ESCUCHARFue el único del PJ que no rubricó un documento que avala al jefe de Estado para redistribuir recursos entre CABA y la Provincia de Buenos Aires. “No lo llamaron para firmar”, aseguró el ministro Giordano. El argumento no parece sostenible. El mandatario no acuerda con la forma como se tomó la decisión. Giordano reclamó un debate profundo. ¿Vuelve la tensión Nación-Córdoba?
La Provincia de Córdoba quedó una vez más enfrentada con el Gobierno nacional por el reparto de fondos, ya que el gobernador Juan Schiaretti fue el único mandatario peronista que no firmó un documento en apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández de redistribuir fondos coparticipables entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires.
“No me consta que el Gobernador fue invitado a firmar la solicitada”, dijo anoche el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.
El argumento es difícil de creer. Suponer que el responsable de llamar a cada uno de los gobernadores para que firmen el documento se haya olvidado de convocar a Schiaretti suena muy poco probable. La otra hipótesis para abonar esa alternativa puede ser más política y suponer que a Schiaretti le hicieron un vacío con alguna otra intencionalidad.
En todo caso, la causa de que el Gobernador de Córdoba no haya suscripto la solicitada parece ir más en línea con la postura que esbozó Giordano.
“La posición de Córdoba es que la discusión de la coparticipación es un tema central para el afianzamiento del federalismo y el desarrollo del país”, indicó.
En ese marco, “para avanzar es necesario primero abordar la distribución primaria, es decir replantear qué proporción de la masa de recursos se apropia la Nación y qué parte se distribuye entre las provincias. En este aspecto hay que corregir la excesiva asignación de recursos al nivel nacional que no se condice con el régimen federal que prevé la Constitución, que le asigna la responsabilidad a las provincias de administrar y financiar los principales servicios que provee el Estado, como es la educación básica, salud pública, seguridad y justicia”, completó el funcionario.
“Una vez replanteada la distribución primaria ampliando el financiamiento de las provincias es factible y viable abordar la distribución secundaria, es decir qué porcentaje se le asigna a cada provincia”, concluyó Giordano.
En resumidas cuentas, el Gobierno provincial no coincide con la decisión unilateral y por decreto tomada por Alberto Fernández de avanzar en la asignación de fondos a la Provincia de Buenos Aires, en detrimento de la CABA, determinación que ayer se oficializó mediante la publicación de un DNU (Ver Nota).
La posición asumida por Córdoba trae inmediatamente a la memoria la dura disputa entre el propio Schiaretti y el ex gobernador José Manuel de la Sota con la entonces presidente Cristina Fernández. Aquellos enfrentamientos políticos e institucionales terminaron en muchos casos con presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
El documento
Respecto al documento que recibió el apoyo de 19 gobernadores, fue difundido bajo el título “Reducir desigualdades para una Argentina Federal”.
“Las y los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado”, manifestaron los mandatarios, no sólo del PJ sino de otras fuerzas políticas, excepto de Juntos por el Cambio.
“Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos”, expresaron.
Recordaron que a inicios de 2016, “las y los gobernadores manifestaron en un documento titulado ‘Por un verdadero país federal” su crítica a la decisión del entonces presidente Mauricio Macri “de triplicar por decreto y de manera unilateral la coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
“El entonces ministro Rogelio Frigerio reconoció que la medida era injustificada y prometió públicamente “corregir con un nuevo decreto la coparticipación de la ciudad”, afirmaron los mandatarios provinciales.
El ex funcionario -recordaron-, “agregó que el objetivo fue ‘transferir la policía con presupuesto específico’, y que ‘cualquier otra cosa adicional iba a ser dejada de lado”, y afirmaron que “eso nunca se cumplió, hasta esta medida”.
“Nuestra Constitución, en el artículo 75, establece que el reparto de la renta federal se debe realizar de manera ‘equitativa y solidaria’ otorgando ‘prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, destacaron.
Asimismo, afirmaron que la situación económica y social “requiere un diálogo sincero de todos los sectores para buscar soluciones” y advirtieron que “el esfuerzo debe ser equitativo”.
