ESCUCHAREl Gobierno envió el proyecto al Congreso con modificaciones. Elimina las retenciones a las economías regionales, mantiene la movilidad previsional al menos hasta marzo y desestima la privatización de YPF, entre otros cambios. Sin embargo, la “oposición dialoguista” pretende mayores variantes. Llaryora viajó para debatir con sus legisladores y aliados la estrategia. Apoyarán en general pero rechazarán varios artículos en particular
El gobierno nacional envió un nuevo proyecto de ley ómnibus con varias modificaciones en el texto y la eliminación de más de 100 artículos, luego de las conversaciones que se desarrollaron en los últimos días con los sectores de la oposición denominados dialoguistas y espera en las próximas horas lograr un dictámen de Diputados para votar la iniciativa el jueves próximo.
En ese marco, los referentes de los bloques más permeables al Gobierno analizaban hasta entrada la noche los cambios dispuestos en el proyecto.
De hecho, el propio gobernador de Córdoba, Martín Llaryora viajó ayer a Buenos Aires para estudiar junto con sus legisladores y otros referentes de los bloques dialoguistas las modificaciones propuestas y la estrategia a seguir.
Llaryora adelantó que habrá un acompañamiento a la norma aunque ratificó su oposición a la suba de retenciones a la soja y otros productos, además de a las exportaciones industriales.
La idea del Gobierno es lograr un dictámen de comisión hoy y debatir el texto en el recinto el jueves, luego del paro de la CGT convocado para el miércoles próximo.
Las modificaciones
El primer cambio es que desaparecen 141 artículos del texto del proyecto, que pasa de 664 iniciales a 523 en esta última etapa. Entre los eliminados, figuran el que establecía refrendar en la ley el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de desregularización de la economía.
Uno de los puntos más importantes es el que modifica el nuevo proyecto es el del ajuste de las jubilaciones.
Mientras en el texto original delegaba en el Ejecutivo hacerlo a través de un DNU, ahora queda establecido que hasta abril se mantendrá la fórmula previsional actual y a partir de ese mes ajustará por IPC, algo que el bloque de la UCR venía reclamando. Además, se eliminan las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.
Respecto del pedido de las provincias en lo que tiene que ver con las retenciones para las economías regionales, el proyecto deja en 0% el tributo y no en 8% o 15% como proponía inicialmente. Sin embargo, no se modifica nada en carne, maíz y soja, baja que venían reclamando varios gobernadores como por ejemplo, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y, por cierto, el propio Llaryora.
Otro punto que había generado discusiones con los bloques de la oposición había sido la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, mediante la declaración de 11 emergencias por dos años prorrogables por dos años más a sola firma del Presidente. El texto finalmente quedó redactado de una forma por la cual se eliminó la emergencia en materia social y de defensa aunque quedan las nueve restantes, y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por 12 meses más con aprobación del Congreso.
Dos de los aspectos más conflictivos tienen que ver con las privatizaciones y el blanqueo de capitales. En el caso de las primeras, elimina a YPF del listado. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se establece que sólo se puede hacer una “privatización parcial”.
Sin embargo, los opositores dialoguistas pretenden mayor precisión. “No vamos a votar un paquete de empresas a privatizar”, aseguró uno de los parlamentarios.
En el caso del blanqueo de capitales se definió que los ingresos que genere se “utilizarán para capitalizar al Banco Central”, es decir, no será coparticipable como establecía el proyecto original, situación que está generando una mayor tensión con los gobernadores.
En rigor, lo que están analizando los bloques de la oposición es que, además de los cambios ya conversados con el oficialismo, aparecieron artículos nuevos en el texto que presentan potenciales nuevos frentes de conflicto.
Un ejemplo de estos cambios es que se incluyó a “los empleados públicos” en las limitaciones a la actividad política. Además, se determinó un mecanismo sancionatorio ante el incumplimiento de tales prohibiciones.
Asimismo se rediseña el capítulo de Cultura, donde no se propicia el cierre del Fondo Nacional de las Artes y se mantienen los fondos para el INCAA.
Pero hay otros puntos en los que el Gobierno cedió “a medias”, como es el caso de la pesca: se mantiene el concepto de licitación de cuotas pesqueras, pero elimina del texto la palabra “internacional” por lo que sólo podrían acceder las locales. Sin embargo, entre los bloques de la oposición esto aún no está claro.
Muchos de los puntos que desaparecieron del proyecto, quedaron excluidos sólo en lo inmediato. Es que desde el Gobierno advirtieron que insistirán a partir del 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, dato que aparece explícito en el texto.
En este grupo entra el juicio por jurados, el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Salud Mental, la ley de Sociedades, la Reforma Electoral, las modificaciones al Código Civil y al Código Penal, entre otras.
Debate opositor
Conocidos los cambios, en la tarde de ayer se reunieron el bloque de la UCR y de Hacemos Coalición Federal con el fin de analizar si acompañaban el texto de La Libertad Avanza o si finalmente presentaban sus dictámenes propios.
El escenario hoy es que iría al recinto y sería aprobado en general, pero el problema para el gobierno se presentará en el momento en que se abra el debate a cada artículo en particular. Si no hay acuerdo, podría perder en el recinto más de lo que está dispuesto a ceder.
Llaryora con legisladores
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, viajó ayer a Buenos Aires para seguir de cerca las negociaciones por la ley ómnibus junto a los legisladores que le responden y los aliados y ratificó su oposición a cualquier suba de las retenciones.
En la tarde de ayer, se reunió con el bloque de legisladores “dialoguistas” en un encuentro que incluyó a legisladores de Hacemos Coalición Federal (entre los que además de los representantes del peronismo cordobés, hay dirigentes del PRO, de la Coalición Cívica) y de Innovación Federal.
El objetivo fue analizar los cambios que presentó el gobierno de Javier Milei al proyecto de ley y la estrategia a seguir.
Recién hoy habrá una decisión al respecto, esto es si acompañan en general y se oponen en particular a determinados artículos o bien van con un dictámen propio al recinto.
“Me parece importante, en estos momentos tan difíciles y de crisis, buscar los consensos necesarios para que podamos tratar esta ley de una vez por todas. No dilatarla, porque esto le está haciendo mal a la Argentina”, le dijo Llaryora a los periodistas luego de la reunión.
“Claramente, (la ley) tiene muchos puntos que no compartimos. Pero sí vamos a acompañar el tratamiento, y luego en el recinto ir haciendo la disidencias en los artículos”, aseguró el gobernador.
Para Llaryora, las retenciones “son un mal impuesto” y en el caso de las que propone Milei, “van sobre las economías regionales”.
