión.
Efectivamente, la consultora destacó que “el elevado nivel del reciente escándalo de corrupción podría dar paso a reformas en el mediano plazo en los países afectados, lo que a la larga podría beneficiar las instituciones y sus perfiles de crédito soberano”.
Lo cierto es que Argentina preside ahora el Mercosur y busca concretar este año un acuerdo de libre comercio entre éste y la Unión Europea, pero luego de que el escándalo “Lava-jato” afectó los mercados argentinos, hay temor de que el nuevo episodio en la crisis política en Brasil complique estos planes.
Es de suponer que una crisis de nuestro principal socio comercial no pasará inadvertida para la aún trastabillante economía local. Brasil es el destino de 20% de las exportaciones argentinas por lo que, si a consecuencia de los sombríos pronósticos el público brasileño compra menos bienes (incluidos de procedencia extranjera), fuerte será la estocada sobre nuestras ventas al exterior (y por ende, sobre la entrada “genuina” de divisas).
El mercado ha comenzado a descontar el impacto y el dólar también se apreció en Argentina casi 3,5% en las últimas dos semanas. La evolución de la depreciación de la moneda local en relación con la que muestre el real brasileño será unas de las variables claves a monitorear en las semanas venideras.
Esto, en el corto plazo se traduce en que Brasil es más barato para Argentina (por lo tanto, habrá menos exportaciones y más importaciones, que acentuarán el déficit comercial de Argentina con Brasil, y un mayor drenaje de divisas por compra de servicios brasileños, incluido el turismo). A largo plazo, de perdurar o acentuarse la situación, puede incluso motivar la relocalización de inversiones en favor de los aglomerados del vecino país. Con un arancel externo común del Mercosur y tarifa cero entre las fronteras de las naciones que lo componen, la decisión de ubicar una planta en Argentina o en Brasil se toma, fundamentalmente, por los precios relativos de los factores de producción, fuertemente correlacionados con los vaivenes cambiarios.
Además, si la crisis brasileña fuere percibida en el mundo como una crisis regional, la salida de fondos de las economías emergentes afectará las cuentas externas argentinas, así como daría por tierra con las expectativas del Gobierno nacional de que la llegada de “dinero fresco” del exterior sea el impulso que necesita nuestro país para tomar un sendero de crecimiento sostenido.