ESCUCHAREn conmemoración de esta fecha, referentes de la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba reflexionaron sobre esta temática y destacaron avances y desafíos
El día 25 de noviembre fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. El origen se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa- activistas sociales, conocidas como “Las Mariposas”, fueron asesinadas por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo, del que eran opositoras. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, resolvió que, a partir del año siguiente, el 25 de noviembre sería la fecha estipulada como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. “En esta fecha se visibiliza la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, concientizar e instar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a extremar los esfuerzos en la lucha contra la violencia, como la forma más dura y cruda de discriminación de la mujer”, señala en diálogo abierto con Comercio y Justicia Mónica Traballini, vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación de Córdoba y directora de la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. La acompañan Ana Pagliano, defensora Pública de Víctimas del 24° Turno y coordinadora del Área de Formación, y María Ligia Tulián, jueza de Control de Niñez, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Río Segundo y coordinadora del Área Institucional de la mencionada oficina.
Al ser consultadas sobre cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres y las niñas, dijeron que existen instrumentos normativos que describen tipos y modalidades de violencia contra la mujer: en primer lugar, la Convención de Belém do Pará, que es un tratado internacional; también lo hace la ley nacional 26485, de Protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. En cuanto a los tipos de violencia, esta ley enumeró distintas clases (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica), “pero en el año 2019 se incorporó la violencia política. Lo mismo ocurrió con las modalidades de violencia, según los espacios en donde ésta se produce; por ejemplo, doméstica, laboral, institucional, reproductiva, obstétrica y mediática. A estos contextos se añadió, también en 2019, la violencia en espacios públicos, la pública-política y la telemática. Este ensanchamiento de las hipótesis legales demuestra que la labor de concientización y sensibilización que desde distintos sectores se ha promovido ha logrado refinar los conceptos e identificar nuevas formas de violencia que antes no se reconocían como tales; conductas que existían pero no se las asociaba a la violencia”, señala Traballini.
Justicia
En cuanto a la labor a nivel judicial, destacan que en el Poder Judicial de Córdoba se han implementado varias herramientas. Entre otras, enumeran el fuero de Violencia Familiar, fiscalías especializadas, defensorías de víctimas y una oficina de coordinación en materia de violencia familiar que, entre otras cuestiones, articula el trabajo de las áreas involucradas en estos procesos, con equipos específicos; con todo ello se logra una mirada diferencial respecto de otras situaciones de vulneración o afectación de derechos.
Educación
Asimismo, las entrevistadas coincidieron en que la educación es la forma más eficaz, tanto a mediano como a largo plazo, para prevenir la violencia contra las mujeres. “Ello implica deconstruir y desaprender una cultura que tolera esa violencia”, dijo Traballini. Como logros concretos de prevención señalaron la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que atañe a todos los niveles y modalidades de las instituciones educativas de Argentina, y mencionaron que se han relevado numerosos casos en los que niños y niñas que, luego de una clase de educación sexual, pudieron verbalizar por primera vez haber sido abusados. También aludieron a la llamada Ley “Micaela”, promulgada el 10 de enero de 2019, que dispone la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tulián destaca que en los últimos 10 años se ha advertido un esfuerzo importante por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, para implementar la Ley Micaela en instituciones educativas, asociaciones gremiales, colegios profesionales, entre otros, “para poner el tema en agenda”.
Desafíos actuales
Según Pagliano, el Estado tiene la obligación, por los tratados internacionales firmados, de reconocer los derechos de las mujeres y niñas, y generar los mecanismos efectivos para que éstos puedan garantizarse en todas las áreas -prevención, investigación y sanción-. Muchas de ellas, que eran herramientas valiosas, a nivel nacional hoy han sido desactivadas. En Córdoba, afortunadamente, estos instrumentos y políticas públicas siguen vigentes y hay buenas perspectivas para seguir trabajando en mejorarlas. Por su parte, Tulián dijo que es necesario que en todo el país se garantice un marco legal que cubra los requerimientos mínimos para hacer frente a cuestiones de violencia de género. Si bien en Córdoba no ha menguado la asignación de recursos para asistir a mujeres víctimas, subsiste una asignación dispar de recursos entre Capital y el interior que debería ser revisada (por ejemplo, con respecto al alojamiento de las mujeres víctimas). A su vez, señala como un gran desafío el abordaje interdisciplinario al agresor varón, que es incipiente.
