ESCUCHAREl presidente y sus principales funcionarios terminan de pulir los detalles de la iniciativa que ingresará a Diputados. Las negociaciones para su apoyo incluyen el capítulo fiscal y el eventual envío de fondos a las provincias, entre ellos para las cajas previsionales. Analizan su suman un capítulo laboral, el mismo que fue impugnado por la Justicia y que está en el DNU
El Gobierno define por estas horas los últimos cambios para el envío a la Cámara de Diputados de la denominada Ley de Bases, entre ellos la inclusión de una reforma laboral, luego que el proyecto original incluído en el DNU siga trabado en la Justicia
En ese marco, trascendió que se estudia si insistir a través del Decreto o bien incluir un texto acotado en la ley ómnibus.
Fuentes oficiales admitieron que, “si bien aún no está definido, lo más sensato sería que el contenido del DNU, en su gran mayoría o todo, se incluyera en cualquier proyecto que fuera enviado al Congreso”.
El tema no es menor toda vez que en el PRO y en la UCR hay iniciativas que incluyen algunas propuestas laborales que le interesan al presidente Javier Milei, pero no todas aparecen en el DNU.
En ese marco, en las próximas horas se acelerarán las negociaciones del oficialismo con gobernadores y legisladores. El Gobierno apunta a que la nueva ley ómnibus, junto con el paquete fiscal y la reforma laboral, se aprueben en el Congreso antes del Pacto de Mayo convocado por el Presidente para el día 25 de ese mes, en un nuevo aniversario de la Revolución de 1810.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió que en las últimas reuniones que mantuvo con legisladores opositores surgió la propuesta de incluir en la Ley Bases aspectos de la reforma laboral contenida en el DNU 70, que fue frenado por la Justicia luego de haber sido impugnado por la CGT.
“La Ley Bases busca fomentar las inversiones y existe una regulación laboral que es obsoleta y no genera ánimo en muchos inversores de traer capitales al país, con lo cual -destacó Francos- muchos plantean que algunos criterios del DNU que están frenados por un amparo judicial puedan ser tratados en una ley para ser aprobados”.
Hace una semana, Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunieron con una delegación de diputados nacionales del PRO liderados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, quien planteó la incorporación en la nueva ley ómnibus de tres proyectos para modernizar la legislación laboral que están en sintonía con el DNU 70, como una forma de destrabar este tema por vía legislativa.
Las iniciativas presentadas por los diputados del PRO contemplan la extensión del período de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses, la simplificación de la registración laboral y la eliminación de las multas por falta de registro y la regulación del derecho de huelga en los servicios de seguridad, transporte, salud y educación al declararlos servicios esenciales, con guardias mínimas del 75%.
Sin embargo, para un sector del Gobierno esos tres proyectos son “insuficientes” porque no abarcan todos los ítems de la reforma laboral que figuran en el DNU 70. Lo mismo sucede con una propuesta similar presentada la semana pasada por el bloque de senadores nacionales de la UCR, cuyo proyecto de ley rescata sólo tres de los cambios que quiere Milei: un Fondo de Cese Laboral, la modificación de las multas laborales y la extensión del período de prueba de los trabajadores a 6 meses.
En el caso del PRO, sin embargo, hay un proyecto de ley que fue presentado por una de sus diputadas nacionales, Verónica Razzini, de Santa Fe, que responde en forma exacta a lo que busca el Gobierno con la reforma laboral porque su texto es un espejo del contenido del DNU 70 y fue elaborado de esa forma justamente para que le sirviera al oficialismo como una herramienta para viabilizar sus cambios.
La iniciativa de Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, fue apoyada por otros de los diputados de la bancada e incluso tuvo respaldo de la Cámara Argentina de Comercio y de entidades empresariales de Rosario, Tucumán y Río Grande, entre otras.
Al debate interno se sumó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex abogado de Techint y de la UIA que fue uno de los arquitectos de los cambios en la legislación laboral que impulsaban los libertarios.
Se supone que si la Casa Rosada limita sus pretensiones en materia de reforma laboral a los 3 proyectos de Ritondo o de otros de la UCR tendrá un consenso más amplio para lograr la sanción de la ley de bases. Pero hay dudas en el oficialismo acerca de si una reforma laboral limitada, como en la práctica promueven el PRO y el radicalismo, podrá conformar en un 100% a Milei.
La CGT, mientras, refuerza la presión sobre los gobernadores y los legisladores de la oposición para que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70, al igual que lo hizo el Senado, y también para bloquear la sanción de la ley de bases, donde figura la restitución del Impuesto a las Ganancias, cuya eliminación es una tradicional bandera del sindicalismo, y ahora sumará la reforma laboral.
La estrategia cegetista fue admitida por Pablo Moyano (Camioneros), cotitular de la CGT, quien dijo que el objetivo de la central obrera es “cansar” a Milei “con la gente en la calle” y tratar de que la nueva ley ómnibus no avance en el Congreso, aunque reconoció que no conoce su contenido: “Ya ni sé de que se trata, pero es una ley que va a perjudicar a mucha gente”.
Por lo demás, las negociaciones para su aval en el Congreso incluyen negociaciones con las provincias que piden a cambio mayores fondos, por ejemplo, para restituir la caída de la coparticipación por los cambios en Ganancias, los subsidios al transporte, el Fonid y las partidas para financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación.
