ESCUCHAREl intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, giró al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia en el sistema de transporte urbano de pasajeros por el término de un año, prorrogable por un período similar.
El texto, de apenas cuatro artículos, otorga amplias facultades a la Municipalidad para hacer cambios en el sistema, en el marco de la situación crítica por la que atraviesa y que, de hecho, causó un paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que ya lleva dos semanas.
El artículo 2 de la iniciativa autoriza al Ejecutivo a “adoptar las medidas extraordinarias y urgentes necesarias, tendientes a la readecuación del diseño estratégico, técnico y operativo de la prestación del servicio, a efectos de garantizar el cumplimiento de necesidades de transporte insatisfechas, extensiones o nuevas vinculaciones en cualquiera de sus modalidades, establecer sistemas alternativos de transporte, modificaciones de frecuencias, rediseño de líneas, así como a disponer el ordenamiento e instrumentación del régimen económico financiero y toda aquella que tenga por finalidad asegurar la sustentabilidad del sistema y la Movilidad y Tránsito Urbano en condiciones de generalidad, regularidad, continuidad, libertad de elección y accesibilidad de los usuarios a los diversos medios de transporte”.
En tanto, el artículo 3 autoriza a “disponer todas las medidas que estime pertinentes a los fines de garantizar la efectiva y regular prestación del servicio de transporte a los usuarios”.
Con ese sustento legal, la idea del municipio es avanzar en un esquema de emergencia para que el servicio vuelva a funcionar.
La intención oficial es que todas las partes involucradas realicen un esfuerzo económico ante la falta de subsidios para atender a los requerimientos del sistema.
En esa línea, el pedido hecho a los choferes de que resignen parte de sus días de trabajo y, por consiguiente, de sus salarios como forma de que los subsidios alcancen para pagar esas erogaciones, es uno de los ejes que por ahora el municipio y las empresas no logran consensuar con el gremio.
El proyecto no fue bien recibido por los principales dirigentes de la oposición en el cuerpo deliberativo. Concretamente, la queja es porque el texto otorga amplias facultades al intendente pero no dispone detalles concretos respecto a cuáles serían las medidas específicas que se tomarán.
En principio, la idea es sumar servicios alternativos, por ejemplo, transporte escolar o bien colectivos afectados al turismo para poder suplir la falta de unidades en esta circunstancia del paro de UTA.
