ESCUCHAREl juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, allanó la cárcel de Ezeiza, en el marco de la causa por el espionaje ilegal contra políticos, jueces, periodistas y dirigentes, principalmente ligados al kirchnerismo, que estaban -y están- detenidos en distintas causas por presunta corrupción.
Del operativo participaron agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería y personal del juzgado.
Según se informó, se allanaron las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el sector de inteligencia al que se lo conoce como “Área 50”, y se secuestró información.
En total, son tres los jueces federales que investigan maniobras de espionaje ilegal -en distintas formas- ocurridas durante el gobierno de Cambiemos. Dos de las causas se encuentran radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py, en juzgados a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y la tercera está en manos del juez federal de Villena, quien ya comenzó a informar a las eventuales víctimas acerca de la prueba recolectada en su expediente.
En el caso que se investiga en Lomas de Zamora, se analizan maniobras de seguimiento a dirigentes de la más alta jerarquía, como la vicepresidenta Cristina Fernández, su hijo Máximo y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vice, Diego Santilli.
En otro de los dos expedientes, abiertos por denuncias de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, se investigan más de 80 interceptaciones de correos electrónicos, cuyos rastros fueron hallados en un disco rígido encontrado en la sede principal de la AFI. En el restante se investiga si ésta intervino en la confección de fichas ideológicas de unos 500 periodistas y académicos que se acreditaron para participar de cumbres del G20 y la Organización Mundial de Comercio (OMC), realizadas en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri.
Preocupación
En declaraciones a la prensa, el presidente Alberto Fernández reiteró su “enorme preocupación” ante el presunto espionaje de la AFI .
“Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer”, dijo, luego de lo cual anticipó su decisión de intervenir el SPF. Como interventora se designó a la ex jueza y ex titular de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori.
“Es alguien que conozco desde mis 20 años; una persona impoluta en la Justicia”, afirmó el presidente sobre la nueva interventora.
Al referirse a las denuncias sobre presuntas escuchas a detenidos y a sus abogados o visitas, el mandatario reflexionó: “Yo he ido a Ezeiza muchas veces y seguramente yo estaré también allí escuchado”.
Imputados
En la causa que se investiga la supuesta intercepción de correos electrónicos, el fiscal Jorge Di Lello ya imputó al ex presidente Mauricio Macri; al ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; a su segunda, Silvia Majdalani, y a otros tres agentes de inteligencia.
En ese expediente, Arribas presentó espontáneamente un escrito ante el juez Martínez de Giorgi, en el que negó “terminantemente haber cometido delito alguno” durante su paso por la AFI, entre 2015 y 2019.
El ex funcionario designó a Gustavo Presman como perito de parte para intervenir en un peritaje del disco rígido que originó la denuncia y nombró como abogados a Andrés Coronato y Alejandro Pérez Chada éste, uno de los abogados predilectos de Macri.
Querellantes
Cabe destacar que muchos de los periodistas espiados -de distintos medios de diferentes plataformas- se presentarán como querellantes en los próximos días, agrupados en un planteo colectivo que encabezará el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