Argentina y el voto en la ONU
Consultadas por el reciente voto de Argentina en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU para “Intensificar los esfuerzos en la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, en especial en el entorno digital”, las entrevistadas consideraron difícil comprender las razones de esta decisión, que tampoco han sido explicadas, más allá de una negativa genérica. Según Traballini, el documento “hace pie en convenciones y recomendaciones internacionales y justifica el pronunciamiento en el dato innegable de la mayor exposición que sufrimos mujeres, especialmente niñas y adolescentes, en el mundo digital”. Pagliano agregó que son convenciones que Argentina suscribió hace años y que, si no las respeta, incurre en responsabilidad internacional.
La Corte
Al ser consultadas sobre la ausencia de una mujer en la integración del Máximo Tribunal, dijeron que la actual integración y las nominaciones masculinas para las vacantes, son una muestra más de la subrepresentación de las mujeres en los espacios de decisión y de la profunda desigualdad estructural que subsiste aún en el siglo XXI. “Se genera una situación contraria a las convenciones internacionales, que supone un claro retroceso porque entre los años 2005 y 2014 la Corte contó con dos ministras, las Dras. Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, y su presencia marcó una impronta cualitativa en la gestión y decisiones del Alto Tribunal”, dijo Traballini. Manifestaron, además, la expectativa que albergan respecto de la actual vacante del Tribunal Superior de Justicia cordobés, que también debería ser cubierta con una mujer.
Sobre la Oficina de Género
La Oficina de Género, que tiene como antecedente la Sala de Género del Instituto de Estudios de la Magistratura (IEM) evidencia una jerarquización de esta temática en el seno de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, a partir de la presidencia de la Dra. Silvana Chiapero. Cuenta con dos áreas de trabajo: de formación e institucional. La primera, a cargo de Pagliano, tiene un fin de capacitación interna y también hacia la sociedad. En esa línea destacó que se han tendido algunos puentes muy interesantes con algunos sectores de la sociedad, como es el caso de empresas de taxis, con resultados muy gratificantes. A su vez, el área institucional, a cargo de Tulián, atiende a las necesidades y situación de las mujeres dentro del Poder Judicial. También se cuenta con un muy valioso grupo de más de veinte colaboradoras y colaboradores de distintos fueros, tanto de capital como del interior.
Campaña de visibilización
Hoy a las 19, en el marco de la Campaña de concientización sobre la Violencia hacia las mujeres que lleva a cabo la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, se realizará como actividad especial en la sede ubicada en calle Belgrano 224, de la ciudad de Córdoba, la instalación de un banco rojo, símbolo del dolor de las mujeres víctimas de violencias extremas. Esta iniciativa se suma al proyecto internacional gestado en Italia y luego difundido hacia numerosos países, entre ellos el nuestro, que tiene como objetivo visibilizar estas violencias en los espacios institucionales públicos y privados.
La actividad se realiza desde la Oficina de Género, con la participación del Área de Cultura y el Taller de Pintura de la Asociación. Durante el acto se exhibirá el banco de madera, en el salón principal de la planta baja de la sede social, previamente pintado de color rojo por las alumnas/nos del Taller de Pintura, quienes, en la ocasión, realizarán sobre él una intervención artística, mientras musicaliza el momento el grupo “Prestíssimo”. La confluencia de ambas expresiones artísticas será el marco ideal para invitar a los/las asistentes a dejar también por escrito su propio mensaje.
Por otra parte, hoy se lanzará una campaña en las redes sociales institucionales, con una serie de videos que visibilizarán las distintas formas de violencia, explícitas y sutiles, a las que están sometidas las mujeres, muchas de ellas naturalizadas socialmente. El banco rojo será el elemento unificador de la campaña, donde cada video será protagonizado por jóvenes que trabajan en el Poder Judicial de Córdoba, que reflejarán las distintas modalidades de violencia hacia las mujeres.
Redes: @magistracordoba
