ESCUCHARCárceles sobrepobladas, presos sin sentencia firme y celdas de aislamiento son un común denominador de las instituciones de encierro. Los especialistas invitan a la ciudadanía a
controlar a las fuerzas de seguridad.
Un informe preliminar de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) de Córdoba demuestra que las personas privadas de su libertad sufren en forma constante la violación de sus derechos humanos.
El relevamiento realizado en la provincia incluyó cárceles, institutos de menores y psiquiátricos y revela una política pública que poco atiende las a demandas y necesidades de este sector de la sociedad sino que, más bien, las vulnera en forma sistemática.
Según el informe, la tasa de detenidos cada 100.000 habitantes ha crecido 700% entre 2005 y 2011.
En este último año el exceso de la población carcelaria era de 561 presos. Esto es, había 5.994 presos en las cárceles de Córdoba mientras que las plazas eran de 5.400.
Del total de la población carcelaria, 53% no tiene condena firma sino que está detenido con prisión preventiva -dos puntos más que la media nacional-.
El relevamiento de la CPM muestra que la población mayoritaria de las cárceles de Córdoba la conforman jóvenes, varones, pobres, con escasa o nula educación formal y sin trayectoria de trabajo registrado.
Las condiciones de encierro son infrahumanas, destaca el informe, que subraya que existen salas de aislamiento en todas las instituciones, tanto psiquiátricas como cárceles e institutos de jóvenes presos en Córdoba.
El avance de las políticas de encierro por sobre las políticas sociales es una de las conclusiones a las que arriba la investigación.
Prevenir
En la actualidad se reiteran las denuncias públicas sobre abuso policial o penitenciario y violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro, como institutos de jóvenes presos y neuropsiquiátricos. En este contexto, indica la CPM, es imperiosa “la necesidad de que la sociedad se involucre en el control de las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, insta a la “necesaria e inminente creación del Sistema Nacional y del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura”, aún no establecido en Córdoba, que permitirán monitorear para prevenir violaciones a los derechos humanos en las instituciones de encierro.
“Ambos constituyen una excelente oportunidad para modificar la situación planteada en los puntos anteriores, incorporando nuevos actores no gubernamentales e independientes de los actuales”, sostiene la investigación.
A implementar
Tras el análisis de la situación que se vive hoy en Córdoba en las instituciones de encierro, la CPM hizo un detallado punteado sobre las políticas públicas que se deberían limplementar. Fortalecer y dar autonomía a la Defensa Pública provincial y crear mecanismos para promover un real acceso a la Justicia, son algunos de esos aspectos.
Asimismo, se plantea la necesidad de remover de forma urgente las condiciones infrahumanas de alojamiento, cumplir con la prohibición de las celdas de aislamiento y reemplazar las cadenas como medio de sujeción de las personas privadas de libertad.
Paralelamente, se plantea la urgencia de transformar en ley el régimen penitenciario provincial, el tratamiento y el acceso a derechos de los presos, regulado hoy por decreto.
Para mejorar la instrucción de las denuncias por torturas, se propone la elaboración de un protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal de la provincia basado en la experiencia recogida en el Protocolo de Estambul.
Para evitar la sobrepoblación carcelaria se invita al Poder Legislativo a debatir una ley de cupo.
Los menores de 18 años
La Comisión dedicó parte de su informe a los menores de 18 años. En ese sentido, planteó la urgencia de poner fin a la prisión de jovenes inimputables, menores de 16 años.
También señaló la urgencia de elaborar un reglamento interno de funcionamiento de los institutos correccionales de jóvenes y de crear un reglamento escrito de sanciones disciplinarias que puedan ser apeladas por los jóvenes presos en el ejercicio de su defensa ante los jueces penales.
Al mismo tiempo, llamó a promover políticas dirigidas a los niños niñas y jóvenes respetuosas de sus derechos y desde su interés superior, y a diseñar un proyecto institucional con objetivos socioeducativos para los jóvenes privados de libertad.
