ESCUCHAREl gremio de los choferes y las cámaras empresariales se reunirán este lunes en la sede de la Secretaría de Transporte de la Provincia para intentar destrabar un conflicto que ya lleva varios meses e incluyó dos paros la semana pasada.
En ese marco, el Gobierno recibirá a los representantes gremiales de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) y a las cámaras empresariales para evitar una paralización total del servicio.
La convocatoria a la reunión tiene como objetivo anticiparse a un plenario de delegados que ocurrirá por la tarde en el que los choferes podrían tomar la decisión de un paro por tiempo indeterminado.
Según fuentes del gremio, el servicio estaría garantizado este lunes. Eventualmente, si se decidiera una medida de fuerza esta se haría efectiva recién a partir del martes o del día en que lo resuelva el sindicato.
Las alternativas de negociación pasarían por un aumento escalonado en las tarifas para reducir las pérdidas que tienen las empresas, una disminución de kilómetros recorridos por la vía de coordinación de servicios entre distintas empresas en zonas servidas por varias y la posibilidad de adelantar pagos de boletos subsidiados.
Por lo pronto, cada paro de los interurbanos afecta a unos 200 mil usuarios.
Desde la Provincia insisten en que no aportarán más fondos de los que ya vienen sumando para los denominados boletos subsidiados.
“Sugerimos hacer más eficiente el sistema, cooperando con los servicios de las empresas para dar mejor frecuencia y con coches más llenos, poner una tarifa en horas pico y otra más baja en el resto del día sobretodo en el área metropolitana”, graficó anoche a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo.
La discusión central es el reclamo paritario de AOITA, pero no el problema es mucho más profundo.
Respecto a los salarios, empresas nucleadas en Asetac, que nuclea a sólo el 20% de las empresas del rubro, ofrecieron un bono no remunerativo de 350 mil pesos para abril, otro igual en mayo y 58% de aumento al básico en junio.
La Fetap propuso un 25% no remunerativo, que implica alrededor de 200 mil pesos sobre salarios promedio de 650 mil; menos que el bono anterior.
Las empresas aseguran que no cuentan con los recursos para afrontar semejante aumento. La quita de los subsidios nacionales y provinciales, ahora sólo focalizados a la demanda por parte de Martín Llaryora, fue la gota que rebalsó el vaso en un sistema que ya venía trabajando al límite.
