ESCUCHAREl vicejefe de Gabinete anunció la creación de un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Busca facilitar el “saneamiento” de las deudas de las provincias y de la CABA. Las partes tienen 30 días hábiles para adherir. El Gobierno nacional podrá ofrecer bienes, tierras o rutas como parte de pago. Córdoba asegura tener acreencias por más de $800 mil millones, todas judicializadas. En tanto, le debe a la Nación poco más de $5 mil millones. Llaryora analiza la estrategia a seguir
El Gobierno anunció la creación de un Régimen de Reparación Federal para comenzar a saldar las deudas de la Nación con las provincias.
Según explicó Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, en conferencia de prensa, para los distritos será opcional adherir y el Ejecutivo podrá entregar tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar los pasivos.
El régimen que será publicado hoy en el Boletín Oficial, generó sorpresa en la administración de Martín Llaryora.
En ese marco, fuentes consultadas por Comercio y Justicia pidieron esperar el texto de la norma. Con todo, aseguraron que sólo por los reclamos de la Caja de Jubilaciones a la Anses, la acreencia asciende a unos 750 mil millones de pesos. Ese reclamo está en manos de la Corte Suprema de Justicia desde el año pasado, cuando el ex gobernador Juan Schiaretti dispuso llevar a ese ámbito el planteo.
Además, aunque con una menor incidencia, también Córdoba exige a la Nación una deuda generada durante la gestión de Mauricio Macri por obras viales que iba a cubrir el Gobierno nacional y que cumplió en cuentagotas. Entonces, el pasivo estimado era de unos 10 mil millones de dólares pero hoy, con intereses, superaría los 30 mil millones de pesos. También la exigencia está bajo la órbita de la Corte Suprema.
En cuanto a la deuda que Córdoba mantiene con la Nación, según datos al 30 de junio pasado, apenas superan los 5 mil millones de pesos, un “vuelto” respecto a lo que reclama Llaryora a Milei.
Borrón y cuenta nueva
“En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, dijo Catalán en la apertura de la conferencia.
El número 2 de Guillermo Francos sostuvo que el régimen es un “borrón y cuenta nueva” entre los gobernadores y la Casa Rosada, para que el Gobierno nacional tenga “claras las compensaciones entre la Nación y las provincias, y las provincias también puedan conducir su propio destino”, según declaró.
El funcionario indicó que el nuevo régimen operará como una mesa de diálogo entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional. De esta manera, el Ejecutivo se mostró abierto a que sean los propios gobernadores quienes propongan cómo resolver los pasivos.
También se destaca que los distritos pueden tramitar a través del nuevo régimen sólo las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado nacional mantiene con cada uno, para así negociar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas.
“Nosotros tratamos de no encorsetar y ser creativos en las herramientas que podemos utilizar. A modo de ejemplo se me ocurre, hoy hay empresas del Estado Nacional que están radicadas en provincias y que su principal actividad económica repercute también en el movimiento económico provincial”, indicó Catalán.
De esta manera, confirmó que pueden acordarse “transferencias de empresas, de acciones, rutas o tierras fiscales” que pueden ser “mejor explotadas por parte de las provincias” para concesionarlas en su beneficio.
Asimismo, detalló que los interlocutores de la mesa serán los Ministerios de Economía nacional y provinciales. Cada distrito “tendrá un plazo de 30 días hábiles para manifestar su voluntad de participar en este régimen, a partir de la entrada en vigencia del decreto”, informó Catalán, al tiempo que indicó que los gobernadores interesados “tendrán un plazo máximo de 60 para presentar la documentación que respalde la legitimidad de las deudas a incluir en este sistema de compensaciones”.
Por último, el decreto indicará que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre Nación y cada uno de los distritos participantes.
Así, deja abierta la puerta para que -si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional- las provincias o la Ciudad de Buenos Aires puedan cancelarlo con un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación.
“Debemos dar inicio a una nueva etapa federal en serio en la Argentina, ya que nuestra Constitución fija un régimen federal, pero desde hace tiempo las distintas gestiones de gobierno vinieron sosteniendo una práctica política unitaria”, agregó el vicejefe de Gabinete, para luego concluir que “se viene una etapa en la que debemos trabajar juntos, y que las provincias y la Nación tengan saneados sus números”.
Córdoba evalúa
El anuncio sorprendió a la Provincia que ahora aguarda conocer el texto del decreto antes de analizar los pasos a seguir.
Por lo pronto, una fuente consultada por Comercio y Justicia fue muy pragmática en su respuesta.
“El primer problema que veo es que las deudas de la Anses son estimadas. Debería la Anses hacer las simulaciones y eso lleva tiempo. El segundo es que la Nación dice que si el saldo es a favor de la Nación se puede acordar pagar en cuotas descontadas de la coparticipación. Pero no dice nada de cómo la Nación pagará si el saldo es a favor de la provincia. Esta es la situación de Córdoba y de varias provincias”, graficó el informante.
En cualquier caso, todo deberá ser analizado y resuelto en un plazo perentorio.
No es ajena al anuncio oficial la inminente discusión del Presupuesto 2025 en el Congreso. El presidente Javier Milei pretende cerrar algunos frentes con las provincias para ver si cuenta con el apoyo de sus legisladores al proyecto que giró al Parlamento.
Por lo demás, la otra posibilidad es que Llaryora decida mantener el reclamo en la Corte Suprema de Justicia y esperar una resolución del máximo tribunal que en principio convocaría a una audiencia de conciliación a las partes antes de fin de año.
