ESCUCHARUn relevamiento realizado por el Ministerio de Justicia de la Nación determinó que 5,93% del territorio rural argentino está en manos de foráneos. La Ley de Tierras, presta a cumplir dos años, permite que se llegue a 15%. Sin embargo, el ente regulador no avaló aún compra alguna.
El total de hectáreas rurales argentinas en manos de extranjeros es de 15.881.069, equivalente a 5,93% de las disponibles en todo el país, muy lejos del 15% que la Ley de Tierras aprobada el 22 de diciembre de 2011 permite, según el trabajo realizado por el Ministerio de Justicia de la Nación mucho después de la sanción de la normativa.
Sin embargo, y pese a ese margen existente, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, dependiente principalmente del Ministerio de Justicia nacional, no se ha expedido aún respecto de ninguno de los permisos solicitados por posibles inversores.
Es lo que confirmó a Comercio y Justicia el titular de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), Roberto Frenkel Santillán.
“Se está frenando el ingreso de 10.000 millones de dólares, en una época en la que es sumamente necesaria la inversión extranjera y el ingreso de divisas”, indicó el dirigente empresarial en función del valor de lo que podría ser vendido.
Al ser consultado por la cantidad de expedientes o permisos que estarían frenados en la dependencia nacional, Frenkel Santillán consideró que “más allá de que son muchos, hay que sumar también todos aquellos que no se presentaron al anoticiarse de lo que hay que hacer para poder comprar”.
“Así, los inversores terminan comprando en Uruguay y generando esquemas productivos que determinan, por ejemplo, que el vecino país esté exportando más carne que Argentina o que nos esté vendiendo trigo”, agregó.
En ese sentido, la entidad que representa emitió ayer un comunicado en el que se solicita a las autoridades responsables, “dar cumplimiento en forma urgente al artículo 10 de la Ley 26737, para que las equivalencias sean una realidad a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y que la Ley de Tierras pueda tener finalmente vigencia plena y sea de alguna utilidad”. “Hoy persiste en el mercado inmobiliario rural, un nuevo cepo, ‘el cepo a las tierras’ que impide que ingresen más de 10.000 millones de dólares”, se indicó.
El caso de Córdoba
Con sólo 1,04% de tierras rurales en manos extranjeras, la provincia de Córdoba fue la que figuró al tope en el informe realizado por el ministerio y presentado por la presidenta Cristina Fernández el 23 de julio de 2012.
Caben dos lecturas: primero, es la jurisdicción con menor cantidad de suelo en manos foráneas y, segundo, es la “más perjudicada” con la inactividad del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, ya que es la que mayor posibilidad tiene (respecto del resto de las provincias) de recibir inversión extranjera.
“De igual modo, consideramos que lo más grave es el perjuicio producido hacia las provincias extrapampeanas con menor valor de sus tierras, y que son las más necesitadas de la inversión extranjera”, dijo Frenkel Santillán y agregó: “Estamos postergando Argentina en general. La Pampa húmeda, puntualmente, puede esperar, pero las que no pueden esperar son provincias como La Rioja o Formosa, entre otras, que necesitan de inversión, desarrollo y trabajo. Las más perjudicadas son las jurisdicciones de Argentina que no tienen caminos, agua y servicios; todas aquellas a las que les cuesta hacerse escuchar”, concluyó.
