ESCUCHARBajan alícuotas por el Consenso Fiscal. Igual, la actualización para exenciones o beneficios sube muy por debajo de la inflación. En el caso del Inmobiliario, las alzas son de entre 41 y 93% y en el rural hasta 77%. Al eliminarse los topes, habrá fuerte impacto en propiedades de alto valor. Baja el presupuesto en obras y autorizan endeudamiento por hasta 90 mil millones, parte para refinanciar
Por Alfredo Flury – [email protected]
El Gobierno de Córdoba prevé pasar de 80 a 20 alícuotas a la vez que una reducción en el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) al tiempo que avanza con aumentos segmentados y progresivos en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural.
Los cambios aparecen reflejados en los proyectos de Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva Anual para 2020 que el Ejecutivo provincial elevó ayer a la Legislatura.
Las iniciativas estiman un aumento de ingresos y gastos totales de 40 por ciento respecto a la estimación de ejecución para este año y mantener el ahorro corriente aunque con un aumento sustancialmente menor a la inflación.
En paralelo, una caída en términos reales de la inversión en obra pública.
En tanto, autoriza la emisión de deuda por más de 90 mil millones de pesos, aunque de ese monto, 50 mil millones de pesos exclusivamente para un eventual rescate o pago del título de deuda que vence en 2021.
Los proyectos fueron presentados ayer por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, junto a parte de su equipo. De hecho, esos funcionarios concurrirán en los próximos días a la Unicameral para explicar en detalle la política de ingresos y gastos. En paralelo, también se prevé la presencia de ministros de las áreas claves para explicar las medidas para 2020.
Respecto al proyecto de Presupuesto, estima para la Administración Central, ingresos totales por 334.686,6 millones de pesos y gastos totales por 334.174,03 millones de pesos, en ambos casos con incrementos de 40 por ciento en relación al ejecutado 2019.
El resultado financiero será así de 513 millones de pesos. Sin embargo, si se computa el consolidado de la Administración Pública No Financiera (APNF) que incluye la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) y la Caja de Jubilaciones, el cierre se ubicaría en 32.245 millones de pesos negativo.
La pauta estima ingresos corrientes por 327.428,3 millones de pesos, 37,7 por ciento mayores al este año.
Dentro de ese rubro, los ingresos impositivos provinciales llegarán a 69.559,4 millones de pesos, 54,8 por ciento superiores a 2019. En tanto, los envíos nacionales alcanzarán 57.332,6 millones de pesos, con un crecimiento estimado muy por debajo de los recursos propios.
Respecto a las erogaciones corrientes, se ubicarán en 294.721,3 millones de pesos, 40,4 por ciento por encima de 2019. En ese marco, las destinadas a personal serán de 151.346,3 millones de pesos, 38,4 por ciento superiores.
De esta manera, el ahorro corriente previsto para 2020 -diferencia de gastos e ingresos corrientes- alcanzará a 32.706,9 millones de pesos, 16,9 por ciento más que en el año inmediato anterior.
En cuanto a los ingresos de capital, serán de 7.258,3 millones de pesos, 438,7 por ciento más elevados en en 2019. La sustancial suba de ese concepto obedece a la conformación de un Fondo para el Desarrollo Eléctrico Provincial (Fodep).
Por su parte, las erogaciones de capital incluirán 39.432,6 millones de pesos, 37,2 por ciento mayores a 2019.
Sin embargo, las específicamente destinadas a obra pública dentro de la Administración Central serán de 13.683 millones de pesos, apenas 10,6 por ciento mayores al año anterior.
“Hay un cuidado en los gastos y eso permite conservar capacidad de ahorro y seguir con inversiones, aunque con un ritmo menor al del año anterior”, señaló el ministro Giordano en el marco de su exposición al tiempo que admitió que “debemos prever un año próximo con menos recursos que los de 2019”, en referencia a la eventual caída real que podrían exhibir los ingresos si la espiral inflacionaria no decae.
La política impositiva
Respecto a la carga tributaria para 2020, contempla diferentes cambios con relación a la vigente.
Por lo pronto, desde la Provincia confirmaron que se mantienen los descuentos por contribuyente cumplidor y pago vía electrónica, entre otros.
En el caso de IIBB, se avanzará en el cumplimiento del Consenso Fiscal firmado oportunamente con el Gobierno nacional por lo que habrá una nueva reducción de alícuotas de Ingresos Brutos. Esa medida tendrá un costo fiscal superior a los 4 mil millones de pesos en el año, consideran desde el Ejecutivo. Con todo, en caso que el presidente electo Alberto Fernández resuelva suspender la aplicación del Consenso, al menos en el tema rebaja gradual de IIBB en las provincias, el proyecto de Presupuesto reservó un artículo para desactivar esa reducción impositiva.
Asimismo, la iniciativa contempla avanzar en la simplificación impositiva, con la creación de un registro único tributario que permitirá el entrecruzamiento de información de contribuyentes de IVA e Ingresos Brutos y la puesta en marcha hacia marzo del año próximo de la unificación de los cobros de IVA, IIBB y tasas municipales, dato anticipado 45 días atrás por Comercio y Justicia.
Paralelamente se profundizará el proceso iniciado con el Consenso Fiscal y se reducirá de 80 a 20 el número de alícuotas previstas para ese tributo.
Sin embargo, habrá un aumento sensiblemente inferior a la inflación de los límites de facturación para acceder a alícuota reducida o exención. Así, para reducción de alícuota la facturación subirá de 11 a 13,2 millones de pesos de la anualidad 2019. En tanto, para eximición de determinadas actividades industriales, será de hasta 100 millones de pesos anuales de facturación. Por su parte, también determinadas actividades pagarán alícuota agravada cuando facturen más de 163 millones de pesos al año.
En el Inmobiliario, se mantiene la segmentación y progresividad en las subas en función de la capacidad contributiva de sus propietarios.
En el Urbano se proyecta una actualización del 44 por ciento para el 67 por ciento de los inmuebles. Son los valuados en menos de 2,75 millones de pesos. Para el segmento hasta 10 millones de pesos, la suba será de 44 por ciento. Se trata del 30 por ciento de las propiedades.
Para el resto, las subas serán de entre 58 y 93 por ciento. Sin embargo para aquellas cuya valuación fiscal supere los 50 millones de pesos, no habrá tope en el impuesto.
Pagarán un monto fijo de 348.150 pesos más un 0,92 por ciento sobre el excedente de esa valuación fiscal. Si bien se trata de un número reducido de inmuebles -muchos pertenecientes a empresas-, la recaudación por esa vía será importante.
Respecto del Rural, los ajustes oscilarán entre el 46 y el 77 por ciento según la extensión y valuación del predio, segmentado en hasta 50 hectáreas, entre 50 y 200 y más de 200 hectáreas. En ese último caso también regirá la política de eliminar el tope, como en el Urbano. En su presentación, Giordano recordó que aproximadamente el 60% del total de las imposiciones sobre los inmuebles rurales pasa a engrosar el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, un fondo cuyos recursos son administrados de manera independiente y se destinan a infraestructura productiva.
Por su parte, el impuesto Automotor subirá conforme la valuación fiscal de los vehículos.
Finalmente, el impuesto de Sellos mantendrá la dinámica fijada por el Consenso Fiscal.
