ESCUCHAREl Instituto Técnico Etchegoyen sufrió un aumento de 150 por ciento en el monto del alquiler en un período de sólo un año. Puede tratarse de una maniobra que tenga por detrás el interés de desarrollistas inmobiliarios sobre el lote. Requieren intervención urgente de la Provincia.
Por Javier De Pascuale – [email protected]
Unas 250 familias cordobesas -entre docentes, alumnos y personal implicado- se encuentran afectadas por una situación que se vive en un colegio secundario de barrio Alberdi, que está a punto de perder su techo y, con él, las clases y hasta el año para los chicos que son parte de esta comunidad educativa.
Se trata del Instituto Técnico Ing. Noel J. Etchegoyen, institución con 35 años de trayectoria educativa. Este colegio representa una novedosa experiencia de administración cooperativa, en el cual profesores, profesionales psicopedagogos, administrativos y hasta personal de limpieza comparten la gestión de una escuela pensada “para otra educación, para un nuevo mundo”.
“Somos un total de 50 asociados y nuestro colegio tiene 204 alumnos matriculados de primero a séptimo año”, cuenta Marcela Bodoira, vicepresidenta de la cooperativa que administra el colegio. “Hace 18 años que nuestra institución funciona en el barrio de Alberdi”, comenta, “pero como no tenemos un terreno propio, nos vemos obligados a alquilar una casona que data de principios del siglo pasado y que ha sido acondicionada con gran esfuerzo por nosotros”.
Ese esquema colaborativo, por el cual la cooperativa escolar construía baterías de aulas, baños sectorizados para varones y mujeres y numerosas tareas de mantenimiento en el viejo edificio, mientras los propietarios cobraban un alquiler accesible, funcionó por muchos años pero no pudo soportar el ‘tsunami’ de especulación inmobiliaria que por estos días arrasa con edificios históricos en los barrios más cercanos al centro de Córdoba.
Allí, en el corazón del barrio de los amores del Chango Rodríguez, durante casi 20 años “rumores de gracia poblaron la casa” que se alza sobre la quinta cuadra de calle Monseñor de Andrea, muy cerca del río Suquía. Los sonidos de los recreos, el rumor de las clases en las cuales casi 200 chicos estudian para egresar como técnicos de educación media pero también como maestros mayores de obra, será cambiado próximamente por el silencio mortal de los carteles inmobiliarios, o peor aún, por el agresivo paso de las topadoras por sobre lo que hasta ayer eran aulas levantadas en colaboración con los propios chicos que estudian para constructores, en un edificio hoy amenazado por la demolición. Nunca el cantautor cordobés pensó que “se apagaría la luz del balcón” cuando compuso aquel homenaje al viejo barrio que hoy cambia viejas casonas por altas moles de cemento. Puede no ser otro el destino de estas aulas, según comentan vecinos del colegio.
En sólo un año, el contrato de alquiler que vincula -únicamente de forma anual- la cooperativa de la escuela Etchegoyen con los propietarios duplicó su monto, y en los últimos días sufrió un aumento adicional que eleva a 150 por ciento el ajuste del alquiler que la institución pagaba hasta 2013 . “No podemos más”, confiesa la profesora Bodoira, una de las personas a cargo de la negociación con los propietarios. “Estamos pagando, estamos al día pero seguir con esta situación implicaría destruir la cooperativa y la amenaza de un desalojo en medio del cierre del año escolar”, explica, y la desesperación comienza a notarse en su voz.
Hoy, la cooperativa, los chicos y sus familias piden lo que hasta ayer no pidieron: la implicancia del Estado. La cooperativa solventa 100 por ciento los costos escolares, cobrando una tasa a las familias que se encuentra muy por debajo de lo autorizado por la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza. Incluso subsidia a familias de escasos recursos que no pueden solventar las cuotas pero que ven en el Etchegoyen un colegio que les puede otorgar una rápida salida laboral a sus hijos.
En el horizonte, las alternativas van desde una ley de expropiación del inmueble, que le dé la posibilidad a la propia cooperativa de pagar su costo a plazo, hasta la adaptación de alguno de los inmuebles que la Provincia tiene sin uso o con escaso uso de instalaciones, pasando por la esperanza de que alguien les alquile otro lugar bajo el esquema colaborativo que fue exitoso durante años.
