Política y economía social

Por Eduardo H. Fontenla (*)
Especial para Comercio y Justicia

El cooperativismo es una respuesta política cargada de valoración colectiva. Pero no es una respuesta político-partidaria. Aunque no son contradictorias, debemos distinguir la vocación y el ánimo solidario asociativo, central en la propuesta y organización cooperativa-mutual, de la vocación política militante partidaria.
Dicha condición de neutralidad política partidaria fue expresamente enunciada en los principios cooperativos dados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en su primera revisión, realizada en Francia en el año 1937. Actualmente, si bien no se mencionan expresamente, surgen y están incluidos en el espíritu y fundamento del primer principio de “adhesión abierta”.
En el caso de las mutuales, el tercer principio establecido por el IV Congreso Nacional de Mutualismo, realizado en octubre de 1979, dice: “Neutralidad institucional, política, religiosa, ideológica, racial y gremial”.
La neutralidad política en la cooperativas y mutuales no significa abandonar la necesaria incidencia en la acción política que corresponde realizar a fin de presentar y defender el valor transformador y reactivador que representa el sector de la economía social, democratizando la economía y constituyendo una herramienta innegable para lograr la movilidad social ascendente.

El sector de la economía social debe influir en las propuestas de todos los partidos políticos democráticos y ejercer influencia en la construcción de políticas públicas activas que tomen en cuenta la vigencia de sus valores y principios, su identidad y su naturaleza jurídica, así como su aporte al desarrollo sostenible, ya que es un actor clave en el entramado productivo argentino.
Para proponer, debatir y defender las aspiraciones e intereses de las mutuales y cooperativas, los procesos electorales tienen una función relevante ya que permiten el debate y el análisis de futuras políticas públicas que incluyan efectivamente a las entidades de la economía social.
Las mutuales y las cooperativas deben buscar coincidencias básicas en la política que, como las define el papa Francisco, es “el arte de las artes”, y superar la mirada político-partidaria.
No hay duda de que la economía social debe opinar y estar en política, acompañar y/o criticar, no lavarse las manos donde se debaten los destinos municipales, provinciales y nacionales, pero institucionalmente no intervendrá en la política partidaria de candidaturas.
Entonces, si los ciudadanos vinculados con la economía social deciden participar como candidatos en las elecciones, los partidos políticos son las instituciones competentes para la postulación a cargos públicos electivos.

A veces, la participación “política” está descalificada o despreciada y se la entiende como lógica de partes o sectarismo político y no como construcción del bien común, compatible con el ideario cooperativo y mutual, lo que se advierte descalificativo y perjudicial. La participación es principio fundante de la democracia.
Es muy bueno para ésta que los dirigentes-funcionarios-técnicos cooperativos-mutuales tengan aspiraciones electorales, pero lo que no es bueno es que las organizaciones sean la base de campaña y la estructura económica y financiera de las candidaturas de sus miembros para competir electoralmente y lograr representatividad.
Sobre este tema, el Congreso Nacional sancionó la ley 27504 de financiamiento de los partidos políticos, reglamentada por decreto 443/2019, con el objetivo de transparentar los fondos de la acción político partidaria. Estas donaciones o aportes de campaña no es posible que las organizaciones de la economía social las hagan, con base en lo explicitado al inicio de la nota.
La comunicación ayuda a la política por lo que se debe trabajar en una conversación y un diálogo extendido con los formadores de opinión para introducir en el imaginario sociopolítico las características y para entender con claridad las diferencias de la economía social con otros modelos de organización y desarrollo; como su gravitación en el presente y en la historia de nuestro país.

Por ello, destacamos las propuestas conjuntas y consensuadas para todos y cada uno de los partidos políticos denominadas “Elecciones 2019: mensaje del cooperativismo y el mutualismo”, de las confederaciones Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Copnarcoop), Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (Conaice), Argentina de Mutualidades (CAM); Nacional de Mutualidades de la República Argentina (Conam) y de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira), que representan a cooperativas y mutuales de todos los rubros en pos del desarrollo sustentable.
En ese sentido, el 22 de agosto pasado se propusieron los siguientes diez puntos:
* “Impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales que reconozcan el acto cooperativo y mutual, claramente establecido en sus leyes especiales, el accionar solidario y la naturaleza no lucrativa de las entidades cooperativas y mutuales, y que no existe hecho imponible entre la entidad y el asociado.

* Las normas que regulan los servicios públicos y los derechos del consumidor sean reconocidas como organizaciones de usuarios y consumidores.
* Que los trabajadores asociados en cooperativas cuenten con los mismos derechos de protección social que el trabajador asalariado.
* Que el trabajo asociado sea reconocido como una relación que favorece la defensa de los derechos del trabajador.
* Que se establezca una nueva legislación para la actividad financiera, al servicio del desarrollo económico y social.
* Que se promueva y facilite la creación de cajas de crédito cooperativas, para canalizar los ahorros de la comunidad al servicio de la producción y el desarrollo local.
* Que se propicie una política nacional de vivienda que contemple la participación de cooperativas y mutuales procurando la intercooperación con entidades de trabajo, crédito y seguros.
* Que, en cumplimiento de Art. 90 de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, el Estado Nacional implemente, en conjunto con las provincias y las entidades del sector educativo, un Plan Nacional de Educación cooperativa y mutual que abarque todos los niveles educativos, promocionando en especial la creación de cooperativas y mutuales escolares.
* Que se reconozca la naturaleza jurídica y particularidades de las cooperativas y mutuales prestadoras de salud, separándolas de la Ley de Medicina Prepaga N° 26682.
* Que las agencias provinciales de promoción de la economía solidaria cuenten con recursos y atributos suficientes para ser protagonistas de un programa federal de promoción de la economía solidaria, elaborado conjuntamente con el sector cooperativo y mutual.
* Que se fortalezca al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo autónomo y cogestionado por el Estado junto con los representantes del cooperativismo y el mutualismo y a cuyo sostén presupuestario contribuyen las cooperativas y mutuales.
* Que todas las políticas sectoriales incorporen la promoción de la economía solidaria e incluyan a representantes del cooperativismo y el mutualismo en los equipos especializados en las diversas áreas”.

También proponen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La sociedad tiene que conocer las propuestas de las mutuales y cooperativas. No alcanza con que las conozcan sólo sus integrantes convencidos. Esta política comunicacional tiene que ser permanente en todo el espectro político; más en tiempos electorales.
Para la mejor representación y participación, una idea democrática y potente consiste en impulsar la formación de un bloque cooperativo- mutual parlamentario integrado por legisladores de los distintos partidos políticos con cosmovisión asociativa solidaria, vinculados con y provenientes de las distintas ramas del mutualismo y cooperativismo que apoye, trabaje, articule e impulse los proyectos de las comisiones de Asuntos cooperativos, mutuales y ONG, de la Cámara de Diputados, y de Economías regionales, economía social, micro, pequeña y mediana empresa, de la Cámara de Senadores.
También, para enriquecer el contexto de ideas en la labor parlamentaria debe mejorarse la articulación con Red Parlamentaria de las Américas de la ACI, como una forma de encuentro y construcción, virtual y presencial, de los parlamentarios del continente americano comprometidos con el desarrollo sostenible del sector mutual y cooperativo.

(*) Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y en Ciencia Política.