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En el primer semestre, los legisladores se reunieron durante 31 horas y cuatro minutos; mientras que en el segundo lo hicieron por el término de 33 horas y cinco minutos. Las sesiones extraordinarias permitieron aumentar este último número.
El pleno de la Cámara sesionó durante 2011 un total de 64 horas y nueve minutos, según el relevamiento que realizó el sitio Parlamentario.com para su Índice de Calidad Legislativa.
Entre los proyectos destacados en los que trabajaron los parlamentarios se encuentran:
Fábricas recuperadas. Uno de los principales puntos de la ley es que las cooperativas serán reconocidas como sujetos jurídicos para participar en procesos de recuperación de empresas. También se obliga al Estado a dar subsidios para capital de trabajo, además de proveer apoyo técnico, entre otras cosas. Otro aspecto importante es que no se podrán transferir los pasivos laborales a las empresas recuperadas.
Sumas no remunerativas. La iniciativa impulsada por el radical “Nito” Artaza propone, en su primer artículo, que “a partir del 1 de enero de 2012, toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se establezca en convenios colectivos, o acuerdos de igual naturaleza, tendrá carácter remuneratorio”.
Lavado de activos (votada en el primer semestre). La iniciativa impone la tipificación del lavado de activos como “delito autónomo” y elimina la restricción que une esa figura con el encubrimiento de acciones ejecutadas por terceros, algo que impide la persecución penal del comúnmente llamado “autolavado”. El texto aprobado también contempla la suba de los montos de punibilidad del tipo penal a 300.000 pesos.
Protección Integral para las Personas Trasplantadas. La iniciativa aprobada por la Cámara Alta señala, en su primer artículo, que el objetivo es “proveer los instrumentos necesarios para facilitar su integración familiar y social, mediante la atención médica integral, educación, seguridad social e inserción laboral”.
Producción pública de medicamentos. La ley declara “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”.
Seguridad vial. Los legisladores también avalaron, de manera unánime, una norma que modifica artículos del Código Penal en cuanto a delitos sobre seguridad vial. Reclusión, prisión, multas, inhabilitación y prestación de servicios comunitarios son las penas que marcan los nuevos cambios.
Estatuto para teleoperadores. Se establece un estatuto para “los teleoperadores y sus empleadores por el trabajo que se preste en los centros de atención de llamadas, también denominados call centers”.
Educación en cárceles. El proyecto de ley impone que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública”. En el texto se señala que el “Estado nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones”.
Grooming. La iniciativa propone incorporar un artículo al Código Penal para penar “con prisión de seis meses a cuatro años al que, por medio de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual”.
Régimen Penal Tributario, lavado de dinero y terrorismo. El régimen penal tributario está relacionado con las sanciones a la evasión del pago de tributos al fisco nacional. Las otras dos iniciativas tratan sobre la “prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista”; y sobre el planteo de incorporar “como delitos, junto al lavado de dinero, aquellas conductas que afecten el orden económico y financiero”.
Regulación de la extranjerización de la tierra. La iniciativa impone, en su octavo artículo, que se “establece en el 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo”.
Papel Prensa. El proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios establece que la compañía Papel Prensa tendrá que fijar un precio igualitario del insumo para todos los medios del país.
