ESCUCHARFue mediante la letra Serie XXXV. Convalidó tasa Badlar más un punto, muy por debajo del mercado. Fue porque la suscribió el fideicomiso que tiene el municipio. Apunta a cubrir necesidades de caja, previo al traspaso de mando. Argumentan que es porque la Provincia adeuda más de mil millones de pesos
La Municipalidad de Córdoba colocó ayer letras del Tesoro por $195 millones a 90 días.
La emisión convalidó una tasa Badlar más un punto porcentual. Esa tasa de referencia era de 44,56% anual, según el último dato oficial informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
De esta forma, la letra pagó 45,56 por ciento, muy por debajo de las emisiones anteriores. De hecho, cuando deba amortizarse y cancelar intereses, el 26 de febrero próximo, probablemente Baldar se ubique aún por debajo del porcentaje de ayer, a tenor de su evolución en las últimas semanas, arrastrada por la baja de tasas de las Leliq convalidadas por el BCRA.
La emisión, anticipada la semana pasada por Comercio y Justicia, se produce luego del pago, el lunes pasado, de $350,03 millones de la letra Serie XXXIII, de los cuales $300 millones correspondieron a capital y, el resto, a intereses.
La baja tasa pagada en esta colocación se debió a que las letras fueron tomadas por el fideicomiso que la Municipalidad tiene mediante la recaudación de diferentes fondos destinados a objetivos específicos.
Esa decisión le permitió pagar una tasa muy inferior a la de mercado, por lo que la carga para el futuro intendente no será tan onerosa. En cuanto al rendimiento que obtiene el fideicomiso, se ubica levemente por encima de lo que se pagaría en un plazo fijo y no asume riesgos de colocar los recursos en una herramienta que -si bien podría otorgar más interés- acarrearía alguna incertidumbre a tenor de la situación de la deuda en general y un posible reperfilamiento y default de parte del pasivo a escala nacional.
Por lo demás, la decisión de volver al mercado -a días del traspaso de mando- se produce a raíz de la necesidad imperiosa de la gestión del intendente Ramón Mestre de conseguir recursos líquidos para afrontar obligaciones impostergables, entre ellas el pago de sueldos.
La comuna justificaron la decisión al señalar que la Provincia mantiene una deuda de más de mil millones de pesos con el municipio, producto de erogaciones de salud y educación, cuya cobertura fue oportunamente acordada con la administración de Juan Schiaretti.
Esa deuda es negada por la Provincia, al menos en el volumen que aduce Mestre.
Como fuere, será el intendente electo, Martín Llaryora, quien deba afrontar esos pagos. Lo mismo que con la letra Serie XXXIV por $160 millones, emitida a fines de septiembre y que vence el 29 de diciembre próximo.
Con el interés a pagar, esa herramienta exigirá más de $175 millones.
La situación de las cuentas de la comuna es compleja a tenor de la caída de la recaudación en términos reales y, además, por la suba del gasto indexado por inflación, entre ellos el vinculado a salarios que ajusta por cláusula gatillo.
La Letra a emitida ayer fue calificada por Moody’s con la nota B2.ar.
Mientras tanto, el proyecto de Presupuesto para 2020 girado por Mestre al Concejo Deliberante prevé mantener el programa de emisión de letras. Se descuenta que Llaryora también lo sostendrá. No obstante, a diferencia del actual intendente, el electo contaría con eventual apoyo financiero de la Provincia para salir de la coyuntura, aunque esa decisión fue negada desde el Ejecutivo provincial.
Por lo pronto, la administración Mestre asegura que Llaryora tendrá margen para cubrir los pagos de corto plazo en función no sólo de la supuesta deuda que tiene la Provincia con la comuna sino también por las eventuales acreencias a recaudar por deuda tributaria.
Concretamente, según detalló el secretario de Economía, Hugo Romero, la semana pasada en el Concejo Deliberante, el total a computar suma $9.002 millones.
Ese monto se compone de $1.056 millones de recursos adeudados de la Provincia por convenios firmados oportunamente (atraso desconocido por Schiaretti), además de $1.401 millones por el reclamo judicial por diferencias de coparticipación que aguarda fallo del Tribunal Superior de Justicia.
En forma paralela, suman $1.010 millones de deuda para servicios de Educación (también negado por la Provincia).
Hasta ahí, todos fondos que están en litigio ya sea judicial o bien en etapa de reclamo administrativo.
En tanto, el principal rubro suma $6.544 millones y es por recursos tributarios y multas por cobrar.
En ese marco, es muy probable que Llaryora, apenas asuma, anuncie una amplia moratoria para poder recuperar en lo inmediato parte de esa acreencia.
Paralelamente, sí quedará como ingreso extra a recaudar por la próxima administración, el adelanto de Comercio e Industria para grandes contribuyentes que habitualmente se solicita a fines de noviembre, para cobrar previo al pago del medio aguinaldo, que -de hecho- sirve para cubrir en parte esa obligación.
Audiencia pública
Mientras tanto, hoy se concretará en el Concejo Deliberante la audiencia pública para debatir el paquete de proyectos económicos enviados por el Ejecutivo y que ya tienen sanción en primera lectura.
El encuentro será desde las 13 en la sede de pasaje Comercio 457.
Rodríguez Larreta paga con bono a proveedores y Llaryora toma nota
El Gobierno porteño remitió ayer a la Legislatura de la Ciudad una ley que promueve la emisión en el mercado local de un título de deuda, por $9.000 millones, destinado a la cancelación de obligaciones con proveedores y de certificados de obra contraídos hasta el 31 de diciembre de este año.
El expediente fue ingresado al Parlamento porteño y lleva las firmas de Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Economía, Martín Mura.
“La emisión del citado Titulo de Deuda tiene por objeto, en virtud de las variaciones experimentadas en los precios de bienes y de servicios adquiridos, dotar a la Ciudad de un instrumento que le permita la cancelación de las obligaciones contraídas con proveedores como así también la cancelación de certificados de obra”, detalla la iniciativa y precisa que “el instrumento financiero será emitido por un monto máximo de $9.000 millones y con un plazo mínimo de amortización de un año”.
“Es de destacar que la emisión propiciada otorgará a la Administración de un cronograma financiero afrontable en función al tiempo de vida del mismo, como así también de una flexibilidad tal que los vencimientos sean los que correspondan al instrumento”, remarca.
En rigor, las medidas que plantea Llaryora, no serían similares aunque sí la decisión de pagar a proveedores y contratistas mediante un instrumento a plazo.
La diferencia es que mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, les pagaría de contado la deuda luego de emitir un bono, Llaryora se daría un título a plazo para no tener que afrontar desembolsos de contado y tener que emitir algún bono o letra en el mercado. Las medidas de la futura administración en la Municipalidad de Córdoba se darían en el marco de la declaración de la emergencia económica como paraguas.
