ESCUCHARPor su parte, la diputada nacional Elisa Carrió exige más control. Presentó una iniciativa que complementa la ley de competencia de la cadena alimentaria y busca evitar los casos de abuso de posición dominante
Pese a ser aliada del Gobierno, la diputada nacional Elisa Carrió utilizó ayer las redes sociales para exigir a la gestión del presidente Mauricio Macri un mayor control de los precios en los supermercados y evitar el abuso de posición dominante.
“Los precios más bajos son inalcanzables para los viejos como yo”, ironizó en su cuenta de Twiter. La nueva estocada ocurre días después de que ingresó al Congreso un proyecto de ley de competencia de la cadena alimenticia para evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.
Según la iniciativa, alcanzará a “la totalidad de las relaciones comerciales en la que intervengan los operadores de la cadena de valor alimentario y cuyo objeto esté vinculado en forma directa con el proceso desde la producción hasta la distribución final de alimentos y productos alimenticios”.
En tanto, el Gobierno nacional se encargó de hacer saber ayer que analiza junto al sector privado una serie medidas para “fomentar el consumo y atenuar el impacto del ajuste” a través de una ampliación del programa Precios Cuidados.
“Estamos trabajando para fortalecer el programa de Precios Cuidados incorporando más jugadores y productos”, dijo una fuente del Ministerio de Producción y Trabajo.
El objetivo no es otro que mejorar el alcance de la población a los productos de primera necesidad, aunque el programa es ambicioso y se prevé que abarque una amplia oferta de precios acordados con el sector privado.
“En los próximos días habrá definiciones, estamos trabajando con las empresas”, añadió la fuente de la cartera que conduce Dante Sica.
En este sentido, se aclaró “que por ahora todo se encuentra en etapa de negociación y posteriormente evaluaremos anunciar lo más convenientes para los consumidores”.
Contra la cartelización
En tanto, el proyecto presentado por Carrió apunta más a las necesidades básicas. Según el texto, los objetivos son “resguardar el equilibrio entre los operadores de la cadena de valor alimentario, a fin de evitar que realicen prácticas o acuerdos que perjudiquen a la competencia o los consumidores; y contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la transparencia en el funcionamiento de los canales de distribución mayorista y minorista, así como a ampliar la oferta competitiva de productos alimenticios suficientes y de calidad”, explicó un comunicado de prensa de la legisladora.
La iniciativa pretende crear un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país con el fin de atenuar las prácticas abusivas y evitar los costos asociados a las mermas, a las ventas promocionales, la generación de residuos, y costos logísticos, tanto de reposición como de logística inversa, o la misma distribución, dado que estos mecanismos resultan la principal barrera de entrada a los supermercados, lo que significan costos adicionales que limitan la concurrencia de otros proveedores.
En cuanto a la participación en las góndolas, la iniciativa estipula que sea “equitativa para los oferentes, lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales. Está prohibido pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere 20% del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características”.
Además, señala que “los exhibidores contiguos a las cajas y las islas de exhibición deben garantizar al menos 50% de productos de origen local y/o producido por Pequeñas y Medianas Empresas o por Cooperativas y/o Asociaciones Mutuales”.
