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La compañía dio por concluidas las conversaciones luego de la instancia de diálogo abierta por la Justicia. Con todo a favor, ahora irá por el embargo de las cuentas. La Municipalidad asegura que “aún puede haber acuerdo”. El proceso data de 2001. Por Alfredo Flury / [email protected]
Los accionistas de la empresa Tecsa, adjudicataria del proyecto de Municipio Digital durante la gestión de Germán Kammerath, dieron ayer por concluidas las negociaciones con la Municipalidad de Córdoba y buscarán ahora ejecutar sus cuentas por un monto de $70 millones.
El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes de la compañía luego de que el viernes venció el plazo de 45 días dispuesto por la Cámara Cuarta en lo Civil y Comercial para negociar una eventual salida al conflicto.
En tanto, el municipio admitió que no hubo acuerdo, aunque no descarta un ofrecimiento “de última” que mejore la propuesta original.
Sin acuerdo en ese ámbito, ahora Tecsa quedó habilitada para avanzar en el cobro de la acreencia luego de sendos pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires respecto a la demanda entablada en 2001 por el trunco contrato del Municipio Digital.
“Vamos a ir por un embargo en las cuentas”, reveló a este medio una fuente allegada a los accionistas.
Según trascendió, los demandantes solicitarán al Tribunal de Arbitraje que trabe embargo por un monto de entre cuatro y cinco millones de pesos mensuales sobre las cuentas de la comuna en el Banco de Córdoba.
En tanto, fracasada la negociación para acordar una eventual salida a ese reclamo, quedará activado también el juicio por lucro cesante (hasta ahora suspendido) que se encuentra a fallo en una cámara en lo Contencioso-administrativo de la ciudad de Córdoba. Esa demanda involucra un reclamo superior a los $100 millones.
Con todo y más allá de haber concluido las negociaciones, fuentes del municipio no descartaron un nuevo ofrecimiento que pueda desactivar la ejecución de sus cuentas.
Es que, en rigor, las partes no estaban muy lejos de un acuerdo, según admitieron ambos sectores.
Según pudo conocer este medio, la Municipalidad ofertó un monto cercano a los $40 millones a pagar en tres años.
En tanto, Tecsa exigía una cifra mayor -serían entre 5 y 7 millones más- aunque aceptaba el pago a plazo.
Como fuere, el acuerdo no se alcanzó en el período de negociación estipulado y los representantes legales de Tecsa presentaron ayer el escrito ante la Cámara Cuarta en lo Civil y Comercial que da por concluida la gestión.
Llegado el caso de un embargo, el municipio podría confrontar esa solicitud con la vigencia de la Emergencia Económica que, justamente, apunta a evitar ese tipo de recursos.
De confirmarse, un embargo en torno a $4 millones anuales debería extenderse al menos un año y medio.
La sangría sobre las cuentas municipales sería contundente. En tren de comparación, sólo basta recordar que el aumento que hoy acordará el Suoem con el municipio involucra unos $20 millones hasta fin de año.
De todas formas, la decisión final sobre la modalidad de ejecución sobre las arcas municipales correrá en última instancia por parte de la Justicia.
Herencia de Kammerath
El proceso que desembocó en el inminente embargo de las cuentas públicas por unos $70 millones y que incluso podría generar un perjuicio total de casi $200 millones si se comprueba lucro cesante, se inició luego de la decisión del ex intendente Germán Kammerath de rescindir, por “razones de fuerza mayor”, el contrato con Tecsa.
La empresa, conformada por SP SA, Relevamientos Catastrales SA y Recovery SA, había resultado adjudicataria en la licitación para la “Provisión de tecnología informática y asistencia técnica de gestión para la implementación del Municipio Digital y el Programa Córdoba 24 horas”.
El contrato, que se firmó el 3 de mayo de 2001, buscaba fortalecer la recaudación e incluía la provisión de equipamiento informático, además de un contrato de fideicomiso con el ABN Amro Bank, el cual a su vez debía proveer un anticipo financiero por US$50 millones.
La UTE ofertó $ 75 millones. No obstante, ese anticipo no se concretó aunque sí un crédito por US$ 20 millones.
El contrato, que era a ocho años de plazo, apenas se ejecutó un año. Es que a poco de iniciarse, fue duramente cuestionado por el gremio de municipales (Suoem), que denunció “irregularidades” y su oposición a la tercerización del cobro de deuda.
La tenaz postura del Suoem sumada a otros argumentos del Ejecutivo, derivó en la decisión de Kammerath de rescindir el vínculo el 17 de julio de 2002, argumentando “fuerza mayor” y amparado en la Emergencia Económica.
Concluido el contrato y con sólo cinco certificados liquidados a la empresa desde junio a octubre inclusive (cobraba una comisión por el recupero de deuda, además de haber aportado equipamiento informático), los accionistas de Tecsa recurrieron al Tribunal de la Bolsa, órgano habilitado por contrato ante eventuales controversias.
La empresa reclamó entonces el pago de la totalidad del denominado certificado 15, que incluía los fondos que, hasta la rescisión del contrato, la comuna adeudaba a la empresa.
El proceso avanzó incluso con un embargo sobre las cuentas del municipio. Ese goteo, a partir de una medida cautelar presentada por la empresa, logró cancelar parte del reclamo de la compañía por el fideicomiso vigente.
Los trámites judiciales llegaron al fin hasta la Corte Suprema, aunque sin éxito para el municipio.
En total, hay seis demandas que involucran aquel contrato fallido. De esas, cuatro son contra el municipio y otras dos fueron entabladas por la comuna.
“Culpa del Suoem”
En la demanda por lucro cesante que se encuentra a fallo de Cámara y que, de resultar adversa al municipio, involucraría unos 100 millones de pesos, los accionistas de Tecsa culpan al sindicato de municipales (Suoem) por la “imposición” al ex intendente Germán Kammerath, que derivó en la rescisión del contrato
