ESCUCHARLa Fiscalía de Instrucción de la ciudad cordobesa de Jesús María elevó el requerimiento de juicio de una causa por groomig, que involucra a un adulto que fue detenido e imputado por delitos de abuso sexual y pornografía infantil, entre otras acusaciones, y tiene como víctimas a menores de edad de Argentina, Brasil, España, México y Venezuela.
El informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que el único imputado en la causa es un hombre de la localidad cordobesa de Colonia Caroya, en el norte provincial, que cometió los delitos mediante el uso de las redes sociales.
La investigación se inició a través de un reporte internacional elaborado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos (Ncmec), y el hombre fue detenido en marzo de 2019 mediante un procedimiento realizado en su domicilio donde se secuestraron más de 2.000 imágenes y videos en formato digital de actos explícitos con niños y adolescentes de entre cinco y 17 años.
El acusado deberá responder por delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante continuado, producción de material pornográfico infantil, facilitación de representaciones sexuales de menores de edad, coacción agravada reiterada y tenencia de material pornográfico infantil”.
La instrucción de la causa, que estuvo a cargo del fiscal María Guillermo Monti, sostuvo que las maniobras consistían en tomar contacto con las víctimas a través de redes sociales con un perfil falso, haciéndose pasar por un menor de edad y ganándose su confianza mediante conversaciones.
Luego remitía imágenes pornográficas y mediante engaños lograba el envío por parte de las víctimas de imágenes de contenido sexual, tras lo cual comenzaba con amenazas obligándolos al envío de más imágenes, llegando en algunos casos a tratarse de prácticas sexuales explícitas entre menores.
La maniobra también tuvo como víctimas a mujeres mayores de edad, a quienes engañaba con promesas laborales de modelaje para obtener fotos y videos, para luego coaccionarlas con el objetivo de exigirles imágenes de contenido sexual.
Por tratarse de delitos cometidos mediante el uso de redes sociales, se pudo constatar que las víctimas tienen residencia en localidades de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Santa Cruz, además de los países de Brasil, España, México y Venezuela.
Organizaciones que trabajan con temas vinculados al abuso de menores de edad cuestionan la figura de “pornografía infantil” y prefieren referirse a la difusión de imágenes de explotación sexual infantil que en todos los casos implican abusos.
