ESCUCHARAsí lo señaló Carmen Colazo, consultora internacional de Paraguay, durante la Diplomatura de Formación en Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género
“La justicia no es sólo un poder, es algo mucho más integral. Para trabajar la problemática de la violencia de género es necesario hacerlo desde todos los poderes.
La Justicia, como poder, es duro, vertical, patriarcal. Ahora ¿cómo introducimos la mirada de género para romper con esa estructura creada desde la cultura judeocristiana?” se preguntó Carmen Colazo, académica y consultora internacional, con trabajo en los derechos de la mujer en Argentina y Paraguay.
Así lo planteó la conferencista de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género que dicta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a todas las universidades públicas y privadas de Córdoba.
En su exposición desplegó estrategias tales como incluir la representación de la mujer y otros colectivos de identidades de género en los estamentos jurídicos; exigir presupuesto, crear comisiones o espacios formales, generar estadísticas y datos duros para comprender la problemática, entre otros. Todo esto, dijo, ayuda a comprender que la violencia de género es un problema de política pública y desarrollo humano.
Para Colazo, un nuevo paradigma de justicia contempla “estrategias, práctica y gobernabilidad democrática dentro del gobierno de la justicia”. “El Poder Judicial decide nuestra libertad, nuestra propiedad privada, nuestras relaciones de familia, el vínculo que tenemos con nuestros hijos y debería hacerlo desde la no adscripción a partidos y de manera ciega e imparcial, pero también igualitaria y sensible” -dijo, y finalizó-: “Lo que proponemos es cambiar el tanque, que es el Poder Judicial, pesado, inquisidor, por una bicicleta, mucho más ecológica”.
Otra de las expositoras fue Agustina Olmedo, secretaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el área de la Oficina de Coordinación de Violencia de Género. La especialista contó cómo se trabaja la coordinación de políticas entre el Poder Ejecutivo y Judicial para combatir la violencia de género.
La oficina que ella representa, explicó, “viene a cubrir un espacio entre la denuncia y la audiencia judicial en la cual se entrevista a la víctima para hacer un seguimiento integral del caso”.
Y graficó: “Hemos llevado adelante más de cien acciones entre el poder judicial y el ejecutivo, especialmente con el Ministerio de Justicia, para darle una atención especial a la víctima de violencia de género. Todos los expedientes o el material judicial de los casos están disponibles para que puedan ser usados por los operadores, en caso de ser necesario. Este tipo de documentación sirve para generar políticas de prevención”.
