ESCUCHAREl Colegio de Profesionales en Servicio Social salió a aclarar su intervención con respecto al programa “Tarifa solidaria” a partir de la suspensión, por parte de la Provincia, de más de 6.000 beneficiarios que corresponden a familias con ingresos por encima de la línea de pobreza. Cabe señalar que el mencionado plan reduce o exime del pago del agua, energía e Impuesto Inmobiliario Urbano a personas sin recursos.
El Colegio informó que “en virtud de un convenio con Ersep y Ministerio de Desarrollo Social, profesionales matriculados en este colegio realizan el relevamiento e informe socio-económico a solicitantes y potenciales beneficiarios de la tarifa solidaria, no obstante la sugerencia del profesional no tiene carácter vinculante, por lo que la decisión final respecto de a quién se otorga la tarifa corresponde, hasta el momento, al Ersep”.
La entidad destacó que los profesionales trabajan con las demandas que realiza el ente y que éstas “dado que la realidad cotidiana y las condiciones socio-económicas de las familias son cambiantes y dinámicas, sufren modificaciones en el tiempo, por lo que es obligación y responsabilidad de los beneficiarios informar estos cambios, así como también del ente controlar los beneficios otorgados y decidir un nuevo relevamiento”.
En la actualidad, el colegio ha suspendido los servicios brindados al Ministerio de Desarrollo Social (entrevistas e informes a potenciales beneficiarios del programa) porque, según expresaron fuentes del colegio, les adeudan honorarios desde diciembre de 2008.
