El Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) tensaron al máximo su relación ante la intransigencia gubernamental en homologar el acuerdo salarial al que arribó el gremio de los camioneros con las cámaras patronales de la actividad y que dispuso un aumento salarial de 45%, que de hecho en gran medida ya vienen cobrando los choferes por medio de adelantos a cuenta, en la mayoría de las empresas de la actividad.
El conflicto se acrecentó luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara a rajatabla que no va “a homologar la paritaria a Camioneros”, ya que según el Gobierno supera la inflación medida por el Indec en los últimos meses y por lo tanto, agregaría presión al IPC futuro.
“Ningún acuerdo puede estar por encima de la inflación”, dijo el funcionario desatando la protesta de Pablo Moyano, líder de los trabajadores, quien advirtió que el gremio irá a un paro ante la negativa del Ejecutivo.
Pese a la amenaza del sindicalista, en Casa Rosada ratificaron que no homologarán el acuerdo del gremio. Fuentes de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, señalaron a los medios especializados que “nadie le va a sacar un dictamen a Cordero bajo presión”. “Para Moyano la homologación es un hecho automático, pero la realidad es que el Estado debe velar por todas las partes”, argumentaron. La respuesta de Moyano fue que el Gobierno no debía “meterse en un acuerdo entre privados”.
La versión de la cartera que conduce Cordero va en línea con la explicación que dio este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien ratificó en su habitual conferencia de prensa que “va a haber libertad absoluta entre las partes”. No obstante, aclaró: “Los acuerdos se están homologado con total normalidad, en el caso de Camioneros hay impugnaciones por una de las partes”.
“La función de la homologación es que no haya impugnaciones, cuando se resuelva en todo caso seguirá adelante el proceso administrativo”, completó el funcionario.
Idas y vueltas del acuerdo
A finales de marzo, el Sindicato de Camioneros acordó con el sector empresario un incremento en los sueldos del 45%, que se abonará en dos tramos: 25% en marzo y el 20% restante en abril. No obstante, sin embargo, el convenio aún no recibió el visto bueno de parte de la Secretaría de Trabajo.
El detalle es que dicho 25% es parte de un acuerdo firmado por el sindicato y dos de las cámaras empresariales del sector, mientras que la tercera, Fedeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarios del Autotransporte de Cargas), marcó su disidencia.
La no homologación del aumento fue cuestionada por el secretario adjunto de la CGT, Pablo Moyano, quien amenazó con convocar a un paro nacional si la modificación salarial no era firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento de 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país”, advirtió Moyano. Este lunes hubo avances del gremio con Fadeeac, que prometió levantar las impugnaciones, y el sindicato postergó la medida de fuerza para el próximo jueves.
El viernes, la Nación homologó 22 acuerdos paritarios, pero no el firmado por Camioneros. La particularidad de la acción oficialista tiene que ver con que se aprobó el acuerdo negociado por otro miembro del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, titular de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentinas (FATSA). La arbitrariedad de la decisión insinúa, en este marco, la intención de provocar un posible choque entre las voluntades de ambos dirigentes.