ESCUCHARLos Juzgados de Ejecución Penal en Córdoba cumplieron un año. Su puesta en funcionamiento llevó más de una década desde la sanción de la ley 8658, que preveía su creación, y se transformó en una realidad, entre otras cosas, acelerado tras el motín del penal de la cárcel San Martín ocurrido en febrero de 2005 que dejó ocho muertos y unos 35 heridos.
Nacieron con el objetivo de controlar que se respeten las garantías constitucionales en el trato hacia los condenados y el cumplimiento efectivo de las sentencias, hecho que se concretará recién en agosto del próximo año, cuando se transfieran definitivamente todos los expedientes que permanecen bajo la órbita de las Cámaras del Crimen.
Actualmente, su actuación acotada ha permitido resolver con la premura necesaria los planteos que los internos realizan a estos tribunales, pero las dudas se generan cuando los fríos datos estadísticos demuestran que la carga de trabajo se verá notablemente incrementada, sin la previsión de sumar nuevos recursos humanos a la tarea.
Actualmente, los seis juzgados de Ejecución Penal de la Provincia de Córdoba, tienen sólo la supervisión de las condenas firmes de prisión perpetua y la ejecución de las penas que van desde los 16 a los 25 años. La intención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es que el traspaso de las competencias se haga de forma progresiva.
Precisamente, está previsto que a partir del mes próximo, los magistrados de este Fuero comiencen a supervisar las penas privativas de la libertad en la franja que va desde los 11 a los 15 años y para el próximo año se concrete la tercera y cuarta etapa de integración gradual de la Justicia de Ejecución Penal. Según fijó el Alto Cuerpo en una acordada firmada en mayo pasado, en abril de 2009 los jueces de Ejecución pasarán a tener el control de penas mayores a 6 años y, en agosto de ese año deberán supervisar la totalidad de las condenas. Esto implicará, indudablemente, un aumento importante del volumen de trabajo, teniendo en cuenta que no está previsto sumar, al menos por ahora, nuevos juzgados de Ejecución Penal.
A modo de ejemplo, es importante destacar que hasta febrero de este año, de un total de 1.157 detenidos en la cárcel San Martín, sólo 109 estaban bajo la órbita de los jueces de Ejecución Penal, con condenas de hasta 16 años del prisión. El resto, 1.038 reclusos cumplían penas máximas de 15 años, todos a la espera de ser absorbidos por los flamantes juzgados.
Según datos oficiales del Servicio Penitenciario, el universo mayor de reclusos de San Martín era integrado por aquellos con penas que van desde los 6 a los 10 años de prisión, con un total de 476 detenidos, seguido por personas condenadas a menos de 5 años, 392 reclusos, y otros 180 con condenas de 11 a 15 años. Todos ellos serán quienes pasen progresivamente al Juzgado de Ejecución a partir de setiembre y hasta agosto de 2009.
En promedio, se estima que hoy cada uno de los tres Juzgados de Ejecución de Córdoba tienen 300 detenidos a cargo. En el Juzgado de Ejecución Nº 1, a cargo de Daniel Cesano, hasta la semana pasada habían ingresado 461 causas y se habían planteado 109 hábeas corpus. Trabajan allí ocho personas: un juez de ejecución, un secretario, un prosecretario, cuatro empleados y un pasante. El esquema se repite en el resto de los Juzgados de Ejecución.
Si se toma en consideración
