viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Moratoria: comienza el análisis en comisión

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Se espera que hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comience a analizar el proyecto de ley de moratoria elaborado por el Poder Ejecutivo.

El plenario de la comisión -que conduce el diputado oficialista Carlos Heller- se reunirá a las 17 para tratar la iniciativa que permite cancelar en cuotas las deudas impositivas, previsionales y aduaneras contraídas hasta el 30 de junio pasado.

La discusión -que se llevará a cabo a través del sistema de videoconferencia- comenzará con el análisis de informes que brindarán funcionarios de la AFIP -es probable que lo haga su titular Mercedes Marco del Pont- y del Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas.

El bloque de diputados del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, aspira a sancionar este proyecto antes de fin de mes.

La iniciativa forma parte de un paquete de leyes impulsadas por el Gobierno, que contempla también la reestructuración de la deuda emitida a nivel local y la ampliación del Presupuesto de este año.

De todos modos, el primer objetivo del oficialismo es avanzar con el proyecto de moratoria para las deudas impositivas, previsionales y aduaneras, el cual incluye planes de pago acordes al tamaño de cada empresa y tipo de deuda.

El proyecto amplía la cantidad de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria aprobada en la ley de Solidaridad Social que solo era para pymes, y fija que será para las deudas acumuladas al 30 de junio.

 

La iniciativa establece además que habrá plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse y que la primera cuota vencerá el 16 de noviembre.

El proyecto precisa que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas, mientras las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas.

La tasa de interés del plan de pago en cuotas será de 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, regirá una tasa variable en pesos.

Además, determina que las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

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