Se generalizan los despidos en las metalúrgicas cordobesas y se agrava la tensión con la UOM

Sólo dos empresas suman más de 140 desvinculaciones o no continuidades de contratos a término, denunció la UOM. Hay inquietud por el incumplimiento del acuerdo paritario de diciembre, que preveía una cláusula gatillo por inflación que hasta ahora no se pagó. Se sumaron nuevas planillas de costo de la hora de trabajo que las empresas desconocen 

Golpeada por una recesión creciente y con la perspectiva cierta de que lejos de traer soluciones a un sector que las viene requiriendo desde hace tiempo, el nuevo gobierno nacional está creando nuevos obstáculos -por lo menos a las pequeñas y medianas empresas exportadoras-, la industria metalúrgica cordobesa comenzó a achicar de a poco pero de modo generalizado sus plantillas de personal. 

La metalúrgica Montich decidió prescindir de 80 trabajadores; Servicios Industriales lo hizo con 60 personas y en el resto del sector las desvinculaciones van cayendo por goteo, en casos de uno, dos, tres trabajadores por tanda y por mes. 

La cuestión ha caído como un balde de nafta al caldo que se viene cocinando a fuego lento desde hace casi 60 días en los sindicatos que representan al sector, principalmente la Unión Obrera Metalúrgica, por los disparos de los precios y el atraso que va acumulando el salario de los trabajadores, junto a la nueva normativas que pretende aprobar el Gobierno nacional y que arrasa con derechos adquiridos históricos de los trabajadores, plasmados en la Ley de Contrato de Trabajo. 

La tensión llegó a su punto máximo en la tarde de este miércoles, cuando el secretariado nacional de ese sindicato comenzó a distribuir las nuevas planillas con los cálculos de pago por hora de trabajo y categoría, en montos que si bien corresponden a lo efectivamente firmado por las cámaras empresarias de la actividad y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no es lo que las empresas están dispuestas a pagar. 

Efectivamente, el conflicto ya está sobre la mesa desde que las patronales metalúrgicas decidieron incumplir con lo pactado hace ya más de tres meses con el gremio en la paritaria del sector: aplicar aumentos de 7% sobre los salarios de octubre, noviembre y diciembre, con la aplicación de cláusula gatillo en cada mes una vez conocido y confirmado el índice inflacionario del mes precedente. De este modo, los salarios de octubre y noviembre se completaron con los pagos adicionales una vez conocido el índice inflacionario del mes (12,8% en el caso de noviembre, pagado con un ajuste de 7 puntos en una primera etapa y 5,8% en una segunda).

Sin embargo, los salarios metalúrgicos de diciembre aún esperan su cláusula gatillo, denuncian en el sindicato. Alcides Salgado, secretario adjunto del gremio, confirmó a este diario que el sector empresario avisó que no va a respetar el acuerdo oportunamente firmado y busca discutir con el sindicato el porcentaje efectivamente final de ajuste salarial de diciembre, extremo que el sindicato se niega a discutir porque ya está firmado y homologado, por lo cual tiene decidido a ir a la Justicia para hacerlo cumplir.

El problema es que los tiempos (y la inflación) corren más rápido que los tribunales e incluso que el Ministerio de Trabajo, donde el área de Conciliación debe convocar a las partes a actualizar el acuerdo paritario. Al medio, la Confederación General del Trabajo convocó a paro general para el miércoles próximo, medida que el sindicato metalúrgico está decidido a cumplir sin cortapisas, esta vez con el acicate especial de su propia tensión sectorial. 

Las empresas, desafiadas 

La cuestión es parte de las mesas de discusión que están teniendo las empresas metalúrgicas de todo el país, pero en especial las de Córdoba, que a diferencia de otros veranos están viviendo una temporada especialmente activa. 

Las cámaras de la actividad impulsaron por estos días una fuerte ofensiva destinada a impulsar la modificación de la Ley Bases o Ley Ómnibus enviada por el gobierno de Javier Milei al Congreso, que modifica el esquema tributario de las industrias internacionalizadas. 

Si la polémica norma se aprueba, deberán pagar 15% de derechos de exportación por producto, que se suma al 17,5% del impuesto PAIS por uso del mercado de cambios, un combo inédito e impagable para las empresas del caso, en su mayoría pymes autopartistas que trabajan con costos ajustados al máximo por sus clientes, que son terminales automotrices multinacionales con distintas carpetas de opciones de proveedores y poder de fijación de precios.

Así lo explicaron los enviados de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (Cimcc) a la ciudad de Buenos Aires este lunes, que expusieron ante el Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación que está analizando la Ley Bases. Y así lo expusieron el martes ante el gobernador de la provincia, Martín Llaryora, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Petro Dellarossa. En la mesa se avisó que las empresas ya vienen muy mal, están recibiendo menos pedidos de productos, están perdiendo mercados y el nuevo cuadro tributario nacional las termina de liquidar. Quedó flotando en el aire la sensación de que no todas las empresas seguirán en actividad y que se resentirá el empleo. Lo que nadie esperaba es que en realidad ese proceso ya estuviera en marcha, que es precisamente lo que la Unión Obrera Metalúrgica denunció este miércoles.