Paritarias: Schiaretti desactivó el gatillo y propuso acuerdo bimestral

El Ejecutivo adujo que la recaudación cayó y que hay obligaciones ineludibles que complican las cuentas. A cambio, apunta a una mejora para septiembre y octubre, que puede incluir una suma fija. Gremios se reúnen hoy para unificar postura

El Gobierno de Córdoba formalizó ayer la decisión de renegociar la paritaria con los gremios estatales y desactivar la denominada cláusula gatillo que ajustaba los salarios conforme la inflación del mes anterior.
Si bien ayer fue la primera reunión y no se habló de un incremento concreto, trascendió que la intención oficial es firmar un acuerdo bimestral, esto es para los meses de septiembre y octubre. En paralelo, se baraja la posibilidad de ofrecer una suma fija como parte del aumento.
En ese marco, los gremios estatales acordaron concretar hoy una reunión conjunta para unificar posturas de cara a la discusión por delante.
Es que los dirigentes gremiales descuentan que el Gobierno avanzará en una propuesta única para todos los trabajadores del sector público, tal como viene ocurriendo en los últimos acuerdos.
En esa línea, la idea es hacer “frente común” en torno a un tema ciertamente sensible como el salario y más aún en una instancia donde el rebrote inflacionario impactará de lleno en el poder adquisitivo de los sueldos.

Mientras tanto, la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) concretará mañana una asamblea general informativa en su sede. “Sería bueno ya contar con una propuesta concreta para ir comunicando a los compañeros”, señaló anoche a Comercio y Justicia una fuente sindical.
La reunión de ayer por la tarde se concretó con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y también con el gremio de los educadores. La posición de todos es unánime: que el Gobierno siga aplicando el gatillo para preservar el poder adquisitivo del salario. De todas formas, por lo bajo los dirigentes gremiales admiten que, a tenor de la situación, deberán acordar con otras condiciones.
Según pudo reconstruir este medio, en el encuentro, la secretaría General de la Gobernación, Silvina Rivero, y el ministro de Educación, Walter Grahovac, éste último sólo presente en la reunión con UEPC, trazaron un contexto preocupante respecto a la marcha de la recaudación y, por contrapartida, a la evolución en línea con la inflación de una serie de gastos ineludibles, entre ellos hasta ahora los propios salarios pero además erogaciones de carácter social, claves en esta instancia. Al mismo tiempo, el alza del dólar disparó costos de la obra pública e impactó de lleno en el pago de intereses y amortizaciones de deuda.

En ese marco, el Gobierno confirmó que no está en condiciones de seguir afrontando incrementos salariales por la cláusula gatillo y que ofrecerá desde ahora mejoras queserán menores que la inflación. Los gremios, en tanto, insisten en seguir cobrando mejoras por el índice de precios, al menos en septiembre.
Allí comienza a tallar un primer escollo que es la interpretación del acta acuerdo firmada a comienzos de año entre los gremios y la Provincia.
Para la UEPC, por ejemplo, el convenio avala la posibilidad de cobrar el gatillo aún en septiembre inclusive, en el que debería impactar la inflación de agosto.
Por el contrario, la Provincia dice que el acta refleja que el gatillo se pagaría hasta agosto inclusive y que los sueldos de septiembre ya habilitaban la revisión de ese mecanismo de ajuste, según la marcha de la recaudación.
Más allá de esa controversia, lo cierto es que los ingresos provinciales atraviesan una coyuntura compleja.
La recaudación de agosto registró un incremento nominal de 43,2% que, descontada la inflación, implicó una caída real de 6,6% .

18“El primer semestre del 2019 estuvo caracterizado por una profunda y persistente crisis macroeconómica que atraviesa el país desde el mes de abril del 2018. Las elevadas tasas de interés (promedio del 62,5%) sumado a la elevada inflación (52,9% promedio) resintieron la actividad económica y profundizaron la pérdida de poder de compra de los salarios, generando un desplome del consumo. Estos acontecimientos han impactado negativamente en los ingresos de la Provincia que, en su gran mayoría, están ligados a la producción y el consumo, deteriorando las cuentas públicas”, había señalada el Gobierno días atrás, en el marco de la presentación de la Ejecución presupuestaria al 30 de junio.
De hecho que, según los datos oficiales, las cuentas públicas del Gobierno de Córdoba cerraron el semestre con un resultado financiero deficitario de $981,1 millones, frente a los casi mil millones de pesos positivos que había logrado en el mismo período del año pasado.
El resultado que incluye la Administración Pública No Financiera (APNF), esto es Administración Central más agencias y la Caja de Jubilaciones, se registró luego de cotejar ingresos totales por $139.856,8 millones, 37,71% mayores a un año atrás, y gastos totales por $140.839,2 millones, 40,05% más elevados que en el primer semestre de 2018.

El quebranto final se logró pese al superávit de la Administración Central que, sin embargo, fue neutralizado por los gastos de capital de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) y el déficit de la Caja de Jubilaciones.
La situación se produjo pese a la fuerte desaceleración del gasto en obra pública, variable de ajuste habitual en momentos de crisis.
En cuanto a las erogaciones en personal, al 30 de junio pasado alcanzaron a $50.424,6 millones, 43,58% por encima de las registradas en la comparación interanual.
Es evidente que, de continuar el ajuste por inflación y con una recaudación con caída en términos reales, la situación al cierre del año se haría insostenible para las cuentas provinciales que no sólo registrarían déficit financiero consolidado como de hecho ya lo vienen haciendo en ejercicios anteriores, sino ahora rojo de la Administración Central y, peor aún, impactado por un posible quebranto del ahorro corriente, clave para sostener la estructura presupuestaria.