ESCUCHAREntre otras aspectos, propone la total separación de recursos entre la Nación y el conjunto de las 24 jurisdicciones (23 provincias y CABA) a partir de las fuentes tributarias
El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Pablo Blanco presentó un proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos.
La propuesta plantea la total separación de los recursos coparticipables entre la Nación y el conjunto de las 24 jurisdicciones -las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)- a partir de las fuentes tributarias.
Según fundamentó legislador, ello permitirá terminar con “las permanentes injerencias de los gobiernos centrales de turno” en las cuestiones de distribución entre las provincias.
En esa línea, sostuvo que aquellas intervenciones se limitarán “exclusivamente” al uso del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
El proyecto también pone fin a la interrelación de los temas federales con el sistema previsional nacional.
Integrante del Senado por Tierra del Fuego, Blanco estimó que el sistema vigente “ahoga más las provincias” y nos les permite crecer.
Explicó además que si la iniciativa prospera habrá cuatro impuestos “federales” (IVA, Internos, Bienes Personales y Monotributo), cuyas recaudaciones se distribuirán enteramente entre las 24 jurisdicciones, y que el resto se considerará “nacionales” y su producido se distribuirá exclusivamente entre la Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Correspondencia
En tanto, Blanco afirmó que uno de los pilares del articulado de su autoría es la “correspondencia fiscal” porque determina que cada jurisdicción provincial recibirá el equivalente al total de la recaudación de impuestos federales que se genere en su propio territorio y, paralelamente, tendrá la facultad de modificar alícuotas y exenciones.
Según el fueguino, su propuesta es “muy innovadora y altamente viable” gracias a dos instrumentos estratégicos: el primero, que no innova en materia de administrativa porque la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) seguirá a cargo de la recaudación y distribución de los impuestos coparticipables tanto federales como nacionales; sumó que será “un órgano verdaderamente federal”, integrado y supervisado por la Nación y las provincias; y en cuando al segundo, explicó que establece un sistema automático de compensaciones para el mantenimiento de la situación inicial, de modo que ninguna de las 25 partes firmantes (Nación, provincias y CABA) quede peor de lo que está en la actualidad cuando comience el nuevo régimen.
Asimismo, Blanco estimó que el proyecto permitirá dar certezas sobre el futuro de los regímenes promocionales regionales, como el de Tierra del Fuego, que vence en 2038, porque, al quedar incorporados a la situación inicial, sólo dependerán en el futuro de cada jurisdicción beneficiaria.
Resaltó que las provincias podrán hacer política de promoción tributaria con sus propios recursos y eliminar distorsiones mediante la unificación de los impuestos inmobiliarios y a automotores con Bienes Personales, o modificando coordinadamente IVA e Ingresos Brutos, ya que todos serán de facultad discrecional de las legislaturas provinciales.
Córdoba
Cabe recordar que en abril pasado los envíos nacionales a Córdoba alcanzaron 72.929,6 millones de pesos, 100,2% más que el mismo mes de 2022, y que por primera vez en 16 meses el número estuvo por debajo de la inflación.
Así, la coparticipación a Córdoba mostró su primer caída -en términos reales- desde fines de 2021.
En los primeros cuatro meses de 2023, la Nación transfirió 259.971,9 millones de pesos, 102,1% más que en el mismo cuatrimestre del año pasado.
Ese porcentaje se ubicó levemente por debajo de la inflación aunque fue mayor que el índice de precios de releva la Provincia, que alcanzó 99,39%.
La merma en la coparticipación y el envío por la Anses de apenas 1.072 millones de pesos mensuales para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones respecto a los más de 5 mil millones que la Provincia esperaba en función del Presupuesto 2023, generó preocupación en el Centro Cívico, en el marco del inestable escenario macroeconómico.
