El proyecto para sumar otras 2.400 tragamonedas al parque de casi 3 mil máquinas ya existentes y explotadas por la Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET), ingresó ayer a la Legislatura en medio de una fuerte polémica por las consecuencias de ese tipo de juego.
Al margen de las expresiones políticas de diferentes sectores, ayer se conoció un documento crítico de la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Social.
El texto hace un repaso por los diferentes tipos de juegos y concluye que “se debe distinguir claramente entre las actividades lúdicas, como son la recreación, el deporte y el esparcimiento, de la perniciosa influencia de los juegos de azar, en especial los que se brindan en los casinos, que además de facilitar la adicción patológica al juego, afectan especialmente a las familias más pobres, que ven allí la solución mágica a sus problemas económicos y afectan a los jóvenes que son atrapados por el egoísmo de un juego esencialmente individualista y que atenta contra la cultura del trabajo y contra la solidaridad”.
La posición de la Pastoral no es nueva y ya se había expresado con motivo de la anterior ampliación de slots, durante la gestión de José Manuel de la Sota.
En tanto, desde Río Cuarto, el gobernador Juan Schiaretti aseguró que le parecía “importante que se trabaje en la ludopatía”, pero que “el juego existe y debe estar regulado (…) El Estado, lo que no puede hacer, es hacer como que no existe, porque existe desde hace tiempos inmemorables”.
Schiaretti también hizo referencia a la imposibilidad de restringir la presencia de slots en localidades no turísticas. Si bien “la lógica es que estén en lugares turísticos”, no puede quitar las habilitaciones de las ciudades sin esas características “porque la Provincia se comería una catarata de juicios”. Asimismo, aseguró que “los mayores jugadores son los que tienen mucho dinero”.
El proyecto que ingresó ayer tiene un único artículo: Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar la instalación y explotación de máquinas de juego o slots, hasta un máximo de dos mil cuatrocientas máquinas dentro del ámbito del territorio provincial, bajo las condiciones y restricciones fijadas en la legislación vigente y sobre la base del pedido que al efecto realicen las autoridades locales; debiendo obtener sobre la ampliación del parque de máquinas autorizadas mejoras en las condiciones contractuales que actualmente ostenta la Provincia y las localidades del interior.
Al respecto, el secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, dijo que aún no está asignado el número de máquinas que le corresponderá a cada localidad. “Esa decisión, como el mayor canon que deberá pagar el concesionario, serán discutidos una vez que se apruebe la ley”, indicó a este medio.
Sí explicitó que de las 19 localidades que disponen de salas con slots, Río Cuarto, San Francisco y Villa María optaron por no solicitar máquinas nuevas.
El proyecto se tratará el martes próximo, mientras que la enajenación de 65 inmuebles nuevos por parte de Corincor se debatirá el martes 30 de diciembre.
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