ESCUCHARPor Marcos Sequeira. Tributarista. Profesor de posgrado en diversas universidades, expositor y conferencista
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba envió a la Legislatura el día 15 próximo pasado, los proyectos de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para 2022; Ley Impositiva Año 2022 y modificaciones al Código Tributario.
Consideraciones de los anteproyectos
Se trata de normas realistas. En este caso, en contra de lo que manifiestan algunos economistas y del mensaje del Gobierno nacional, las expectativas para el año 2022 no son de crecimiento. En ese orden de pensamientos, quienes anuncian un regreso a los valores prepandemia, probablemente alimenten expectativas positivas porque no recuerdan cómo estábamos en esa época, en la cual prácticamente todos los indicadores de la economía y las finanzas eran negativos: alta inflación, creciente e incontrolable aumento de los niveles de pobreza, alzas en el desempleo, estancamiento de la economía; caídas en las reservas del Banco Central, etcétera. Por ende, “volver a los valores prepandemia” no significa ningún avance sino todo lo contrario, dado que el covid 19 terminó de fulminar muchas economías regionales, aumentó los niveles de pobreza, de desempleo, del empleo informal -“en negro”-; acelerando el proceso de éxodo a otros países de un número significativo de empresas. Estas empresas se fueron mudando a países, la mayor parte de ellos, de la región, en los que los costos fiscales son sensiblemente inferiores y la seguridad jurídica es mayor. No creo que ninguna tenga dentro de sus planes regresar.
El panorama actual y su influencia en los anteproyectos
Influyen de manera directa, porque ese “pesimismo” que evidencian los pronósticos realistas, se ve reflejado en todos los anteproyectos mencionados, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es irrebatible que las autoridades provinciales, comenzando por nuestro gobernador, Juan Schiaretti, y el ministro de Economía, Osvaldo Giordano, no se han dejado confundir por el discurso político y, haciendo buena gala de su formación como profesionales en Ciencias Económicas, perciben la situación tal cual es.
Todo ello nos lleva a la conclusión de que las modificaciones para el año próximo muestran un aumento del costo fiscal. Aumento que en todos los casos supera los pronósticos de inflación y que va acompañado de algunas decisiones políticas que apuntalan una distribución de las cargas tributarias de forma más equitativa.
Datos a tener en cuenta
El aumento en el costo fiscal total en la provincia, contemplando los ingresos impositivos nacionales y los provinciales, es de 73%. Los impuestos provinciales se incrementan 70%, el impuesto sobre los Ingresos Brutos aumenta 70%, el impuesto Inmobiliario, 60%, el impuesto de Sellos, 88%, el impuesto a la Propiedad Automotor, 62% y el impuesto sobre las Embarcaciones, 400%. Ésos son los datos cuantitativos.
Cualitativamente, el aumento del costo fiscal es mayor en las manifestaciones de capacidad contributiva más significativas y menor donde ésta prácticamente no existe o bien es ínfima.
Ergo, el porcentual del incremento de la presión fiscal sobre propiedades en country, por dar solo un ejemplo, es superior al de una propiedad ubicada en un sector marginal. Algo semejante acontece con el impuesto a los Automotores, etcétera. Ésta es una información que modifica el rumbo histórico del sistema tributario provincial, encaminándolo a uno más justo y conteste con la Constitución de la Provincia, de la Nación y también con lo establecido en algunos instrumentos en materia de derechos humanos. En todos ellos se fijan principios básicos de la tributación, tales como la equidad, capacidad contributiva, legalidad, igualdad, no retroactividad, generalidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, entre otros.
Como dato negativo, Córdoba continúa manteniendo los denominados “impuestos sobre las aduanas interiores” (“incrementos de alícuotas” del impuesto sobre los Ingresos Brutos por operaciones con otra jurisdicción e “impuesto a la mera compra”). Ello, pese a que la legislación constitucional expresamente las prohíbe desde hace casi 170 años.
Ésta es una de las tantas reformas que nuestra Provincia, como la mayoría de las demás jurisdicciones argentinas -que tienen legislación análoga- se comprometieron a derogar, lo que fue incumplido en prácticamente todos los casos.
Recomendación a los legisladores
La recomendación en términos generales a los legisladores es:
1°) redistribuir las partidas presupuestarias, disminuyendo el gasto y la inversión pública, de manera que el aumento del costo fiscal no supere 35% o 40 %;
2°) antes de aprobar esta nueva Ley de Presupuesto, también les sugeriría efectuar un exhaustivo control sobre el cumplimiento efectivo de la Ley de Presupuesto del año 2021.
Si realizan este control, podrán observar que hay importes muy significativos de fondos que, teniendo una afectación específica, fueron a parar a otro destino. En no pocos casos, esta “reeimputación” evidencia que hay erogaciones que podrían haberse evitado y que, trasladadas al proyecto para el año que viene, deberían ser directamente eliminadas o bien reasignadas de modo transparente. No es una tarea sencilla, pero sí perfectamente posible y que, si se realiza, llevará a conclusiones increíbles. Por ejemplo, esto sucede con los Programas de Salud y Bienestar; Igualdad de Género; Protección del Medio ambiente; etcétera.
Régimen de Coparticipación Federal: tema pendiente
Córdoba debe abogar por la sanción de un nuevo régimen de Coparticipación Federal de Tributos. El vigente nos deja a merced de la buena voluntad del Poder Político -con el que nuestros gobernantes no concilian-.
También urge resolver el problema del déficit permanente en el sistema de seguridad social, para cuya cobertura Córdoba también depende del Poder Ejecutivo nacional.
Sobre ambos temas, durante el gobierno del ex presidente MauricioMacri, se mantuvieron reuniones diversas, habiéndose, inclusive, conformado comisiones de trabajo. En lo personal, tuve el honor de ser convocado por el Ministerio del Interior de la Nación a los fines de participar como asesor -ad-honorem-, compromiso que gustosamente cumplí.
Lo paradojal es que haya tenido que representar y defender los intereses de la Nación, y no los de Córdoba que, sin dar explicaciones, rechazó esa participación mía a su beneficio. Penosamente, los asesores y representantes de nuestra Provincia asumieron una posición irresoluta, cuando no directamente brillaron por su ausencia o esta postura en defensa de los intereses de los cordobeses fue manifiestamente débil.
Lo concreto es que hay que asumir un rol más protagónico y ser muy cuidadoso al momento de decidir quién nos represente. La solución de la mayoría de los problemas a los que nos hemos referido desaparecerían con un régimen verdaderamente “federal” de distribución de recursos coparticipables.
