ESCUCHAREl cálculo pertenece a la propuesta que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa entregó a los candidatos a gobernador e intendente para las próximas elecciones. Toma en cuenta la sumatoria de los fondos destinados por las tres jurisdicciones estatales.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) entregó a los candidatos a ocupar la gobernación y la intendecia un documento en el que advierten de que los recursos destinados por las tres jurisdicciones gubernamentales (Nación, provincias y municipios) a la promoción y asistencia social “resultan tres veces superiores a la masa de recursos suficientes para erradicar la pobreza”.
En ese sentido, tanto la entidad como el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez -quien presidió la presentación en el auditorio de OSDE del Cerro de las Rosas-, remarcaron que es ése el gran desafío de los próximos tiempos: “Lograr movilizar oportunidades reales de promoción y progreso social”.
En la propuesta, titulada “Para lograr una sociedad provincial basada en el crecimiento sostenido, trabajo digno, integrada al mundo, justa y solidaria”, confluyen el trabajo de 15 organizaciones empresariales que bregan por la “reducción de la pobreza y la exclusión en la provincia de Córdoba”.
“La superación de la pobreza estructural no es posible sólo con medidas solidarias, que en la emergencia pueden aportar un alivio. La solución viene desde políticas públicas, de Estado, que permitan cambiar hacia perspectivas verdaderamente superadoras”, indicó Ñáñez en su alocución.
“La Biblia elogia la pobreza como tener lo necesario para vivir dignamente pero no alaba la miseria. Y la miseria en nuestro país es un escándalo por la cantidad de recursos que tiene”, sentenció el arzobispo.
Propuestas para políticas públicas
Para la reducción de la pobreza y la exclusión, el trabajo sugiere, entre otros aspectos, la necesidad del diseño y ejecución de un censo de pobreza en la provincia, de manera tal que se puedan “dimensionar los problemas de exclusión y caracterización de entornos vulnerables en un sentido amplio”.
“Una vez detectadas las carencias fundamentales y los argumentos propios del diseño de políticas pro-pobre, puede plantearse un rediseño de la política asistencial basado en dos pilares fundamentales: la universalización de coberturas de contingencias sociales en sentido estricto y basada en criterios de focalización por necesidad o recurrencia de demanda (las carencias pueden corresponder a aspectos educativos, de salud, de infraestructura o de empleo); y el desarrollo de programas de acompañamiento y asistencia de un equipo interdisciplinario sobre cada hogar carenciado”, se planteó.
Ello porque el conjunto de quienes realizaron el estudio considera que “con buena información acerca de los requerimientos de cada política social, la instrumentación de programas coordinados entre jurisdicciones y organismos del Estado provincial y municipal, más un adecuado control y seguimiento sobre la realidad de cada hogar es posible atacar las causas de pobreza y exclusión manifiestas en cada entorno, con la posibilidad de establecer criterios prioritarios de acción en base a los recursos y posibilidades presupuestarias de cada contexto”.
Una vez reorganizada la instancia de acceso y mantención en la política asistencial, “con criterios de recurrencia de demanda y el uso de información para su adecuada focalización, puede darse la oportunidad de realizar revisiones y reformulaciones sobre la actual oferta de programas sociales y asistenciales”, se dijo; y se agregó: “El desafío aquí es evitar la dilapidación de recursos y la superposición entre objetivos e instrumentos de las políticas vigentes”.
Entre las propuestas diseñadas para reducir la pobreza se pueden mencionar guías para el desarrollo juvenil y de prevención de la transmisión intergeneracional de la pobreza, programas de prevención y control de la violencia juvenil, políticas de inclusión social de individuos en condición de vulnerabilidad o marginalidad, líneas de acción para sanear las cuentas pendientes en materia de vivienda, agua potable, energía eléctrica, gas de red, entre otros, todos ellos para revertir los guarismos que, según cifras privadas, ubican la pobreza en el orden de 27% de la población nacional, lo que representaría unas 12 millones de personas afectadas y unas 800 mil en el territorio cordobés.
