ESCUCHARPor Armando S. Andruet (h)*
Los días 16 y 17 pasados, la provincia de Córdoba ha sido escenario de un evento de gran trascendencia nacional, pero su temática poco explosiva y de corte antipático no suele congregar mayor interés.
En un esfuerzo cooperativo entre tres ámbitos públicos se aspiró a poner en agenda uno de los grandes problemas que la práctica profesional de la abogacía y de la judicatura atraviesan hoy, como es su actual (des)vinculación con la ética profesional tanto del abogado como del juez. El socio mayoritario del consorcio fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que aseguró traslados y estancias de expositores; los otros cooperantes fueron el Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). En ellos, el esfuerzo del Tribunal de Disciplina fue mayúsculo puesto que, siendo una estructura pequeña y con magros recursos institucionales, aseguró una logística de funcionamiento y de realización de impecable éxito.
El encuentro, que fue considerado el primero de otros siguientes, se inscribe en la recuperación de pensar las maneras de mejorar las prácticas profesionales vinculadas con el mundo abogadil-judicial, en orden a los parámetros deontológicos establecidos.
Para ello debió reposar su mirada sobre los grandes momentos en que tal cuestión se diversifica. Esto es: i) Formación de los abogados y la enseñanza de la ética profesional en las universidades. ii) Práctica profesional de la abogacía y el estado de cumplimiento de los cánones éticos previstos disciplinarmente. Y iii) Avances y complementaciones que a la ética profesional de los abogados suma la ética judicial orgánica. Todo ello puesto en un escenario de institucionalidad y aliento por autoridad ministerial nacional del ramo quien, con políticas proactivas y efectivas, produce cooperaciones y desarrollos en cada uno de los mencionados subsectores dichos.
Es inviable pensar que esos avances puedan llevarse adelante con el esfuerzo solitario de las universidades, de los tribunales de disciplina o de los poderes judiciales. En la ocasión, sin afectar ni autonomías ni competencias, ha sido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el que ha dado no sólo un “puntapié inicial” sino que ha presentado muestras efectivas de una vocación de servicio, que ahora requiere de un esfuerzo colectivo de los otros integrantes del consorcio, para efectivizar los cambios.
Dicho desafío fue recogido en manera clara y sin tapujos por las autoridades disciplinarias de Córdoba y la representativa de la colegiación institucionalizada de la República. Así, la presidenta del Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba, doctora Alicia A. Bazán, y el presidente de la FACA, Dr. Eduardo Massot, lo destacaron en la apertura del acto. Antes de ellos, el ministro de Justicia de la Nación, doctor Germán Garavano, señaló la importancia y compromiso institucional que desde el lugar que ocupa existe por profundizar y cooperar en los proyectos que importen una mejora en las prácticas más transparentes de funcionamiento del sector justicia y en los cuales la abogacía y judicatura son partes insustituibles.
El primer panel de análisis estuvo a cargo de dos altos funcionarios del Ministerio: por una parte, el doctor Mauricio Devoto propuso desde la perspectiva de la ética pública visualizar todos los contornos de realización ética que la ciudadanía ejecuta cotidianamente y alcanzando la idea de que la justicia judicial habrá de ser aligerada en cuanto la construcción de ciudadanía sea una realización efectiva y se visualicen entonces los momentos de una justicia no judicial; por otra, el doctor Martín Böhmer se encargó de hacer una ubicación de contexto del problema al cual el encuentro se enfrentaba, relacionando la sinergia universitaria, profesional judicial-abogadil y el ámbito institucional; todo ello en un estado de progresivo deterioro de la práctica profesional de los abogados. Luego, un segundo panel de naturaleza jurisprudencial y de ilustración de perspectivas institucionales internacionales de los poderes judiciales iberoamericanos. Lo primero a cargo del doctor Domingo J. Sesin y lo segundo de los doctores Ricardo Pérez Manrique y Luis Lozano, quienes además de ser jueces -en la Corte Suprema de la República del Uruguay y en el Tribunal Superior de Justicia de CABA, respectivamente-, cumplen destacadas funciones en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
Luego de ello se puede señalar que el encuentro pasó a un nivel operativo y menos pomposo como lo son todas las aperturas y es cuando se comenzó a ver la letra fina y los desaguisados grandes que la práctica profesional de los abogados y los jueces producen y los impactos sociales negativos que ello tiene en la comunidad; como también qué cosas hacen o dejan de hacer universidades, colegios de abogados, tribunales de disciplina y tribunales de ética judicial frente a tal fenómeno.
Se cumplieron seis paneles a razón de unos tres expositores cada uno de ellos. En la mayoría de los casos, los nombrados exponentes eran personas sobradamente reconocidas en el ámbito nacional por su trayectoria en el área profesional, profesoral o institucional. Destacamos el título de cada uno de ellos: a) Tribunales de ética judicial y de abogados; b) Comunidad y universidad -bajo dicho título se cubrieron tres paneles aunque con sesgos diferentes-; c) Ética y comunicación pública, y d) La ética en el ejercicio de la abogacía.
Atento a nuestro espacio, no podemos hacer una crónica de lo considerado en cada uno de ellos. Sin embargo, no se puede dejar de apuntar que se destacó la crisis notable en la formación deontológica que los abogados como tal poseen y que puede estar asociada en sentido fuerte, con una evidente e indebida formación que en tal materia las universidades pública y privada están cumpliendo. En función de ello se ensayaron proyectos académicos en los que se considera la ética profesional con un carácter transversal a la carrera, como también cuidar especialmente el perfil del docente, para que también la formación a los alumnos sea efectiva.
Resultó notable la casi nula presencia del Colegio de Abogados de Córdoba, que era muy esperada -no así de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba-, en función de que es el único colegio de abogados del país en el cual la exigencia de una capacitación ética de los abogados, antes de jurar la matrícula, se encuentra impuesta por ley y ello -en cuanto se cumpla- hace presumir mejores resultados que en otras provincias; y éstas estaban interesadas en dicha evaluación.
Al final del encuentro, que estuvo a cargo de las tres instituciones antedichas y la Federación Argentina de la Magistratura, se recogieron anuncios importantes y disparadores de realizaciones a corto plazo para el mejoramiento de la ética de la profesión abogadil-judicial.
Así, la FACA, representada por el doctor Carlos Izquierdo, señaló la suscripción de un documento por el cual se creaba el Foro Argentino de Tribunales de Ética, Disciplina y Conducta de Abogados de las Provincias y Circunscripciones de la República Argentina (Fatea); por su parte, el doctor Víctor Vélez, como presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), indicó que se acababa de aprobar un programa de promoción, discusión e instalación de la ética judicial desde dicho ámbito. Por su parte, la doctora Bazán, por el Tribual de Disciplina de Córdoba, puso a disposición la totalidad de la jurisprudencia producida por dicho tribunal para insumo de los restantes tribunales disciplinarios.
Finalmente, el doctor Martín Böhmer señaló que el próximo encuentro estaba ya previsto en la ciudad de Santa Fe y que el Ministerio de Justicia de la Nación habría de proveer con toda responsabilidad y razonabilidad los recursos técnicos, económicos y colaborativos para finalmente alcanzar un ejercicio profesional con los mejores estándares éticos posibles.
Es la mejor senda la que ha sido señalada, en particular cuando los desvelos por superar habrán de ser muchos, pero sin conciencia de la responsabilidad social que la práctica de la abogacía importa y que la judicatura tiene que acompañar desde su lugar; difícilmente las cosas por sí solas se puedan modificar.
