ESCUCHARHay más de 450 en todo el país. Funcionan como cooperativas de trabajo, de servicios o asociaciones civiles.
Muchas se reconvirtieron después de haber sido quebradas o abandonadas por sociedades de capital, como el caso reciente de la Guido Spano, en el barrio porteño de Palermo.
También en Buenos Aires una de ellas se sostiene desde hace más de 40 años; y Córdoba no le va en zaga: una decena de cooperativas educativas sostiene escuelas, algunas desde hace más de 30 años.
El modelo de gestión social o cooperativa de la educación dirige casi medio millar de establecimientos iniciales, primarios y secundarios en todo el país y fue una respuesta para muchos colegios privados con fines de lucro que, sobre todo después de la crisis general de 2001, se tornaron insostenibles o cuyos dueños decidieron poner punto final al emprendimiento.
“Como otras empresas recuperadas, en un montón de rubros, se mantienen y funcionan. Los trabajadores se pusieron la escuela al hombro y generaron experiencias exitosas”, subraya Serena Colombo, dirigente de la Federación de Escuelas Cooperativas de Buenos Aires (Feceaba) y de la Asociación de Educación de Gestión Social.
Mundo Nuevo, donde es directora, está a pocas cuadras de Guido Spano, cuya comunidad educativa está en vilo después de que en vísperas de fin de año la sorprendió un camión de mudanza en las puertas, que se cerrarán pese a que abonaron la matrícula del próximo ciclo lectivo, que los estudiantes tienen que dar exámenes y que a los docentes les deben salarios.
La primera es una cooperativa de trabajo con más de 41 años de trayectoria, unos 300 chicos en sus aulas y más de 70 trabajadores docentes y no docentes que la gestionan colectivamente día a día. “Nos va bien y creemos que tenemos una ventaja porque mantenemos el modelo de un asociado-un voto y podemos pensar, decidir y hacer juntos en las buenas y en las malas”.
La segunda era gestionada por una sociedad anónima que cobraba una cuota similar a Mundo Nuevo, pese que a tiene los salarios docentes subvencionados en 60 por ciento y no tenía que alquilar el inmueble. Colombo aclara que a las escuelas que no gestiona el Estado ni una sociedad de capital puede “irles bien” si, como este caso, cobran una cuota que a las familias les es posible pagar.
Otras, que dan servicio en zonas de menos recursos, vienen reclamando que se las reconozca y apoye, cuestión pendiente en el ámbito nacional y en los diferentes distritos pese a que la Ley Nacional de Educación de 2006 indica en su artículo 13 que “el Estado nacional y las provincias, reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social”.
Colombo asegura que, no obstante, son experiencias viables “de puertas abiertas”, que cuentan con el esfuerzo y la participación de las familias y del barrio, y descarta una posible creencia respecto de que “una escuela necesariamente tiene que ser una estructura vertical”.
Con base en la experiencia de los proyectos educativos que se sostienen colectivamente, destaca que “los espacios son abiertos y permeables, hay responsables por áreas y evaluaciones constantes, mientras que cuando aparecen conflictos o se confrontan intereses, se busca dirimirlos genuinamente y se actúa para resolverlos participativamente”.
Una situación similar vive en Córdoba cerca de una decena de instituciones educativas gestionadas por maestros organizados en cooperativa de trabajadores. Unas cinco están diseminadas por la zona de las Sierras Chicas, entre Villa Allende y Agua de Oro, mientras que el resto se encuentra en la capital cordobesa.
La escuela Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín, en el barrio Argüello Norte de la capital cordobesa, acaba de cumplir 40 años ya que fue fundada a fines de 1973. Atravesó fuertes dificultades, incluyendo un desalojo complicado, pero desde 1990 tiene sede propia y goza de un amplio reconocimiento y solidez institucional.
“Una nebulosa”
Pero no todo es un lecho de rosas y las dificultades en muchas escuelas de gestión privada se suceden día a día, viendo nacer nuevas gestiones cooperativas en algunas de ellas. La Justicia porteña allanó el viernes por la tarde las instalaciones del colegio Guido Spano y libró un embargo sobre una cuenta bancaria del apoderado de la empresa, Mauricio Sánchez, mientras continuaban los procedimientos judiciales para el rescate de documentación, informaron en los últimos días algunos familiares de estudiantes.
La titular de la Dirección General de Educación de Gestión Privada de Buenos Aires, Beatriz Jáuregui, declaró que “tiene la potestad de recuperar la documentación” que está dentro del edificio con el fin de “suplir las tareas administrativas que la entidad dueña del colegio no cumplió”.
La titular del Sindicado de Docentes Privados (Sadop), Fernanda Benítez, expresó que el control del gobierno local sobre las 1.656 escuelas de gestión privada del distrito “es una nebulosa, arbitrario y muy insuficiente”; y ejemplificó que en escuelas como la Guido Spano “le basta con una planilla firmada por los docentes. Si cobraron el mes, el Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich le giraba al colegio el mes siguiente”.
En el caso cordobés, muchas de las escuelas cooperativas revelan que a pesar de estar supliendo con su acción una tarea que corresponde al Estado y por lo cual deberían recibir subsidios de la Provincia, tal como lo hacen muchos otros institutos privados de educación no reciben fondo alguno.
