ESCUCHARLa causa de los remedios adulterados, que ya derivó en una obra social intervenida -bancarios- y otras investigadas, es para los farmacéuticos la “punta del iceberg”, “los síntomas del enfermo” de un sistema de provisión en el que urge definir una política nacional de medicamentos, hoy “inexistente”. Así lo afirmó a Comercio y Justicia Manuel Agotegaray, titular de la Federación de Farmacéuticos de la República Argentina (Fefara), quien abrió ayer las 7as Jornadas Federales y 6as Internacionales de Política, Economía y Gestión de Medicamentos, organizadas por la entidad.
“La problemática que está en los medios (en referencia al caso de la Bancaria) da cuenta de sistemas de provisión de medicamentos desde las obras sociales directamente a sus afiliados o a través de pseudodroguerías. Se trata de sistemas en los que se elude a las farmacias y ése es uno de los principales problemas que tenemos”, advirtió quien, además, preside el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe. “La farmacia -recalcó- es la mayor barrera de protección que tiene la población para ver qué tipo de medicamento le están dando”.
– Sin embargo, también hay farmacias involucradas en el caso de la Bancaria.
– No digo que no. Pero se trata más de un fraude económico hecho al Estado a través de la Administración de Programas Especiales (APE) (dependiente de la Superintendencia de Seguros de Salud) y las que están más involucradas son droguerías inescrupulosas y no farmacias. Y eso no es casualidad. Estos sistemas nacen eludiendo las farmacias. Lo que hay que dejar en claro es que todo esto que sale en los medios son los síntomas del enfermo, pero nadie quiere hablar de lo estructural, de dar un diagnóstico exacto de lo que pasa en la Argentina. Pareciera que nos vamos a conformar con que pasen 15 días y todo siga igual. Con algunas internas de sindicalistas, de la política y no se va a ir más allá de eso.
– ¿Qué reclaman?
– Lo que reclamamos en Fefara es que se pueda trabajar seriamente en el mercado del medicamento. En la Argentina todavía no tenemos una política nacional, que sea una política de Estado y que asegure accesibilidad, eficacia y seguridad a la población. Entonces, pagamos estas consecuencias en las que muchas veces se deja liberado a que el mercado decida como le parece y como le conviene a un sector y no a la población.
– ¿Cómo debería funcionar un circuito seguro?
– Como en la mayoría de los países del primer mundo; un circuito en el que seriamente tengamos una fiscalización y un control por parte del Estado, no sólo cuando el medicamento sale al mercado, que es lo que está haciendo la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos), sino que también se necesita un seguimiento, regular a los medicamentos en las distintas etapas. Hay que controlar los farmacéuticos, pero también hay que tener una responsabilidad, en este caso, a través de la Administración de Programas Especiales (APE), donde los funcionarios tengan el orgullo de serlo y cumplan sus funciones. Porque cuando acá se empieza a destejer la madeja, aparecen funcionarios que actuaron en connivencia y cierta dirigencia política que aprovechó fondos para bancar campañas.
Finalmente, Agotegaray alertó sobre los resquicios que hoy tiene el sistema. “En este caso son medicamentos, como los de hemofilia, que no pasan po
