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La CGT avanza con una propuesta para lograr la responsabilidad solidaria de la empresa principal en todos los supuestos de contratación y subcontratación de personal tercerizado.
Mientras parecía que, tras el encuentro entre dirigentes de la Unión Industrial (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) -tras la muerte de Néstor Kirchner-, el proyecto de distribución de ganancias no sería tratado antes de fin de año, los empresarios cayeron en la cuenta el pasado miércoles de que, por debajo, avanzaba otro proyecto que impactará profundamente en la administración privada. Se trata de otra iniciativa impulsada por el diputado Héctor Recalde, que propone que las empresas principales sean solidariamente responsables por sus contratistas, ya sea que la tercerizada sea una actividad principal para la compañía o cualquier otra. El proyecto obtuvo dictamen de comisión en Diputados esta semana, podría ser tratado y aprobado antes de fin de año y seguramente está llamado a congregar el rechazo de buena parte del arco empresarial, dado el nivel de extensión de la tercerización de actividades accesorias en la economía nacional.
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable sobre un proyecto promovido por la CGT, que contó con el apoyo de representantes del oficialismo y de la oposición. Se trata de una iniciativa que establece la responsabilidad solidaria de la empresa principal en todos los supuestos de contratación y subcontratación de personal tercerizado.
No se trata de una iniciativa nueva, pues ya había sido impulsada por Julio Piumatto. Y, además, se trata de una propuesta que está en línea con la doctrina que sostiene la Corte Suprema de Justicia en su actual composición.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del legislador y asesor de la CGT, Héctor Recalde. Los graves sucesos acaecidos entre obreros ferroviarios y un grupo de trabajadores tercerizados, que culminó con el asesinato de Mariano Ferreyra, volvió a poner en la agenda de la central obrera la situación de estos trabajadores, por lo que los diputados afines a la CGT decidieron avanzar con el proyecto.
Los cambios propuestos
Según explicó a Comercio y Justicia el diputado Héctor Recalde, el proyecto prevé la modificación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que las empresas principales sólo son solidariamente responsables cuando la tercerización se realiza sobre la actividad principal de la compañía. La iniciativa propone que esta corresponsabilidad se extienda a actividades “propias o accesorias pero necesarias, complementarias o coadyuvantes” de la empresa, ya sea que éstas se realicen dentro o fuera de su establecimiento, precisó Recalde.
“Las empresas que tercerizan deben ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los contratistas o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios y no podrán delegar esta obligación en terceros”, indica el texto de la iniciativa.
El cambio responde a una caracterización compartida tanto por trabajadores como por empresarios, que saben que la mayor cantidad de casos de tercerizados se dan “en actividades accesorias”. Esta práctica es comun para las actividades de limpieza, seguridad o mantenimiento, por ejemplo.
Recalde explicó ayer que el proyecto busca “igualar” la protección de los tercerizados con la del trabajador estable. “Con esto, evitamos que (la subcontratación) sea una vía oblicua de bajar los costos laborales a expensas de los derechos de los trabajadores”, sostuvo el legislador, quien interpretó que la metodología de la tercerización es “una cuestión antigua”, extendida a partir de los procesos de privatización que se hicieron en los noventa. Algunos datos surgidos de las propias empresas parecen darle la razón, pues el propio director general ejecutivo de Telecom Argentina, Franco Bertone, anticipó esta semana la intención de la compañia de “comenzar a reducir” su dotación de tercerizados, que en la actualidad asciende a 14.000 personas, poco menos de los 15.000 trabajadores efectivos de la firma.
La UIA hizo punta
La única entidad que salió ayer rápidamente a expresar sus reparos contra la iniciativa fue la UIA.
Su secretario, José Ignacio de Mendiguren, alertó ayer que el proyecto alentado por diputados vinculados con la CGT puede “atentar contra la competitividad” del sector. “Esto puede ser un golpe a la competitividad de la economía. Todos tenemos que trabajar para generar un buen clima y no todos los días sorprendernos con nuevas cosas”, reclamó.
“La tercerización es una herramienta para la competitividad de las empresas, es una tendencia mundial”, señaló además en declaraciones radiales y reconoció que iniciativas de este tipo “preocupan” al empresariado y alerto que si el proyecto que avanza en Diputados está “mal hecho” puede “ser un instrumento que utilicen algunos para tener empleados en la informalidad”.
Polvareda
De acuerdo con la interpretación del abogado laboralista Eugenio Biafore, el proyecto que está avanzando en Diputados “va a generar mucha más polvareda que la discusión por la distribución de ganancias”. Si bien reconoce que “no todas las empresas” recurren a las tercerizaciones para bajar sus costos, esta estrategia está “en muchos casos en el corazón de la maximización de ganancias” de muchas compañías, indicó.
Consideró además que el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo fue realizado en un contexto laboral “absolutamente distinto al actual” y “no podía captar la direccionalidad que la economía capitalista iba a tener en el futuro”.
