ESCUCHARLa partida es $19 mil millones mayor que la original. Las provincias pretendían $113 millones. Sin embargo, quedó explícito que el monto podrá variar frente al proceso inflacionario. Además, hubo otras concesiones, previo al dictámen que se tratará en el recinto.
Las provincias recibirán en 2023 recursos por $85,000 millones en concepto de subsidios para destinar al transporte automotor de pasajeros, aunque para tener esos beneficios deberán instrumentar la tarjeta SUBE, según se estableció en el dictamen de Presupuesto para el año próximo.
La decisión se ratificó en el plenario de la comisión de Presupuesto realizado ayer, luego de aceptar el pedido formulado por los legisladores del interior del país que argumentaron la necesidad de tener un reparto más equilibrado entre la región metropolitana y las provincias.
Concretamente, el planteo tuvo como protagonistas a representantes de Córdoba en la cámara baja, en particular del Interbloque Federal, afines al gobernador Juan Schiaretti, pero también de Juntos por el Cambio.
El aumento de las partidas para el transporte del interior no cubrió las expectativas de las provincias que pedían subir el monto a 113 mil millones de pesos. Con todo, lograron una mejora en relación al proyecto original y el compromiso que quedó explícito, de que la cifra se revise al alza en función de la suba de costos por la inflación.
En paralelo, las administraciones provinciales venían reclamando fondos adicionales para este año por $13.000 millones a fin de solucionar la controversia que existe entre las empresas y la UTA por reclamos salariales, que volvió a anunciar un paro de 72 horas para la próxima semana.
Si bien había un compromiso de las autoridades del Ejecutivo para cubrir el costo salarial extra que demanda atender la paritaria de UTA, esa mejora no había quedado en firme hasta anoche.
Mientras, con el cambio cristalizado en el dictámen para 2023 el reparto será más parejo que en la actualidad ya que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense recibirán unos $104.000 millones y las provincias $85.000 millones.
De acuerdo al artículo 81 del dictamen de mayoría se prorroga el Fondo de Compensación y se fija un piso de $85.000 millones en concepto de subsidios a partir del cual “se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías en base a la asignación de recursos, conforme a la demanda de pasajeros”.
También se crea el Consejo Federal para la administración de los subsidios para evaluar “el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.
En esa linea, el articulo fija que será el ministerio de Transporte el que se encargue de “reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.
Más cambios
Por lo demás, el oficialismo logró los consensos necesarios para que el Proyecto del Presupuesto para el año próximo cuente con apoyo de la mayoría en la comisión a partir de una serie de cambios al texto original.
Para lograr el dictamen de mayoría en comisión, hubo diferentes concesiones a diputados de la oposición preservando de alteraciones a los objetivos económicos buscados, especialmente en el aspecto fiscal. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, aceptó incorporar una cláusula para evitar el uso discrecional de haber un incremento en los recursos tributarios, como pedía Juntos por el Cambio.
Así, si la inflación es mayor y, por tanto, la recaudación supera a las proyecciones por causa de la indexación, el Gobierno no tendrá recursos para gastar discrecionalmente durante el próximo año electoral. Según lo estipulado, si al octavo mes del año próximo la inflación acumulada supera en un 10% a la meta prevista o los recursos fiscales están un 10% arriba de lo presupuestado, el Poder Ejecutivo no podrá ampliar el presupuesto por decreto. Contrariamente, deberá reasignar el “excedente” fiscal mediante una ley complementaria.
Finalmente, se incorporó en el Proyecto de Presupuesto un artículo para que jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias. La solicitud la realizó el diputado oficialista Marcelo Casaretto, secretario de la comisión, quien argumentó que por esta exención del gravamen el Estado no recaudará durante este 2022 “129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”.
De esta manera, la próxima semana se votará un Proyecto de ley que en comisión refrendó las pautas económicas diseñadas por el ministro de Economía, Sergio Massa; en donde se estima en 2% el aumento del PBI, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%.
