ESCUCHARDiputados votaba esta madrugada ambas leyes, claves para el Gobierno. En el camino, debió ceder varios objetivos de los proyectos originales. Primó la decisión de contar con las normas, tras siete meses de discusión. Fue fundamental el apoyo de los bloques dialoguistas, entre ellos los cordobeses alineados a Llaryora. Aerolíneas, el Correo y la TDA no serán privatizadas. Dura discusión por Ganancias y Bienes Personales
El Gobierno de Javier Milei lograba esta madrugada la demorada sanción de las dos primeras leyes de su gestión, proyectos que -según el propio Presidente consideró- son claves para apuntalar su política económica y lograr los cambios necesarios para una recuperación del país, hoy sumido en una profunda recesión.
En ese marco, el oficialismo contaba con el apoyo de los denominados bloques dialoguistas, luego de casi siete meses de discusiones y debates que obligaron al Gobierno -que, en una primera instancia, se mostró irreductible- a ceder en numerosos puntos respecto a los proyectos originales.
De esta manera, Milei priorizó contar con las leyes que, aún diezmadas, en un escenario como el actual, exigía resultados políticos y con consecuencias económicas.
Ahora, tal como lo pregonó el propio Gobierno, la sociedad esperará resultados concretos que se traduzcan en una mejora en la economía doméstica que por ahora sólo exhibe resultados macro positivos, por ejemplo la caída del déficit fiscal, pero que -no obstante- no se trasladan en una mejora en la actividad, el consumo y los ingresos.
En ese sentido, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien asistió al recinto pasadas las 19, para presenciar la votación, se manifestó “contento con las reformas” y expresó: “Vamos a esperar que se aprueben».
«Vine para celebrar con nuestro bloque y los aliados que conseguimos la sanción de una ley», agregó. En ese sentido, entendió que las legislaciones representan «el inicio de un proceso de transformación en la Argentina que complementa el DNU 70/2023 y todas las normas que se van a dictar».
Finalmente, desestimó la posibilidad de una judicialización de las reglamentaciones y responsabilizó a la oposición de perjudicar la aplicación de la ley. «El kirchnerismo, con cualquier argumento, siempre va a tratar de obstaculizar hasta que se dé cuenta de que el pueblo argentino pidió un cambio. Lo que el pueblo argentino ya se dio cuenta le falta entenderlo al kirchnerismo», concluyó.
También se hicieron presentes en el recinto Karina Milei, hermana del Presidente, y la vicepresidente Victoria Villarruel, acompañada del senador libertario Esteban Bartolomé Abdala.
La sesión
El debate en la Cámara Baja se inició pasado el mediodía y con 200 expositores anotados para hacer uso de la palabra.
Con todo, el tratamiento específico de la ley “Bases” comenzó a las 15.47, luego de un dilatado período en el que se trataron diferentes cuestiones de privilegio planteadas por distintos legisladores.
El debate comenzó con el discurso del diputado libertario Santiago Santurio, quien hizo una presentación general de la norma.
Luego de un discurso en el que dijo que “es necesario tener los medios para dar seguridad jurídica para que el rumbo y la velocidad sea sostenida en el tiempo. Durante seis meses sin ninguna ley los indicadores macroeconómicos mostraron buenas señales y esperamos que esta ley confirme el rumbo y nos permita ir más rápido”.
Si bien el oficialismo tenía asegurados los votos para que los dos proyectos se aprobaran, había dudas sobre los posibles cambios en Ganancias, Bienes Personales y en cuanto a las empresas propensas a la privatización.
Para asegurarse los votos para la ley “Bases” el oficialismo desistió de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la prestación de retiro proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes, pero no llegan al mínimo de 30 años.
En cuanto a Ganancias y Bienes Personales, se imponía el proyecto original con media sanción de Diputados, respecto a los cambios que votó el Senado y que había neutralizado el regreso del impuesto a los ingresos a la versión previa, esto es, aquella que fue votada durante la gestión de Sergio Massa, que había prácticamente eliminado el impacto sobre la cuarta categoría.
Fueron seis meses de extenuantes negociaciones, siempre al filo de fracasar.
La ley “Bases” incluye 29 modificaciones respecto del primer texto que los propios diputados aprobaron en abril. El Gobierno aceptó no insistir con la primera redacción porque eso podía hacer caer acuerdos con la oposición dialoguista.
Ley “Bases”
El proyecto, que originalmente tenía más de 600 artículos, incluye varios títulos.
El primero declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Se dispone que el Poder Ejecutivo debe informar mensualmente al Congreso sobre el ejercicio de estas facultades y los resultados obtenidos. En esta materia no hubo cambios respecto de lo votado (originalmente) en Diputados. Eso sí, en el primer proyecto que envió Milei las emergencias eran 11.
El título II, referido a la Reforma del Estado, el Senado limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Entre ellos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En el capítulo de privatizaciones, el Senado acotó el número de empresas que podrían ser sometidas a ese proceso. Quitó a Aerolíneas, RTA y el Correo. En empleo público, se añadió un límite a las cesantías para casos de agentes con licencia por enfermedad, embarazo o matrimonio.
Diputados mantuvo los cambios y acotó las privatizaciones votadas por la Cámara Alta.
En tanto, el título III, referido a contratos y acuerdos transaccionales, se autoriza al Ejecutivo, por razones de emergencia y fuerza mayor, a renegociar o rescindir los contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios. Se establecen también cambios en la legislación sobre concesiones. Se introdujo en el Senado una modificación relevante: aquellas obras que tengan un grado de avance de 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional, no serán frenadas.
En paralelo, el título cuarto, sobre promoción del empleo registrado, los artículos sobre el blanqueo de trabajadores “en negro” se mantienen con mínimas modificaciones respecto de lo que aprobó Diputados la primera vez. La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación.
En el título cinco referido a la reforma laboral, se quitó el artículo que establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, sólo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Sin este párrafo, lo podrán seguir haciendo contra su voluntad. Fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo. En una votación aparte se eliminó el artículo que derogaba el estatuto del viajante de comercio.
En tanto, el título sexto vinculado a energía, es un extenso capítulo que modifica la ley de hidrocarburos y apunta a un cambio de paradigma: se pasa del objetivo básico de abastecer el mercado interno para enfocarse en la maximización de la renta petrolera y la exportación. Se busca iniciar una etapa con menos regulaciones estatales y burocracia. Se mantienen los artículos que se habían pactado en Diputados en abril.
El título séptimo refiere al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)
Fue uno de los nudos de la discusión en el Senado. Se reformó el artículo que declara “nula de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al RIGI, de manera que aplique sólo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al sistema. Se incluyeron incisos para fomentar el desarrollo de cadenas de producción local y se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada. También se promueve el empleo de personal local en las empresas que adhieran al RIGI. Además, se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años. Se puso un límite a las actividades productivas que pueden adherir a este régimen: energía, petróleo y gas, tecnología, minería, agroforestal y turismo.
Por su parte, el título octavo, incluye medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad (Tabaco). El Senado evitó tocar el capítulo incorporado por un sector de la oposición en Diputados, en medio de sospechas de lobbies y presiones empresariales. Se mantuvo el alza del impuesto a los cigarrillos de 70% a 73% y la inclusión de la Tabacalera Sarandí entre los sujetos alcanzados por el gravamen.
El título noveno habla de las disposiciones finales. Son artículos de forma, relativos a la puesta en vigor de la ley. No sufrieron modificaciones respecto de la primera versión aprobada en la Cámara de Diputados.
