En una jornada tensa, la CGT se plegó al paro de los camioneros

El Gobierno denunció al líder cegetista y multó a Camioneros. La central sindical va por subas en el mínimo de Ganancias y por las asignaciones familiares.

La disputa entre el Gobierno nacional y el moyanismo atravesó ayer a una jornada tensa, con cruces y acusaciones mutuas. Luego del anuncio oficial de multar al gremio Camioneros, de denunciar penalmente a Pablo y Hugo Moyano y de aplicar la Ley de Abastecimiento -en este caso, a los empresarios del transporte-, el moyanismo levantó el paro vigente, cerró rápidamente la paritaria del sector y convocó a una nueva huelga, esta vez para el míercoles de la semana que viene, retomando sus viejos reclamos relativos a la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y la universalización de las asignaciones familiares. Pocas horas después, el camionero logró plegar a la propia CGT -en verdad, a los gremios que le son afines- a esa medida de fuerza, denunciando al Gobierno nacional de “judicializar” la protesta y de haber cortado el diálogo con el movimiento obrero desde septiembre de 2011.

Frente al paro de 72 horas de los choferes de camiones transportistas de combustibles, que impactaba con fuerza en varios sectores de la economía, el miércoles pasado el Gobierno había dispuesto la intervención de la Gendarmería para garantizar la provisión de combustibles en las zonas más afectadas.

Todo ello sin recurrir a la represión, en un marco de bloqueos a las refinerías por los trabajadores del gremio conducido por Hugo Moyano, que reclamaban 30% de aumento salarial, la eliminación del impuesto a las Ganancias para los asalariados y la universalización de las asignaciones familiares, que hoy cobran sólo los trabajadores de menores ingresos.

La reacción oficial

Ayer, el Ejecutivo profundizó sus acciones en contra del camionero. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ratificó en persona una denuncia penal en su contra y de su hijo por “amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos”, algo que ya había anticipado un día antes.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que el Gobierno le aplicará una multa de 4 millones de pesos a Camioneros por no acatar la conciliación obligatoria, que ordenaba poner fin al paro en la distribución de combustibles. Esta medida también había sido anticipada por el Ejecutivo.

Y, por último, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aludió a la Ley de Abastecimiento y anunció la presentación de una nueva denuncia por la supuesta violación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera que, además de permitir la expropiación de YPF, estableció como prioridad estratégica la producción y distribución de hidrocarburos.

De Vido anunció también una nueva “denuncia penal por violación del artículo 194 del Código Penal”, esta vez contra los empresarios de la cámara de transporte porque, según el ministro, “no ayudaron en nada para afrontar esta situación”.

Respuesta sindical

Ayer Hugo Moyano dio marcha atrás con el paro de la rama del transporte de combustibles que estaba en marcha y que iba a finalizar hoy al mediodía. Pero, a cambio, anunció otra huelga de camioneros, esta vez de las 15 ramas del sector, en reclamo del aumento del mínimo no imponible de Ganancias. El paro se realizará el próximo miércoles.

Más temprano, el titular de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (Fadeecac), Luis Morales, había anticipado que los empresarios y Moyano firmaron un acuerdo salarial de 25,5% de incremento, el cual, según dijo en conferencia de prensa, se pagará en tres cuotas: una de 12,5% en julio, otra 7% en noviembre y la restante de 6% en marzo 2013. Además, Morales afirmó que no incluye sumas extraordinarias como las que reclamaba el gremio, de 3.000 pesos, para compensar por el pago de Ganancias.

El anuncio de Morales evidenció que Moyano había dejado de lado el debate salarial y había decidido enfocar sus cañones al Gobierno nacional, algo que resultaba evidente dada la virulencia de las medidas que venía implementando en el marco de una paritaria y con una conciliación obligatoria no acatada.

“Los salarios de los trabajadores han pasado a segundo plano. El acuerdo que hemos firmado no sirve de nada si no se eleva el mínimo no imponible de Ganancias”, dijo, y llamó a otros sectores sindicales y sociales a sumarse a la marcha de la próxima semana.

