ESCUCHAREsta ONG destaca que los planes de gobierno se centran casi exclusivamente en los aspectos educativos y laborales, dejando de lado otras problemáticas, tales como la salud sexual, la vivienda y el cuidado.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) alzó su voz de alerta respecto de las políticas públicas que hoy se destinan a la juventud y planteó una serie de desafíos con miras a mejorar la situación de este sector de la población.
Entre los datos relevantes, en su último informe el Cippec revela que los denominados “ni ni” no son hombres jóvenes vinculados con el consumo de drogas y el delito sino que 75% de ellos está conformado por mujeres que realizan tareas domésticas y de cuidado y habitan hogares con menores de edad presentes. Asimismo, se destaca que los jóvenes experimentan una situación mucho más precaria que el resto de la población en términos de empleo y vivienda.
Con estos datos, el Cippec advierte que las políticas dirigidas a la juventud no tienen un marco normativo consistente. Las instituciones y políticas dirigidas a los jóvenes están fragmentadas y descoordinadas entre sectores y niveles de gobierno. Además, las políticas se centran casi exclusivamente en los aspectos educativos y laborales, y dejan de lado otras problemáticas como la salud sexual, la vivienda y el cuidado.
Así las cosas, la ONG planteó diez recomendaciones que Comercio y Justicia sintetizó en este informe.
1- Crear un Consejo Nacional de los Jóvenes: se propone su creación para que actúe como órgano de rectoría y coordinación del conjunto de intervenciones del Estado nacional dirigidas a los jóvenes. Esto implicará que el consejo articule los diversos ministerios sectoriales involucrados.
2- Fortalecer las herramientas de gestión: es primordial contar con información tanto sobre los propios jóvenes como sobre el desempeño de las políticas dirigidas a esta población. En el país hay un camino importante por recorrer en términos de contar con información de calidad y evaluaciones sistemáticas sobre las intervenciones estatales en la materia.
3- Fortalecer el federalismo: es prioritario promover una mejor articulación entre niveles de gobierno. El nivel nacional debe hacerse cargo de la implementación de políticas masivas (como las transferencias) y de la generación de incentivos para promover la inserción laboral de calidad de los jóvenes en todo el país. También debe regular las políticas descentralizadas, con el objetivo de afrontar las desigualdades territoriales, ejerciendo efectivamente la función redistributiva. Por su parte, las provincias deben ser partícipes en lo ligado a los temas de salud y educación, adaptando además las directrices nacionales en materia laboral a las peculiaridades de sus propios ámbitos. Por otra parte, los municipios pueden jugar un rol protagónico en la promoción de la participación a nivel local, el acompañamiento personalizado de los jóvenes para ayudarlos en sus proyectos de vida, y en la intermediación laboral.
4. Mejorar el tránsito de la escuela al trabajo: Los jóvenes contarían con herramientas mucho más potentes para la inserción laboral si accedieran a los conocimientos y competencias fundamentales y concluyeran la educación secundaria. Por supuesto, los incentivos monetarios son importantes en este camino pero ni el aprendizaje ni la terminalidad dependen enteramente de la voluntad de los jóvenes, por más incentivos económicos que se conciban. Lograr esto exige una profunda transformación de la educación media –organizacional, pedagógica y hasta cultural-, sobre la cual existe un fuerte consenso pero es de muy difícil implementación.
5. Empleo: actuar antes y promover prácticas profesionales en articulación con el sector privado. Es necesario, como primer punto, adelantar la edad en la que el Estado promueve la generación de capacidades laborales en los jóvenes. Para ello, es fundamental fortalecer el puente entre la escuela y el trabajo.
6. Promover el acceso a la primera vivienda: si bien el déficit habitacional existente en Argentina incide en todos los grupos etarios, los jóvenes se ven más afectados por este fenómeno. Es necesario promover políticas de acceso a la vivienda para los jóvenes. Esto permitiría que se generen oportunidades para que las parejas jóvenes puedan constituir un hogar.
7. Mejorar la comunicación de las políticas de salud sexual y reproductiva: es necesario mejorar la comunicación de las intervenciones existentes. Es necesario trabajar con las familias, involucrando a las comunidades y al sistema educativo, haciendo un mayor uso de las redes sociales y medios masivos de comunicación para difundir estas estrategias, fortaleciendo un rol proactivo por parte del Estado y de los servicios de salud y de educación.
8. Considerar la familia como unidad de intervención: se descuidó el nivel microsocial (el de la familia en el diseño e implementación de políticas públicas), siendo ello aún más evidente en el caso de los jóvenes. Es necesario echar luz sobre el rol crucial que cumplen las familias.
9. Tutores: para los más excluidos Hay un conjunto de jóvenes que están excluidos del sistema productivo y social, y no cuentan con las suficientes capacidades para realizar una transición integrada hacia la vida adulta. Para ellos, es necesario que se prevea, especialmente en el marco de las políticas laborales, educativas y de salud sexual, un acompañamiento personalizado a través de tutores. Este sector de la población joven es el que está más “desinstitucionalizado”.
10. Promover una ley federal de desarrollo integral de las juventudes: es necesario que Argentina ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y promueva la sanción de una ley federal para las juventudes. Esta ley deberá plasmar los derechos de los jóvenes y las garantías que deben establecerse para promover su buen desarrollo y exitoso tránsito a la vida adulta.
