ESCUCHARA justo un mes de que se cumpla el año de la sanción de la ley que castiga la trata de personas con penas que van de los tres a los 15 años de cárcel, una treitena de casos ya llegaron a la Justicia federal de Córdoba; según fuentes judiciales, doce de ellos se encuentran en etapa de instrucción en manos de los juzgados federales ubicados en la ciudad Capital, con imputados y donde las víctimas de explotación sexual ya han sido rescatadas. Pero todavía ninguna fue elevada a juicio. El resto está en etapa de investigación en las distintas fiscalías.
La mayoría de las víctimas son mujeres menores -adolescentes la gran parte-, provenientes de provincias norteñas y del Paraguay.
Desde la organización nacional Coalición Alto a la Trata (constituida por varias ONG que luchan contra el flagelo), explicaron que los jueces del país están tomando declaraciones a las víctimas a los 15 ó 20 días de haber sido rescatadas o que han podido escapar. Ese suele ser el tiempo que transcurre hasta que “están en condiciones” para poder hablar frente a un juez.
“Durante esos días se las asiste psicológicamente y con abogados, para que empiecen a perder el miedo. Se les dice cuáles son sus derechos y se las ayuda para que puedan verse como víctimas, porque muchas de ellas se ven como prostitutas. Además, durante ese lapso empiezan a tomar contacto con sus familias”, detalló Claudia Lascano, referente de la organización a nivel nacional.
Deterioro
Por su parte, la abogada y representante de la Coalición a nivel local, Natalia Lescano, sostuvo que “el grado de deterioro y disociación en ellas es grande” y que ese tiempo es necesario para la estabilización de la persona que, además de víctima, es testigo de la explotación sobre otras mujeres.
Las especialistas sostienen que las declaraciones que les toman en la Justicia pueden llegar a contener “más detalles y precisiones”, una vez que se las acompaña a las víctimas en un proceso en el que participan psicólogos, trabajadoras sociales y mujeres policías, hasta que empiezan a perder el temor y adquieren algo de confianza.
Profesionalización
“Desde que está la ley vemos que desde las fuerzas de seguridad (policía, Perfectura y Gendarmería) están empezando a profesionalizarse y a sumar mujeres en los operativos de allanamiento y acompañamiento durante esos 15 días hasta que las chicas declaran”, describió Claudia Lascano. “Sin embargo -recalcó-, se está trabajando muy pobremente respecto de la asistencia a la víctima por parte del Estado. En nuestro caso, las estamos acompañando, trabajando con algunas dependencias públicas, con otras ONG y con la Organización Internacional de Migraciones”.