“Parecería que estamos en una dictadura militar: no se puede protestar, ejercer del derecho a huelga”, continuó el líder camionero. “Las denuncias no nos preocupan. Sabemos que hemos cumplido nuestra obligación”, completó.

Más tarde, el camionero lograría dar un paso en su estrategia al lograr encolumnar a la propia Confederación General del Trabajo (CGT) detrás del paro de camioneros.

El vocero de la central sindical, Juan Carlos Schmid, anunció en conferencia de prensa que la entidad convocaba a un paro con movilización a Plaza de Mayo, desde las 14 horas hasta la medianoche del próximo miércoles 27 de junio, en reclamo por la universalización de las asignaciones familiares, la suba del mínimo no imponible de Ganancias y una actualización de la ayuda escolar. “Las organizaciones pararán según la modalidad de cada una”, señaló el vocero, sin dar más detalles.

“El sistema tributario es regresivo y hay que discutirlo. No queremos desfinanciar al Estado, pero la carga no debe recaer sobre los trabajadores”, apuntó Schmid.

El vocero de la CGT criticó también las últimas acciones oficiales tendientes a “criminalizar la protesta” de los gremios y se quejó de las acusaciones de los funcionarios, que tildaron a la CGT de tener “actitudes golpistas”. “Rechazamos esa terminología, creemos que es irresponsable, son protestas en el marco de la Constitución. Nos quieren tratar de delincuentes”, subrayó Schmid.

En ese marco, anunció también que la central sindical está reuniendo los antecedentes para denunciar al Gobierno nacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CGT se quejó además porque el Gobierno “unilateralmente congeló el diálogo” con la central desde septiembre de 2011, “antes de las elecciones”, puntualizó Schmid. “Encauzar el diálogo social es responsabilidad del Gobierno”, consideró.

Más allá de la lucha abierta entre el Gobierno y el moyanismo, aún restan varios días para el paro de la próxima semana y queda margen para las negociaciones. “El peor camino es no tender puentes”, puntualizó ayer Schmid.

Avanzada moyanista
Viejos reclamos, en clave de la interna cegetista

Las críticas del moyanismo al Ejecutivo comenzaron luego de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner -la acusaban a Cristina Fernández de no tender puentes con el movimiento obrero, algo que repitieron ayer- y se profundizaron en las elecciones de 2011, cuando el oficialismo no satisfizo los pedidos sindicales para incluir más representantes en las listas.

Si bien los reclamos planteados vienen de larga data y en varios casos son justificados, también es cierto que el Ejecutivo anticipó -de hecho lo hace año a año- que subirá los mínimos de Ganancias en julio, por lo que la avanzada moyanista puede leerse más como un intento de recuperar la iniciativa política antes del 12 de julio, cuando se produzca la elección interna en la CGT. Allí no tiene la victoria asegurada y busca llevar el conflicto al escenario que más cómodo le queda: la calle.

El punto es que su capacidad de daño es inversamente proporcional a su capacidad de acumulación política. De todas maneras, se aseguró guardarse varios días para no descartar las negociaciones.

La posición del Gobierno
Juzgan “irracional” el paro, pero hay puntas para escuchar

Las administraciones kirchneristas mantuvieron una política no exenta de roces con la CGT pero siempre los trabajadores estuvieron en el centro de las políticas públicas. Por eso muchos de sus referentes consideraron “irracional” e “injusto” el paro de los camioneros y, más tarde, el de la CGT. Es indudable, además, que en la avanzada moyanista tallan muchas más cosas que los reclamos sectoriales, que nunca había expresado con esta beligerancia contra el Gobierno.

De todas maneras, el discurso de ayer del vocero de la CGT fue cauto y preciso en varias partes: los reclamos son concretos y de larga data, claramente atribuibles a políticas oficiales, en el marco de un sistema tributario que, consideran, puede mejorarse. Además, el Gobierno ha mantenido una política de no represión de las protestas, pero también tildó de “golpista” las acciones moyanistas, algo difícil de digerir. Asimismo, es cierto que la responsabilidad de encauzar el diálogo social es del Ejecutivo. Allí existen puntas para un diálogo, que no será fácil, pero tampoco imposible.