Así lo proyecta el Plan de Acción pactado entre el Gobierno nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
La inversión pública y de empresas privadas en investigación y desarrollo (I+D) ascenderá a 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia 2020, a fin de aumentar la productividad y diversificar la economía, según proyecta el Plan de Acción pactado para el próximo quinquenio entre el Gobierno nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El plan fue establecido por la Cancillería a partir de las prioridades fijadas por el país, como parte del Marco Estratégico de Cooperación con el Sistema de Naciones Unidas (17 agencias, fondos y programas), que incluye metas de progreso en acceso universal a servicios esenciales (salud, educación, etcétera), ciudadanía y promoción de derechos humanos.
El salto proyectado en la inversión de I+D será de 33%, con respecto a lo destinado a tales fines por organismos estatales y empresas en 2013 (0,6% del PBI, de acuerdo con la última medición realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva).
El programa con la ONU fue acordado en la faz técnica por Patricio Benegas, secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Palacio San Martín, y el presupuesto para el total del período supera US$1.000 millones, de los cuales 72% corresponde a proyectos aprobados y en ejecución.
De esta manera, el pacto alienta la generación de un mayor valor agregado y promueve el uso sostenible de los recursos naturales mediante la incorporación de ciencia y tecnología, así como de nuevos desarrollos productivos y emprendimientos culturales.
Además, contempla el despliegue de políticas de educación y formación para el empleo decente, particularmente entre los jóvenes, y promueve el desarrollo de “recursos humanos consistentes con las necesidades del desarrollo productivo”. Para el PNUD, “el crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles mediante la incorporación de capacidades productivas que generen empleo y medios de vida para los pobres y los excluidos”.
Uno de los indicadores incluidos en ese sentido, entre las autoridades nacionales y del Programa de la ONU, apunta al incremento de la “productividad horaria por ocupado”, que debería crecer no menos de 15% en el transcurso del período 2016-20.
Desafíos
Según el PNUD, la Argentina afronta aún importantes desafíos pese a ocupar el puesto 40° en el Indíce de Desarrollo Humano de 2014 y tener un PBI per cápita de US$14.460 (medido por el Banco Mundial en 2015, antes de la devaluación de diciembre).
Entre esos retos figuran “las disparidades territoriales, la informalidad y la precariedad laboral, especialmente entre los/as jóvenes, que se enfrentan a más dificultades para acceder al mercado de trabajo y la desigualdad de género en términos salariales y de acceso a puestos decisorios”.
El Programa de la ONU colaborará en ese sentido con el Ministerio de Trabajo para “la consolidación de una red nacional de generación de empleo de calidad”: el indicador respectivo plantea pasar de 506.000 personas atendidas en 2014 a 700.000 en 2020. La búsqueda de una mayor empleabilidad -en especial de jóvenes-; la reducción de la economía informal; la erradicación del trabajo forzoso e infantil; y el empoderamiento económico de las mujeres son los objetivos centrales perseguidos.
Adicionalmente, el Plan de Acción con el PNUD impulsa un aumento en la tasa de participación de las fuentes renovables en la oferta primaria energética nacional, desde una proporción de 5,5% en 2014 a 8,5% en 2020.
Otros resultados esperados de la colaboración con el Programa aluden a la tasa de participación del valor agregado bruto cultural; el nacimiento neto de empresas; el contenido tecnológico de las exportaciones y la reducción de la desigualdad social (medida mediante el coeficiente de Gini), aunque en todos estos casos se establecieron las líneas base pero las metas quedaron “a definir”.
La Cancillería y el PNUD se propusieron, por último, un importante salto en la cantidad de agricultores familiares incluidos en programas de promoción de asistencia técnica, adopción de tecnologías e investigación -de 30% actualmente a 34,5% dentro de cuatro años- “con miras a aumentar la diversidad y calidad de alimentos con prácticas de cuidado ambiental”.