ESCUCHARLa Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) en representación de los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país, presentó una nota al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce para solicitar se exija expresamente que los trabajos profesionales presentados estén debidamente legalizados.
La presentación, que fue enviada también a los presidentes de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), propone modificar la normativa del BCRA a los efectos de incluir la exigencia de que la información económica y financiera que presentan los clientes a las entidades bancarias deba ser acompañada con informes profesionales legalizados por el CPCE correspondiente.
«Como es de su conocimiento, periódicamente, las entidades bancarias solicitan a sus clientes información de tipo económico y financiero, ya sea para mantener actualizado sus legajos o en el marco de alguna transacción particular. En muchos casos, esa información debe ser acompañada por un informe de un profesional de ciencias económicas, el cual, dependiendo de la incumbencia profesional correspondiente, deberá ser suscripto por un contador público, licenciado en administración, licenciado en economía o actuarios», refiere la nota.
«Se observa en la práctica una gran cantidad de información que habitualmente es presentada por los clientes ante las entidades bancarias, respecto de las cuales no se requiere la presentación de un informe profesional, o, en caso de solicitarlo, no se requiere que se presente con la correspondiente legalización del CPCE pertinente», asegura la misiva.
Relevamiento
En base a un relevamiento realizado oportunamente, la Facpce observó que los casos más comunes de información respecto de la cual no se exige que se presente acompañada por los informes profesionales legalizados, son los siguientes: manifestaciones de bienes, estados patrimoniales de explotaciones unipersonales, certificaciones de ingresos, flujo de fondos proyectados y otros.
En todos los casos, las entidades bancarias aducen que no existiría una normativa del BCRA que lo exija.
