La quita buscaría ahorrar unos $2 mil millones, aunque hay varios escenarios. El recorte será para sueldos altos y en algunos casos superará el 30%. Quedarán excluidos 36.800 agentes de Salud y Seguridad. La ministra de Coordinación confirmó que será en abril. Los gremios piden precisiones. Se suma el municipio, aunque acotado
Por Alfredo Flury
El Gobierno de Córdoba aplicará con los sueldos de abril un recorte de sueldos a los agentes y funcionarios de los tres poderes como forma de neutralizar en parte la caída de la recaudación que sólo en marzo resignó unos 3.500 millones de pesos.
La quita recaerá particularmente en los haberes más altos y en algunos casos será mayor al 30 por ciento, según confirmó la ministra de Coordinación, Silvina Rivero.
La intención oficial sería alcanzar un ahorro en torno a los 2 mil millones de pesos en abril por todo concepto. No obstante, esa cifra es parte de los tantos escenarios planteados.
La decisión por ahora no generó una reacción inmediata de los gremios estatales que, según sondeó Comercio y Justicia, aguardarán precisiones para fijar postura.
Según se informó ayer, “por indicación del gobernador, el equipo económico, viene monitoreando permanentemente la recaudación provincial y al mismo tiempo estudiando su comportamiento”.
En ese marco, “la Provincia tiene decidido realizar en el mes de abril un recorte en el pago de las remuneraciones, especialmente de quienes perciben salarios más altos, en los que podrían superar el 30 por ciento”.
El Gobierno argumentó la medida al señalar que “la prioridad de los fondos públicos la tendrá la infraestructura, equipamiento de salud y la atención de los ciudadanos de nuestra Provincia que se vean afectados por el coronavirus”.
Por lo tanto, se indicó, “estarán exceptuados de la misma, el personal de los servicios esenciales como salud, seguridad y todos los que hacen a la atención de esta pandemia.
Asimismo, los haberes del mes de marzo se pagarán normalmente de acuerdo al cronograma previsto”, completó el escueto documento.
La falta de precisiones del texto y el hermetismo de los funcionarios fue ayer denominador común.
Con todo y según pudo conocer Comercio y Justicia, la escasez de datos es, sencillamente, porque la idea es ir monitoreando la situación para recién tomar una decisión definitiva, por ejemplo, respecto al universo de empleados que incluirá la quita y el porcentaje del recorte.
En ese marco, la estrategia es anticipar que habrá recortes. El tenor de esa medida se verá en función de la evolución del panorama, esto es básicamente de la recaudación de abril y de las eventuales ayudas extraordinarias que lleguen desde el Gobierno nacional, confirmaron desde el Ejecutivo.
Sin embargo, este medio hizo una proyección con los elementos que hay al alcance y algunas pistas que deslizó el Gobierno.
La posibilidad es lograr un ahorro en torno a los 2 mil millones de pesos. Pero ese número es tentativo y forma parte de uno de los varios escenarios potenciales que se planteó el Gobierno.
Hasta ahora hay un dato ineludible. La coparticipación impositiva en marzo subió apenas 28 por ciento. Ingresaron por ese concepto 10.964 millones de pesos. Si esos envíos hubiesen evolucionado conforme lo venían haciendo en los meses previos, la coparticipación debió haber llegado a unos 13 mil millones de pesos. En definitiva, sólo por ese concepto la Provincia resignó unos 2 mil millones de pesos en marzo.
En tanto, aún no hay datos sobre la recaudación propia. Sin embargo, si se replica la evolución de los giros nacionales, los ingresos propios habrían resignado unos 1.500 millones de pesos.
Así, el quebranto por la crisis habría impactado en unos 3.500 millones de pesos en la Provincia sólo en marzo.
En ese marco, la administración de Juan Schiaretti ya hace proyecciones sobre lo que ocurrirá en abril. Nada hace suponer que la situación variará. En todo caso, podría ser aún peor.
Es en ese contexto en el que la Provincia resolvió a anunciar el recorte de sueldos pero por ahora a modo de “título”. Un enunciado sin precisiones y cuyos detalles que se irán conociendo conforme evolucionen los ingresos y así se pueda saber cuánto hay que recortar.
Pero aún así hay algunos datos que bien pueden contribuir a acotar la incertidumbre.
Según datos a diciembre pasado, hay 129.526 empleados públicos incluidos funcionarios y personal del Poder Legislativo y Judicial.
El Gobierno ya informó que no estarán incluidos en el recorte los que pertenezcan a sectores considerados esenciales en esta circunstancia en función de la pandemia. Incluyó en ese grupo a Salud y Seguridad aunque también deslizó que habría otros. No obstante, el grueso está en esos dos sectores.
En Seguridad son 25.189 trabajadores. En tanto, en el escalafón de Salud suman 11.685 empleados.
De esta forma, el universo de empleados alcanzados por el recorte quedaría acotado a 92.811 trabajadores.
Sin embargo, hasta ahora no está confirmado que todos vayan a sufrir una quita. Es probable que los sectores más bajos queden exentos y que los recortes sean crecientes en términos porcentuales a medida que se asciende en la escala salarial.
Todos esos datos se irán precisando en función de la evolución de los ingresos fiscales o bien por el auxilio financiero que pueda hacer la Nación.
En ese escenario, anoche, los gremios evitaron adelantar opinión hasta no saber en detalle a quienes alcanzará la medida. De todas formas, en otras circunstancias, el sólo hecho de hablar de recortes ya hubiese generado una reacción adversa. No fue éste el caso. La situación es extraordinaria por la pandemia y su impacto en la economía.
Por lo demás, no se informó que la quita también vaya a alcanzar a los jubilados aunque se descuenta que también serían afectados pero los de mayor poder adquisitivo.
También Llaryora
El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso que en abril los funcionarios de su gabinete, viceintendente, Sociedades del Estado y Entes Descentralizados, tengan una reducción del 30 por ciento de sus haberes.
La medida se complementa con la decisión adoptada por el intendente, al comienzo de su gestión, de reducir un 25 por ciento la planta política y congelar los salarios de los funcionarios por 180 días, según se informó desde la Municipalidad de Córdoba.
Ese último punto, se indicó, implica que a la fecha los funcionarios municipales no percibieron el incremento del 8,89 por ciento acumulado que tuvieron los empleados del Ejecutivo municipal, con los incrementos correspondientes al mes de diciembre de 2019 y enero del corriente año.
De esta manera, los funcionarios municipales en el mes de abril totalizarán una merma en sus salarios superior al 35 por ciento.
Los fondos serán destinados a una cuenta específica para insumos de salud.
El Ejecutivo unicipal instó al Concejo Deliberante y tribunos de Cuentas adherir a la iniciativa e informa que están bajo análisis medidas complementarias a las informadas.