ESCUCHAR“Vamos a recibir a los gremios cuando haya un planteo formal”, señaló el ministro Lawson. Sin embargo, Trascendió que no habrá aumentos extras, al menos por ahora. Si bien el Ejecutivo admite subas de precios, asegura que las mejoras acordadas con los estatales aún tienen saldo favorable. La marcha de la recaudación es clave. Un plus de $2 mil tendría un costo fiscal de $240 millones.
El Gobierno provincial recibirá a los gremios estatales para debatir un planteo formal de reajuste salarial, aunque en principio no habilitará una revisión del acuerdo firmado en febrero pasado que otorgó subas de 31,6% en promedio, en dos tramos.
“Los gremios van a ser recibidos. El diálogo está abierto y vamos a escuchar los planteos una vez que los formalicen”, señaló a Comercio y Justicia el ministro de Comunicación y Desarrollo Estratégico, Jorge Lawson.
Con todo, evitó adelantar opinión respecto a una respuesta positiva a los reclamos, no ya en relación con eventuales porcentajes o montos sino sobre una reconsideración de los acuerdos originales de manera genérica.
La postura de Lawson se conoció luego de que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) hizo pública su decisión de avanzar con un planteo salarial por considerar que la paritaria firmada en febrero ya quedó absorbida por la suba de precios. Por ahora, el Sindicato de empleados públicos (SEP) no hará un planteo formal aunque “monitorea” la situación.
De todas formas, fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio descartaron, al menos por ahora, cualquier revisión posible. Es que si bien el acta firmada con los estatales incluye la posibilidad de reabrir las negociaciones en caso de una disparada de los precios, considera que por ahora esa situación no se ha desbordado, al menos en un nivel que haya neutralizado la suba salarial otorgada. (ver gráfico)
De todas formas, la Provincia admite que la situación puede variar si la inflación se acelera en los próximos meses.
En rigor, reconoce haber quedado presa de sus propias palabras. Concretamente, el gobernador José Manuel de la Sota y sus ministros advierten casi a diario de la desmedida suba de precios, amparados en datos de la denominada “inflación Congreso”, que difunden bloques legislativos opositores. Si la pauta a considerar fuere esa, los gremios tendrían argumentos de sobra para pedir una recomposición de urgencia porque el mes próximo habrían perdido los efectos reales del aumento.
Pero el otro punto clave es el margen de acción que tiene la Provincia para solventar una mejora. Las fuentes oficiales consultadas aseguraron que hoy es “imposible” pensar en un alza. “La recaudación viene desacelerándose y es incierto el corto plazo”, revelaron.
Un punto porcentual de aumento en los salarios representaría un costo fiscal de 240 millones de pesos extras por mes. En tanto, un no remunerativo por única vez de dos mil pesos para los 120 mil agentes públicos implicaría un costo fiscal también en torno a 240 millones de pesos.
Si bien el ahorro corriente aún es importante y el superávit financiero subsiste, la incertidumbre sobre la evolución de la actividad económica torna complejo cualquier posible incremento, al menos desde la perspectiva de las cuentas públicas.
